Se olvidaron de notificar a la Provincia del juicio

Se analizó la sangre que tenía bajo las uñas Ema Hortencia Gómez después de que el juez Héctor Agustín Aráoz fuera asesinado. Se logró dar con el arma del ex oficial Alejandro Darío Pérez, presuntamente utilizada para perpetrar los mortales disparos. Se les tomó declaración a decenas de testigos y se ordenaron un sin fin de pericias a fin de dilucidar quién y cómo ultimó al magistrado hace seis años. Hasta ayer, todo marchaba sobre ruedas. Pero, por un olvido de la Justicia, ayer reinó la incertidumbre en el primer día del juicio por el polémico caso.

Luego de leer durante más de una hora el requerimiento de elevación a juicio, el secretario de la sala I de la Cámara Penal, Carlos Lix Klett, comenzó a relatar la demanda civil que entablaron los hijos de la víctima en contra de la Provincia y de los acusados. Pero al minuto, el vocal Pedro Roldán Vázquez -presidente del tribunal- lo interrumpió. "Advierto que el apoderado de la Provincia no está presente en el auditorio", señaló. Entonces, todas las partes y el público cayeron en cuenta de que algo no estaba bien.

Debido a que no se notificó al Estado sobre el plazo para presentar pruebas ni sobre la fecha en que iniciaba el debate (ayer), el tribunal se vio obligado a suspender la audiencia. "Ante esta situación, quiero solicitar un plazo prudencial de tres días, si es posible, a fin de que pueda expedirme por esta cuestión", dijo el letrado Rodolfo Augusto Baza, con función en la Dirección Judicial de Fiscalía de Estado.

Cuando la familia del magistrado decidió iniciar una acción penal (que le otorga el rol de querellante), también intervino mediante una acción civil. "Es una facultad que otorga el Código Procesal Penal de la Provincia. En este caso, quienes hacen el reclamo son los nueve hijos del juez, ocho de los cuales eran menores al momento del hecho", indicó el letrado Benjamín Frías Alurralde, uno de los tres representantes de los Aráoz.

Según explicó, se consideró que los imputados (Ema Gómez, Darío Pérez, Rodolfo Domínguez, Andrés Faversani y Rubén Albornoz) no sólo eran miembros de la Policía, sino que también se utilizó un arma de la repartición para perpetrar el crimen. "Además, los policías que trabajaban en la comisaría de Banda del Río Salí le permitieron a la principal sospechosa que entrara a la casa luego del hecho, para así suprimir, alterar o destruir pruebas", señaló el letrado. En un texto que tiene unas 10 páginas, los abogados detallaron por qué al daño provocado a la familia Aráoz le corresponde una indemnización que ellos estimaron en $ 6 millones.

"El cálculo es resultado del daño moral hacia sus hijos menores; el daño emergente lógico que surgió de la propia muerte; y el valor vida, teniendo en cuenta que se trataba de un juez de 53 años con expectativas de trabajar cuanto menos hasta los 80, pues los magistrados no están obligados a jubilarse", detalló María Dolores Leone Cervera, representante en lo civil de la familia del magistrado.

Ayer, el secretario Lix Klett alcanzó a leer sólo parte de la presentación.

Al advertir la ausencia del apoderado de la Provincia, el tribunal -integrado por los vocales Roldán Vázquez, Carlos Norry y Emilio Páez de la Torre- dispuso que se pasara a cuarto intermedio.

Reuniones

Durante varios minutos, reinó la incertidumbre en el primer piso del Palacio de Tribunales. Varias veces, los defensores Mario Mirra (por Gómez); Gustavo Morales (por Pérez y Faversani); Cergio Morfil y Alvaro Zelarayán (por Domínguez) y Nilda González de Escobedo (por Albornoz) fueron convocados por los jueces para coordinar los pasos a seguir.

Luego, con el abogado Baza ya en la sala, se informó que el debate pasará hasta el jueves. "A la causa ya la tenemos estudiada, pero desde el punto de vista procesal, para evitar planteos posteriores surge una situación que puede llegar a producir una nulidad de juicio. Para sanear esto, paramos el proceso ahora y seguimos más adelante", le explicó a LA GACETA Baza.

Las partes también tendrán una oportunidad que no habían previsto. Dado que el representante legal de la Provincia podrá presentar sus pruebas, los letrados podrán hacer lo mismo.

Y así, según lo adelantaron a LA GACETA algunos de ellos, se abre la chance para que se aporte al debate una nueva hipótesis sobre el crimen que venían comentando por lo bajo.