Dos jueces del caso Verón piden un proceso "de cara al pueblo"

El proceso en la Legislatura que resolverá si corresponde llevar ante el Jury de Enjuiciamiento a los tres jueces que absolvieron a 13 acusados en el caso de María de los Ángeles Verón, en diciembre pasado, crece en tensiones a medida que se acaban los plazos para que se expida la comisión de Juicio Político de la Cámara.

Mañana, dos de los vocales de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina -a través de sus abogados, Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada- presentarán en mesa de entradas del parlamento una dura nota dirigida al comité que integran 11 oficialistas y un opositor.

En el escrito, al cual tuvo acceso a LA GACETA, los letrados solicitan que el comité fije un cronograma de reuniones; que indique el orden del día de cada encuentro; y que se hagan conocer "esas circunstancias a los acusados, a sus defensas y a los medios de prensa para su comunicación a la sociedad".

Los magistrados, además, pidieron que se les brinden copias de todas las actas y de las versiones taquigráficas de todo lo actuado.

Piedrabuena, Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano fueron acusados ante la comisión de Juicio Político de la Cámara por la madre de "Marita", Susana Trimarco. La mujer cuestionó, entre otras acciones, el desempeño de los vocales de la sala II de la Cámara Penal a la hora de tomarles declaraciones a las víctimas de trata que brindaron sus relatos en el debate oral y público.

La comisión que preside el alperovichista Sisto Terán Nougués tiene hasta el 4 de abril para archivar el expediente, o elevarlo al Jury de Enjuiciamiento, órgano que definirá el futuro del tribunal cuestionado. Sin embargo, fuentes del parlamento indicaron a este diario que ese trámite se resolverá un día antes de la fecha límite.

En este contexto, Herrera Molina -que presentó la renuncia para jubilarse, pero el gobernador, José Alperovich, se la rechazó, y el tema aún debe ser dirimido por la Justicia- y Piedrabuena presentarán una nota para quejarse porque consideran que la comisión de Juicio Político no les permite acceder a datos del expediente. "Los imputados y la sociedad en su conjunto tienen el derecho constitucionalmente garantizado de conocer e informarse de la forma y modo en que los gobernantes construyen sus decisiones", aseveraron los letrados en el texto. Y añaden, con aparente ironía: "¿cómo se nos va a privar, a nosotros y a la sociedad, de asistir respetuosa y silenciosamente a los razonamientos, discusiones y, quizás, brillantes exposiciones (de legisladores) con ribetes de alta juridicidad o impensada enjundia académica?"

Los jueces, a través de sus abogados, expresaron que imaginan, a modo de escenario añorado, "un debate abierto, de cara al pueblo, en el que las conductas no cuenten con la complicidad del desconocimiento público, que tanto ayuda a la corrupción y a la impunidad".

Los letrados, a continuación, enunciaron jurisprudencia y normativa que avala, según su óptica, el planteo que formularán ante la comisión.

Está previsto que los integrantes de Juicio Político se reúnan esta semana. Los parlamentarios tienen poco tiempo para finalizar su tarea, debido a los feriados que se aproximan por Semana Santa. Y su decisión, se estima, no hará cesar la polémica.