Por Luis María Ruiz
11 Mayo 2026
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Un juez dictará sentencia en la causa de la docente detenida en un acto en Simoca en 2025
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Un juez de Tucumán dictará sentencia contra la docente Ruth Nadal, tras el pedido fiscal de un año de prisión condicional por incidentes en un acto del gobernador Osvaldo Jaldo.
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La fiscalía solicitó la condena tras la detención de la docente en un evento oficial. La defensa rechaza los cargos y denuncia una grave violación a los derechos humanos.
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El fallo sentará un precedente sobre el derecho a la protesta en actos públicos y el alcance de las sanciones penales contra manifestantes en contextos de tensión política.
EN AUDIENCIA. La docente Nadal, junto a su abogado; los representantes del MPF y la víctima; y el juez de la causa. Captura de Video
El caso de Ruth Nadal, la docente de Simoca arrestada hace un año durante un acto del gobernador Osvaldo Jaldo y acusada de haber agredido a una agente de Policía, llegó a una instancia de definiciones.
Tras los alegatos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la defensa, a cargo de Benjamín Núñez Arévalo, el juez de Monteros Marcos Núñez Campero pasó a un cuarto intermedio el próximo miércoles, cuando dictará sentencia.
Antes, la acusada tendrá derecho a hacer uso de sus palabras finales ante el magistrado.
El auxiliar de fiscal José Adle, de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (a cargo de Marcelo Leguizamón), solicitó una condena de un año de ejecución condicional, además del cumplimiento de una serie de reglas de conducta, por considerar que Nadal cometió el delito de resistencia a la autoridad, en concurso con lesiones leves, en perjuicio de Katerin Johana Romano, una policía que participó en la aprehensión de la docente.
A su turno, la defensa requirió la absolución lisa y llana de Nadal; argumento que el arresto implicó una violación a los derechos humanos; y planteó que se trató de una “persecución política” en contra de su cliente. Además, sostuvo que los rasguños sufridos por la agente habían sido producto de la legítima defensa de la directora de escuela.
El hecho se registró en mayo de 2025, cuando Jaldo concurrió a Simoca para encabezar las ceremonias oficiales por el aniversario 69 de la municipalización de esa ciudad.
En esta audiencia -que se sumó a las tres jornadas de juicio oral y público celebradas durante la semana pasada-, el auxiliar de fiscal dio inicio a la rueda de alegatos aseverando que, en aquella jornada, Nadal desplegó “una conducta progresivamente violencia, alteró el normal desarrollo del acto, desobedeció órdenes legítimas y finalmente ejerció violencia física contra una agente policial”.
El representante del Ministerio Público Fiscal consignó los testimonios aportados por otros uniformados que intervinieron en el procedimiento. Así, aseguró que la imputada expresó a los gritos que “todos eran corruptos” y que “roban la plata del pueblo”, a lo que sumó que la docente sacó el teléfono celular y comenzó a filmar “de forma invasiva” a los policías que formaban parte del operativo. Agregó luego que Nadal intentó acercarse al gobernador Jaldo, algo que se le impidió, y que en ese contexto comenzó “a revolear patadas” y, en esa secuencia de acciones, rasguñó y rompió la remera de la agente Romano.
“El derecho a manifestarse jamás habilita a alterar el orden público, y mucho menos ejercer violencia física contra una agente de Policía que está cumpliendo con su deber”, afirmó Adle.
Además, mencionó que “las pruebas médicas coinciden con las testimoniales”, y calificó a la acusada como “una persona reactiva, impulsiva y violenta”.
La Fiscalía consideró un atenuante la falta de antecedentes penales y las condiciones personales de la acusada, pero aclaró que “ello no significa minimizar la gravedad del hecho”.
La defensa, por su parte, manifestó una perspectiva absolutamente opuesta. Núñez Arévalo pidió poner el foco en “una visión convencional y constitucional”. “Desde el comienzo se ve que el MPF insisten prácticamente en la criminalización del disenso político”, afirmó el abogado de Nadal. Mencionó luego diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derecho, así como doctrina y jurisprudencia que daban cuenta del “derecho a resistir una orden ilegítima” por parte de su cliente.
Pidió luego que se contemplen los videos registrados por los drones en esa jornada. “Había otras personas que estaban cerca de los anillos de seguridad”, dijo, y calificó la aprehensión como “un acto arbitrario”.
Marcó que, producto de ello, Nadal ha sido “estigmatizada como la directora loca que intentó llegar al gobernador”, lo que la llevó a pasar “48 horas privada de la libertad”, y pidió que se declare ilegítima aquella detención.
Tras tomar nota de los petitorios de las partes, el juez le cedió la palabra a la agente Romano, quien negó cualquier vínculo político, y aseguró que en aquella jornada sólo cumplió directivas en el marco de sus funciones.
El miércoles, tras las manifestaciones finales de Nadal, el juez Núñez Campero dará su veredicto.
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