12 Enero 2013
El fiscal de Estado tucumano, Jorge Posse Ponessa, trabaja junto a su par de Santiago del Estero, Raúl Abate, en la creación de un ente biprovincial que tendrá el objetivo de sanear el embalse El Frontal de Río Hondo, situado al límite de ambas jurisdicciones.
La primera reunión entre las partes se realizó a fines de diciembre. En ese encuentro, se acordó formar dos comisiones técnicas -una por cada provincia- para elaborar un proyecto común que enviarán a sus respectivos parlamentos, con el objetivo de convertir el texto en ley.
Posse Ponessa adelantó que las negociaciones fueron fructíferas y que en febrero volverán a dialogar para avanzar con el acuerdo.
Uno de los temas que se trataron fue el destino que se les dará a las regalías que produce la explotación del embalse. La empresa Hidroeléctrica Río Hondo SA explota en esa parte de la cuenca Salí-Dulce un complejo hidroeléctrico para generar corriente, se le explicó a este diario. Según Posse, esos fondos son cobrados sólo por la provincia vecina desde hace unos 15 años. Por eso, en el borrador del convenio se aclaró que "las partes declaran y reconocen el derecho igualitario -de un 50% para cada una- sobre la percepción de las regalías hidroeléctricas correspondientes al embalse y aprovechamiento hidroeléctrico Río Hondo de conformidad a los dispuesto por el artículo 43 de la ley nacional 15.336".
El apartado citado pertenece a la Ley de Energía Eléctrica y establece que las provincias en cuyos territorios existan fuentes hidroeléctricas percibirán un 5% de la tarifa correspondiente a la venta en bloque de energía. Y también aclara: "en el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 5% se distribuirá equitativa entre ellas".
Los representantes tucumanos dejaron constancia en ese borrador de que no le reclamarán a la Provincia de Santiago del Estero las sumas que ésta pudiera adeudar por aquel artículo. Así, los dos fiscales de Estado acordaron utilizar el dinero de las regalías -que según Posse oscilan entre los $ 3,5 y los $ 4,5 millones anuales- para financiar la creación del ente.
Abate se mostró optimista con la negociación. En noviembre del año pasado, el funcionario santiagueño había ampliado una denuncia en la Justicia Federal acusando a varios ingenios tucumanos por la contaminación de los arroyos y ríos de la Cuenca Salí-Dulce. Sin embargo, se habría abierto una puerta para resolver los conflictos que mantienen enfrentadas a ambas provincias, de acuerdo a lo informado por las partes. "El gobernador (José Alperovich) nos pidió avanzar en este proyecto a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2010 que favoreció a la Provincia. En febrero nos volveremos a reunir", concluyó Posse Ponessa.
La primera reunión entre las partes se realizó a fines de diciembre. En ese encuentro, se acordó formar dos comisiones técnicas -una por cada provincia- para elaborar un proyecto común que enviarán a sus respectivos parlamentos, con el objetivo de convertir el texto en ley.
Posse Ponessa adelantó que las negociaciones fueron fructíferas y que en febrero volverán a dialogar para avanzar con el acuerdo.
Uno de los temas que se trataron fue el destino que se les dará a las regalías que produce la explotación del embalse. La empresa Hidroeléctrica Río Hondo SA explota en esa parte de la cuenca Salí-Dulce un complejo hidroeléctrico para generar corriente, se le explicó a este diario. Según Posse, esos fondos son cobrados sólo por la provincia vecina desde hace unos 15 años. Por eso, en el borrador del convenio se aclaró que "las partes declaran y reconocen el derecho igualitario -de un 50% para cada una- sobre la percepción de las regalías hidroeléctricas correspondientes al embalse y aprovechamiento hidroeléctrico Río Hondo de conformidad a los dispuesto por el artículo 43 de la ley nacional 15.336".
El apartado citado pertenece a la Ley de Energía Eléctrica y establece que las provincias en cuyos territorios existan fuentes hidroeléctricas percibirán un 5% de la tarifa correspondiente a la venta en bloque de energía. Y también aclara: "en el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 5% se distribuirá equitativa entre ellas".
Los representantes tucumanos dejaron constancia en ese borrador de que no le reclamarán a la Provincia de Santiago del Estero las sumas que ésta pudiera adeudar por aquel artículo. Así, los dos fiscales de Estado acordaron utilizar el dinero de las regalías -que según Posse oscilan entre los $ 3,5 y los $ 4,5 millones anuales- para financiar la creación del ente.
Abate se mostró optimista con la negociación. En noviembre del año pasado, el funcionario santiagueño había ampliado una denuncia en la Justicia Federal acusando a varios ingenios tucumanos por la contaminación de los arroyos y ríos de la Cuenca Salí-Dulce. Sin embargo, se habría abierto una puerta para resolver los conflictos que mantienen enfrentadas a ambas provincias, de acuerdo a lo informado por las partes. "El gobernador (José Alperovich) nos pidió avanzar en este proyecto a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2010 que favoreció a la Provincia. En febrero nos volveremos a reunir", concluyó Posse Ponessa.
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