El Congreso asestó otro duro y certero golpe contra el agro

Todo parecía indicar que el agro argentino comenzaba a tomar nuevamente confianza tras la devaluación de la moneda y los beneficios logrados este año (después de más de 10 años de sufrimientos vividos durante la convertibilidad), y que se convertirían en el despegue de muchos productores que comenzaban a ver el horizonte un poco más claro.
No obstante nuevamente la ambición y abusiva actitud de los legisladores nacionales le pusieron un gran manto de duda a la futura rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas del país.
La semana pasada el Congreso de la Nación votó un conjunto de leyes sumamente nocivas para los hombres de campo, normas que, por otra parte, van en contrapelo de las legislaciones de otros países productores de materias primas como el nuestro y que nos dejan técnicamente fuera de juego.
Las leyes aprobadas establecen una serie de disposiciones que incrementarán en forma considerable la carga impositiva que recae sobre el sector agropecuario.
Las nuevas medidas que se implementarán a partir de marzo de 2003 contemplan la reducción del 50 % del IVA en las ventas de granos (el productor no podrá compensar créditos contra los débitos fiscales, generándose saldos técnicos de IVA a su favor); la negativa del Gobierno de aplicar un ajuste de inflación al Impuestos a las Ganancias; la aplicación de un nuevo tributo a los Reintegros en las Exportaciones, y la eliminación de los Planes de Competitividad, leyes que se sumaron a la continuidad de las retenciones a las exportaciones y de la continuidad en el cobro del Impuesto a las Transacciones Bancarias.

Planes sociales
Estas medidas pareciera ser que tienen un objetivo concreto: buscan quebrar las fortalezas del sector que más aporta a la economía nacional, para transferir estas ganancias a otros sectores parásitos de la economía nacional como lo son la clase política con sus aparatos y organizaciones, o las mismas industrias poco competitivas que abundan en el país como las que hoy subsisten gracias al aporte de planes sociales por parte del Estado.
Los responsables de estas medidas tienen nombre y apellido: Roberto Lavagna y Aníbal Fernández.
Ambos deberán pagar en el corto plazo sus culpas, cuando aquellos productores que durante la convertibilidad se vieron obligados a hipotecar sus campos para no dejar la actividad agropecuaria, en el corto plazo tendrán que abandonar la actividad ante la falta de rentabilidad de las mismas y la inminente entrega de sus explotaciones a las entidades bancarias internacionales poseedoras de dichas hipotecas.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó que este paquete impositivo significará un retroceso tecnológico y pérdidas importantes para el sector.
Por otra parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) consideró que estamos ante una confiscación del capital de trabajo del productor agropecuario, por lo que estas medidas significan un atentado contra el agro.

En peligro
Asimismo, y ante una eventual caída en los valores internacionales de los granos o bien una eventual caída en los precios en cualquiera de los productos ofertados al mundo por las economías regionales (cítricos, peras, manzanas, yerba mate, te, etc.), pondrían en riesgo la rentabilidad de la mayor parte de las empresas del sector.
Esto generaría situaciones de quiebra y abandono de la actividad agropecuaria, con la consiguiente entrega de los campos a capitales extranjeros y el abandono de los mismos por parte de los hombres de campo que se verían en la obligación de migrar hacia las ciudades.

Tiempo final
Es hora de que los hombres de campo digan basta, que le planten bandera al atropello que permanentemente genera a diario la clase política, personajes que por no querer, no saber o no poder generar políticas de crecimiento y equidad, atacan al sector más dinámico y competitivo de la economía nacional.