08 Abril 2012
Un "dealer" arrepentido que decidió ayudar en una investigación de narcotráfico. Un hombre que vio demasiadas cosas en la época de la dictadura. Las dos historias tienen algo en común: desde que declararon lo que sabían ante la Justicia Federal, los protagonistas viven dentro del Programa de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.
Siete tucumanos y sus familias debieron ser protegidos durante el último año. "De acuerdo al grado de peligrosidad que presentan, depende el nivel de resguardo que necesitan los testigos", explica el secretario del Tribunal Oral Federal, Mariano García Zavalía, quien es referente del programa nacional en Tucumán. "Hay quienes pueden precisar sólo custodia por unos meses y otros que, directamente, tienen que transformar por completo sus vidas: cambian de identidad, de trabajo y de provincia", detalla.
Cuando los jueces evalúan que un testigo está en peligro, piden la intervención de las autoridades nacionales del programa. En general, un equipo especial les brinda contención psicológica. Algunos viven con custodia las 24 horas o están conectados en redes para dar aviso ante cualquier riesgo. Hay quienes también deben mudarse. En estos casos, el Programa se ocupa de no dejar ningún rastro al respecto. No obstante, García Zavalía sostiene que ningún método es infalible.
Otro dato importante: ser testigo protegido no es fácil; por eso es común que haya quienes no resistan el aislamiento que significa vivir en secreto.
La ley se sancionó en julio de 2003. "Es sólo para casos federales. Al principio se lo usó más que nada para las causas de narcotráfico, que requieren principalmente protección de imputados. También es necesaria para las investigaciones sobre terrorismo. En los últimos años, se sumó mucho trabajo debido a la apertura de causas por delitos de lesa humanidad", resalta. Según el experto, el programa debería funcionar para todas las causas y no sólo para las del fuero federal porque en la mayoría de los hechos aberrantes los que saben o vieron algo corren demasiado peligro.
Siete tucumanos y sus familias debieron ser protegidos durante el último año. "De acuerdo al grado de peligrosidad que presentan, depende el nivel de resguardo que necesitan los testigos", explica el secretario del Tribunal Oral Federal, Mariano García Zavalía, quien es referente del programa nacional en Tucumán. "Hay quienes pueden precisar sólo custodia por unos meses y otros que, directamente, tienen que transformar por completo sus vidas: cambian de identidad, de trabajo y de provincia", detalla.
Cuando los jueces evalúan que un testigo está en peligro, piden la intervención de las autoridades nacionales del programa. En general, un equipo especial les brinda contención psicológica. Algunos viven con custodia las 24 horas o están conectados en redes para dar aviso ante cualquier riesgo. Hay quienes también deben mudarse. En estos casos, el Programa se ocupa de no dejar ningún rastro al respecto. No obstante, García Zavalía sostiene que ningún método es infalible.
Otro dato importante: ser testigo protegido no es fácil; por eso es común que haya quienes no resistan el aislamiento que significa vivir en secreto.
La ley se sancionó en julio de 2003. "Es sólo para casos federales. Al principio se lo usó más que nada para las causas de narcotráfico, que requieren principalmente protección de imputados. También es necesaria para las investigaciones sobre terrorismo. En los últimos años, se sumó mucho trabajo debido a la apertura de causas por delitos de lesa humanidad", resalta. Según el experto, el programa debería funcionar para todas las causas y no sólo para las del fuero federal porque en la mayoría de los hechos aberrantes los que saben o vieron algo corren demasiado peligro.
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