08 Diciembre 2012
El perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Héctor Roccatagliata, analiza en la Ciudad de Buenos Aires los documentos agregados al expediente en presencia de Esteban Daniel Osatinsky, contador público tucumano contratado por Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador de Tucumán -con licencia- desde 2007.
La intervención del técnico del máximo tribunal argentino fue solicitada en septiembre pasado por Daniel Bejas, juez federal N°1, a instancias del fiscal federal Carlos Brito. El perito debe cotejar las declaraciones juradas (ddjj) con los resúmenes, instrumentos e informes registrales y bancarios solicitados a las diferentes entidades y jurisdicciones vinculadas con el patrimonio de Manzur. Roccatagliata enviaría sus conclusiones al Juzgado Federal Nº1 en los próximos días, según fuentes allegadas a esa oficina judicial.
Si la peritación revela que hubo un enriquecimiento patrimonial apreciable del titular del patrimonio investigado o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción en el cargo público de ministro de Salud de la Nación, Bejas quedará en condiciones de citar a Manzur para que justifique el incremento en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal. En función de los resultados de este requerimiento, el juez podrá fijar fecha para la declaración indagatoria, trámite previo y excluyente para definir si las pruebas reunidas autorizan o no a procesar al funcionario público investigado.
Otro fideicomiso
En paralelo, Bejas tiene pendiente definir si amplía o no la pesquisa, como pidió Oscar López, el abogado y peronista disidente que denunció al funcionario alperovichista-kirchnerista en la Justicia Federal. Mediante una presentación de finales del mes pasado, el dirigente solicitó a Bejas que investigue la supuesta participación del ministro en un fideicomiso denominado Ibirá para construir edificios con la empresa Atrio SA. En el escrito que recibió el fiscal federal general Gustavo Gómez (circunstancialmente a cargo de las fiscalías de primera instancia por la licencia de Brito), López dice que Ibirá pretendería edificar un complejo de edificios en una superficie de 7.000 metros cuadrados en la esquina de Marcos Paz y avenida Salta, con una inversión cercana a los $ 56 millones.
La hipótesis fue rechazada por Manzur, que en esta causa es defendido por el abogado José Agustín Ferrari. El letrado manifestó -también por escrito- que la ampliación carece de seriedad jurídica y de responsabilidad ciudadana, y negó el nexo entre los nuevos hechos denunciados y su cliente. Además, amenazó con articular una acción penal contra López por falsa denuncia.
La intervención del técnico del máximo tribunal argentino fue solicitada en septiembre pasado por Daniel Bejas, juez federal N°1, a instancias del fiscal federal Carlos Brito. El perito debe cotejar las declaraciones juradas (ddjj) con los resúmenes, instrumentos e informes registrales y bancarios solicitados a las diferentes entidades y jurisdicciones vinculadas con el patrimonio de Manzur. Roccatagliata enviaría sus conclusiones al Juzgado Federal Nº1 en los próximos días, según fuentes allegadas a esa oficina judicial.
Si la peritación revela que hubo un enriquecimiento patrimonial apreciable del titular del patrimonio investigado o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción en el cargo público de ministro de Salud de la Nación, Bejas quedará en condiciones de citar a Manzur para que justifique el incremento en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal. En función de los resultados de este requerimiento, el juez podrá fijar fecha para la declaración indagatoria, trámite previo y excluyente para definir si las pruebas reunidas autorizan o no a procesar al funcionario público investigado.
Otro fideicomiso
En paralelo, Bejas tiene pendiente definir si amplía o no la pesquisa, como pidió Oscar López, el abogado y peronista disidente que denunció al funcionario alperovichista-kirchnerista en la Justicia Federal. Mediante una presentación de finales del mes pasado, el dirigente solicitó a Bejas que investigue la supuesta participación del ministro en un fideicomiso denominado Ibirá para construir edificios con la empresa Atrio SA. En el escrito que recibió el fiscal federal general Gustavo Gómez (circunstancialmente a cargo de las fiscalías de primera instancia por la licencia de Brito), López dice que Ibirá pretendería edificar un complejo de edificios en una superficie de 7.000 metros cuadrados en la esquina de Marcos Paz y avenida Salta, con una inversión cercana a los $ 56 millones.
La hipótesis fue rechazada por Manzur, que en esta causa es defendido por el abogado José Agustín Ferrari. El letrado manifestó -también por escrito- que la ampliación carece de seriedad jurídica y de responsabilidad ciudadana, y negó el nexo entre los nuevos hechos denunciados y su cliente. Además, amenazó con articular una acción penal contra López por falsa denuncia.
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