Cristina tuvo que pisar el freno

Por José Calero - Agencia NA

BUENOS AIRES.- Cuando tenía todo preparado para anunciar el camino de expropiación de YPF, casi llevada en andas por los gobernadores, la presidenta Cristina Fernández decidió pisar el freno, hacer un análisis más pormenorizado de la situación y recién entonces sí avanzar sobre la petrolera hispano argentina.

¿Qué pasó? Son múltiples las especulaciones. Se asegura que la Presidenta consideró que haber hecho un anuncio el jueves, cuando aún no habían terminado de analizarse todas las consecuencias, habría sido una jugada carente de timming, algo imperdonable en política. La mandataria también habría notado que la resistencia internacional preparada por España podía dejar a la Argentina aún más aislada de lo que está ahora en Europa y otros lugares del mundo. La jefa de Estado también habría evaluado que, más allá de que YPF sea privada o estatal, demandará años revertir las fuertes necesidades de importar, y no quisiera volver a quedar en la incómoda situación que atraviesa con Aerolíneas Argentinas, un barril sin fondo de dinero de los contribuyentes que administran sus niños mimados de La Cámpora.

Entre las provincias también afloró el malestar, porque luego de haber hecho el trabajo sucio de quitarle áreas de explotación a la petrolera, se encontraron con que el proyecto de Axel Kicillof los dejaba afuera de casi todo. Los mandatarios también se dieron cuenta de que el plan Kicillof puede complicarles el pago de regalías que en la actualidad les hace YPF. Antonio Brufau, el por ahora presidente de Repsol YPF, fue recibido fríamente por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y con cierta vehemencia por parte de Kicillof, quien le exigió, no en los mejores términos, que la empresa traiga al país U$S 15.000 millones de utilidades que se llevó, según él, en estos años. Brufau dejó una frase que sonó a advertencia: "Piensen en las consecuencias de lo que van a hacer", les dijo, antes de partir hacia España. Cristina tiene también preocupaciones políticas: para avanzar en el proyecto Kicillof, el gobierno deberá tragarse el sapo de usar una "ley" de la última dictadura de Jorge Videla, el mismo represor que acaba de admitir y justificar la desaparición de entre 7.000 y 8.000 personas durante los años más duros del Proceso. Avanzar en el camino Kicillof desatará una catarata de juicios para la Argentina, como ya lo advirtió España, pero al gobierno K hace rato que dejaron de preocuparle las avanzadas jurídicas del exterior porque se considera inmune.