Los productores se quejan por el veto presidencial a la Ley Forestal

El secretario de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Carlos Merenson, dijo que 215.000 puestos de trabajo serán creados en el marco del Plan de Forestación que incrementará a 5 millones la cantidad de hectáreas de bosques en el país.

05 Abril 2002
Según información de la página web www.agritotal.com, se perderían 30.000 puestos de trabajo por el veto presidencial a la Ley Forestal. En tanto, los productores se quejan porque el Gobierno nacional tampoco pagará los fondos adeudados por aportes forestales.
El año próximo dejarían de plantarse árboles en 43.000 hectáreas del territorio nacional. El veto del presidente Eduardo Duhalde al pago de fondos adeudados en concepto de aportes forestales -conforme lo establece la Ley 25.080- provocará pérdidas millonarias en Misiones y en el norte de Corrientes, al dejar de cultivarse 43.000 hectáreas de árboles, mientras 30.000 personas quedarían sin empleo. Así lo destacan informes de entidades empresariales y de colegios profesionales que manifestaron su rechazo a la medida.
La filial nordeste de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), cuyo titular es el ingeniero Claudio Anselmo, recordó que se trata de recursos legales genuinos que ya estaban afectados, de manera que el Estado no puede retenerlos, aseguró.
El gobernador de Misiones, Carlos Rovira, a su vez, adelantó que presentará un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cabe señalar que se habían puesto en marcha planes por valor de 40 millones de pesos, los que ahora quedarían paralizados, con pérdidas a futuro superiores a los 2.800 millones de pesos. Además, las industrias celulósicas y madereras corren el riesgo de quedarse sin materia prima a corto plazo.
La implantación de árboles en el nordeste argentino -especialmente distintas variedades de pinos y de eucaliptos- se vio fuertemente estimulada con la sanción de la ley 25.080, a mediados de 2000. Ello incrementó la actividad del sector, reflejada en la proliferación de compañías de servicios, la compra de tierras, el movimiento de cargas y del transporte, así como en la demanda de mano de obra rural.
Muchos productores plantaron por cuenta propia y presentaron los certificados ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagyp), a la espera de recuperar los gastos con el pago de los subsidios.
La deuda, desde 1999 hasta el presente, asciende a unos 60 millones de pesos. El reciente veto de Duhalde, que impide que se haga efectiva, motivó una ola de protestas de productores.
El Colegio de Ingenieros Forestales, por su parte, afirma que quedarían sin ocupación unas 30.000 personas, las que actualmente están vinculadas con el sector en forma directa.
También el Consorcio Forestal, integrado por pequeños plantadores de la zona centro, denunció los incumplimientos del Gobierno nacional, mientras que los empresarios madereros se unieron a la protesta expresando que la pretendida retención del 20% a las exportaciones afecta a la "única actividad que aporta divisas".

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