01 Abril 2011
EX EMPLEADO. Vera dijo que no halló pruebas sobre quién adulteró el oficio. LA GACETA / FRANCO VERA
Un oficio "trucho" en el que se ordenaba la libertad de un menor indignó al juez Héctor Agustín Aráoz. El 26 de noviembre de 2004 a la mañana, ordenó que investigaran una comisaría. Alrededor de las 17, lo mataron en su casa de 10 balazos. Así, la hipótesis de la mafia policial, sostenida por la familia de la víctima, se incorporó al juicio por el crimen del magistrado con la declaración del empleado judicial Héctor Valle.
La ex agente Ema Gómez (que era novia de Aráoz) y el ex oficial Darío Pérez están acusados de homicidio agravado. Según la causa, un conflicto amoroso habría derivado en el letal ataque. Los ex empleados de la comisaría de Banda del Río Salí, Rodolfo Domínguez, Andrés Fabersani y Rubén Albornoz, están imputados de encubrimiento agravado. Se sospecha que ellos habrían colaborado para que desaparecieran evidencias.
Esta es la hipótesis que impulsó el fiscal de Instrucción, Guillermo Herrera. Pero la familia Aráoz cree que una mafia policial estuvo detrás del crimen. Y, probablemente, sus abogados se apoyarán en la declaración que efectuó ayer Valle.
El ex empleado del juez recordó que un oficio del Juzgado de Menores Nº II había sido adulterado, por lo que Aráoz solicitó que se periten las computadoras de la seccional 3ª, de donde sospechaba que había salido el documento apócrifo. Valle comentó que el día del crimen, a la mañana, se reunieron con el magistrado. "Había solicitado personal especializado en computación. Tenía en su poder un oficio que dijo que era ?trucho?", afirmó el testigo. El juez les pidió que chequeen si ese falso oficio había sido elaborado en la comisaría. "Nos dio esa consigna: que vayamos a la seccional y que realicemos allí la pericia", afirmó el empleado judicial. Junto a un compañero, se dirigieron a la dependencia y revisaron las cinco computadoras que encontraron en el lugar. "Eran máquinas obsoletas, de poca potencia. Había cinco impresoras; todas eran de tecnologías de impacto, y diferían con la calidad de impresión del oficio. Como resultado, no encontramos nada. Pero tampoco hicimos un examen exhaustivo del disco; no hubo tiempo", explicó Valle. El informe que elaboraron jamás llegó a manos del juez, que fue asesinado esa tarde en su domicilio, en Yerba Buena.
El juicio continuará el lunes a la mañana. Fuentes tribunalicias le indicaron a LA GACETA que restan pocos testigos por declarar, y que es probable que la lista se reduzca por pedido de algunas de las partes.
La ex agente Ema Gómez (que era novia de Aráoz) y el ex oficial Darío Pérez están acusados de homicidio agravado. Según la causa, un conflicto amoroso habría derivado en el letal ataque. Los ex empleados de la comisaría de Banda del Río Salí, Rodolfo Domínguez, Andrés Fabersani y Rubén Albornoz, están imputados de encubrimiento agravado. Se sospecha que ellos habrían colaborado para que desaparecieran evidencias.
Esta es la hipótesis que impulsó el fiscal de Instrucción, Guillermo Herrera. Pero la familia Aráoz cree que una mafia policial estuvo detrás del crimen. Y, probablemente, sus abogados se apoyarán en la declaración que efectuó ayer Valle.
El ex empleado del juez recordó que un oficio del Juzgado de Menores Nº II había sido adulterado, por lo que Aráoz solicitó que se periten las computadoras de la seccional 3ª, de donde sospechaba que había salido el documento apócrifo. Valle comentó que el día del crimen, a la mañana, se reunieron con el magistrado. "Había solicitado personal especializado en computación. Tenía en su poder un oficio que dijo que era ?trucho?", afirmó el testigo. El juez les pidió que chequeen si ese falso oficio había sido elaborado en la comisaría. "Nos dio esa consigna: que vayamos a la seccional y que realicemos allí la pericia", afirmó el empleado judicial. Junto a un compañero, se dirigieron a la dependencia y revisaron las cinco computadoras que encontraron en el lugar. "Eran máquinas obsoletas, de poca potencia. Había cinco impresoras; todas eran de tecnologías de impacto, y diferían con la calidad de impresión del oficio. Como resultado, no encontramos nada. Pero tampoco hicimos un examen exhaustivo del disco; no hubo tiempo", explicó Valle. El informe que elaboraron jamás llegó a manos del juez, que fue asesinado esa tarde en su domicilio, en Yerba Buena.
El juicio continuará el lunes a la mañana. Fuentes tribunalicias le indicaron a LA GACETA que restan pocos testigos por declarar, y que es probable que la lista se reduzca por pedido de algunas de las partes.
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