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Elecciones presidenciales en Perú: un balotaje con polarización y debate sobre la inseguridad
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El 7 de junio, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje presidencial en Perú para definir al nuevo mandatario en un clima de polarización e inseguridad.
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El debate se centra en la crisis de inseguridad y extorsión. Fujimori promete 'mano dura' emulando a su padre, mientras Sánchez propone que los militares apoyen a la policía.
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El próximo presidente enfrentará el desafío de frenar la criminalidad y estabilizar la política de un país que ha tenido ocho mandatarios en los últimos diez años.
DE FRENTE. Sánchez y Fujimori participaron de un debate televisado. afp
LIMA, Perú.- El domingo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente. En esta segunda vuelta, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, no se define solo entre ambas tendencias, sino entre fujimorismo y antifujimorismo, las corrientes que han dividido al país y que marcan la política peruana desde hace más de 30 años.
Tras históricas manifestaciones, que llegaron a reunir a decenas de miles de personas, los comicios de este año han mostrado, sin embargo, un menor activismo antifujimorista, que apenas salió a las calles para rechazar a la hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En el centro del debate están ahora otros problemas. El principal de ellos es la inseguridad.
Epifania Almeyda tenía 15 años cuando se fue de Ayacucho, en los Andes, para escapar del conflicto armado que azotaba a Perú. Tres décadas después, en un barrio del noreste de Lima, vive aterrada por los criminales que extorsionan y matan a plena luz del día.
Almeyda espera, como casi un 70% de peruanos según las encuestas, que acabar con este flagelo sea la prioridad del ganador del balotaje presidencial.
“Vivimos con miedo hasta para abrir la puerta cuando nuestros hijos van a la escuela”, dice Almeyda. En su casa de madera, prepara, en grandes ollas de aluminio, los platos que el comedor popular vende a menos de un dólar a gente muy pobre.
En lo alto de un cerro de San Juan de Lurigancho, en una barriada de estrechas veredas de tierra con escaleras de hormigón, la población se siente “abandonada”, afirma esta mujer de 47 años. “Aquí los policías no aparecen”, lamenta.
En su cuarto intento de ganar la presidencia, Fujimori promete esta vez “mano dura” frente al crimen y San Juan de Lurigancho fue el distrito donde tuvo más votos en la primera vuelta del 12 de abril. Sánchez, su adversario, habla de reformas constitucionales para que los militares ayuden a la policía.
La región de Lima, donde está San Juan de Lurigancho, sufrió 23 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, el triple que hace cinco años.
Del terrorismo al crimen
Comparando a las bandas criminales con los insurgentes que derrotó el autócrata Fujimori, su hija Keiko prometió, al visitar hace poco San Juan de Lurigancho, enfrentar con la misma fuerza a las “lacras sociales”.
Cada mañana al salir de casa, Jacob Cóndor se encomienda al Señor de Muruhuay (cristo crucificado): “Tengo temor de no regresar”, dice mientras maneja un colectivo. En el parabrisas lleva colgado un pequeño cuadro con la imagen religiosa.
Las denuncias por extorsión aumentaron un 20% en 2025 en Perú, respecto del año anterior, y el sector transporte fue el más golpeado. Al menos 75 choferes fueron asesinados, casi todos en Lima, dice la policía.
Julio César Raurau, empresario transportista de 48 años, explica que al menos siete bandas los amenazan por mensajes en papel y en WhatsApp. “Como su padre acabó con el terrorismo, ella lo hará con las organizaciones criminales”, declaró.
Oliver Cotera, de 50 años, culpa “a la clase política” de la inseguridad, indignado porque en un fin de semana mataron hace poco a tres mototaxistas como él. Votará por Sánchez porque Keiko, con gran influencia en el Congreso hace una década, “no hizo nada por el pueblo”.
Raurau vincula el auge de la inseguridad con la inestabilidad política de Perú, que ha tenido ocho presidentes en 10 años por destituciones o renuncias promovidas por el parlamento. “Se han aprovechado las organizaciones criminales”, afirma.
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