Navarro, cercado por la política y el déficit

Por Abrehu Carlos 17 Marzo 2013

El equilibrio fiscal y la política no conformaron una pareja armónica en los 80. Lo atestiguan los conflictos que agobiaron a la administración de Fernando Riera. Blanco del descontento fue el ministro de Economía, Vicente Navarro, entre 1984 y 1985. La queja mayor se localizó, no obstante, en el presidente Raúl Alfonsín, Mario Fattor, último gobernador procesista, antes de entregar el poder, blanqueó algunos datos. Así declaró que el número de empleados de la administración pública no había crecido mucho durante la dictadura militar. En 1975 -gestión de Amado Juri- existían 30.148 empleados, y hacia diciembre del 83 llegaban a 32.786, según Fattor. El Estado es un poderoso empleador en épocas de crisis, que puede desnivelar la balanza en las elecciones locales. La oposición radical pondrá la lupa sobre ese frente El peronismo, a su vez, acusó a la Casa Rosada de asfixiar a las provincias. 

Tiempos tormentosos
Manuel Apaza, secretario de Hacienda, alertó sobre los tempestades futuras. Al 31 de diciembre de 1983, el déficit fiscal era de $a 90 millones.

Pedimos ayuda a la Nación para nivelarlo, pero no tuvimos respuesta positiva,dijo a principios de febrero del 84. Navarro, a fines de ese mes, planteó que la secretaría de Hacienda de la Nación, había fijado en $a 7.000 millones el techo del auxilio financiero a Tucumán, que había demandado $a 9.000 millones. 

Las tensiones políticas se trasladaron al seno del gabinete y a los bloques peronistas en la Legislatura bicameral. Desde afuera, los radicales objetaban vivamente la tardanza del rierismo en definir el rumbo financiero del Estado provincial.

Primera renuncia
Los primeros chisporroteos estallaron en septiembre. El gabinete envió un proyecto de ley a Diputados para recomponer las retribuciones de los poderes Legislativo y Judicial, y de la administración central. Se pretendía reparar la desigualdad salarial que afectaba a esta última. Pero las disidencias de Navarro frustraron una sesión de la cámara que debía debatirlo.

El ministro adujo serias limitaciones financieras para afrontar las subas y propuso beneficiar a las categorías más bajas. Los gremios se movilizaron contra Navarro.

Riera discrepó con el ministro y justificó la sanción de la ley en un imperativo de conciencia. No fue a la Casa de Gobierno y desbarató una maniobra de presión de los estatales. El 28 de septiembre, desde su domicilio, ratificó la propuesta. Prevaleció la mirada política y la necesidad de cumplir compromisos preelectorales sobre la prudencia fiscal.

Navarro vaticinó dificultades para cumplir la ley. Basó su posición en estos datos: la producción decae, los tributos no se recaudan de la manera deseada y la coparticipación federal se demora. El mandatario congeló la renuncia. 

Fuga hacia adelante
Peronistas y radicales se sacaron chispas en esos días en Diputados. Miguel Nazur, jefe del bloque oficialista, aclaró que Riera mantenía el proyecto. miemtras que desde la UCR se oponían a que un empleado ganara igual que un jefe. En el recinto, el vocero oficialista Eduardo Castro pronosticó que los aumentos se financiarían con la coparticipación federal, los aportes del Tesoro y los fondos propios. La mejora sustancial se cristalizó entre las categorías 1 y 19. La ley pasó sin problemas por las dos Cámaras.

Al discutirse la ley de Presupuesto 1984, el senador peronista Ernesto Corbalán informó que había 31. 630 cargos permanentes en la administración central. Empero, en Diputados, el radical Armando Santillán dudó de esa cifra: se preguntó si no eran 40.000. En marzo de 1985, el ministro reveló que en los últimos 15 meses, 6.000 personas ingresaron al Estado: 4.000 jornalizados y 2.000 estables. Se disparó la máquina del empleo público.