Llega 2005 con una mayor presión fiscal

Quienes piensan que el Gobierno Nacional durante 2005 aplicará una política económica y fiscal más benévola para el agro, están equivocados. Sólo basta con leer los principales titulares de los diarios para darse cuenta de que es lo que está pasando por la cabeza de los principales funcionarios políticos del país.
Lo que se tiene pensado para el gasoil, principal insumo que usa el agro argentino en todos sus sistemas productivos, es un aumento de un 1,5 % y esto sería así, si el Congreso de la Nación aprueba definitivamente subir del 18,5% al 21% la tasa vial que paga el combustible y convertirlo, además, en un nuevo impuesto. Esta medida fue propiciada por el ministro de Economía Roberto Lavagna.
La tasa vial fue creada en 2001 por el gobierno de Fernando de la Rúa para solventar un plan de infraestructura, que crearía múltiples empleos. Los impuestos se cobraron pero las obras nunca llegaron, tampoco los empleos. La diferencia entre tasa e impuesto es que la primera requiere de una contra prestación, los impuestos no. Y en la Argentina prácticamente todas las tasas son impuestos. Las contraprestaciones nunca llegan y esto se traduce en: caminos en mal estado; falta de tendidos eléctricos; escasez de gas para producir; falta de agua potable en las zonas rurales y de sistemas de conducción para el agua de riego; falta de diques, etc. En la actualidad, la tasa vial recauda unos $ 730 millones anuales. El aumento tributario impactaría de manera inmediata en un 1,5% sobre lo que se paga en los surtidores. El componente impositivo del litro de gasoil pasará así del 40% al 41,5%.
Y como si esto fuera poco ahora hay que hablar del gas. Con la excusa de que la suba del fluido gaseoso buscará recuperar las inversiones que se harán para ampliar los gasoductos en el país, el Gobierno tendría pensado ya una suba del 25 % de las tarifas de gas para las empresas, entre las que se verían afectadas las del rubro agroalimentario, cuyo principal insumo energético es el gas.
Caso concreto es lo que ocurre con las citrícolas y con los ingenios azucareros tucumanos. Esto se convierte en un nuevo impuesto a la producción. Para ello, las industrias, las centrales eléctricas y las estaciones de servicio de gas natural tendrían en 2005, en promedio, un alza del 25% en la tarifa final del gas. La idea del Estado es la de recuperar las inversiones realizadas en dos gasoductos que finalizarían a mediados de 2005: San Martín II (Patagonia) y Norte (Salta).
Pero no hay que quedarse sólo con la suba de los componentes energéticos. Dentro del nuevo paquete impositivo elevado por Lavagna al Poder Legislativo, ya se aprobó una prórroga del Impuesto al Cheque hasta diciembre de 2005, y también hasta esa fecha el Impuesto a las Ganancias sobre los reintegros de la exportación. Ambos tributos, que vencían este año, garantizan hoy un ingreso anual de $ 9.000 millones al Estado nacional, y gran parte de ellos provienen del agro. De allí la relevancia que el PEN le otorgó a la prórroga y por qué generó preocupación entre los empresarios agropecuarios.
Si bien seguirá vigente en 2005, el gravamen se mantendrá en el 1,2%, aunque Economía ratificó su intención de reducir esa alícuota progresivamente. Todas estas medidas fueron propiciadas por el PEN y a quienes puedan causarle asombro deben recordar el mensaje de Lavagna en la última cumbre de IDEA, en Mar del Plata. Entre otras cosas dijo: "la propiedad privada y el dinero de los argentinos serán respetados en tanto y en cuanto no se ponga en riesgo la institucionalidad del País". En boca del responsable de la economía nacional, estos conceptos sólo llevan a crear una mayor inseguridad entre los inversores. Más aun cuando los emprendimientos son de alto riesgo, como los agropecuarios. El que quiera entender, que entienda.