Anuncian los controles, pero no los precios

Según el Gobierno, la Secretaría de Comercio Interior puede sancionar a un comercio en 24 horas si no cumple con el acuerdo. El organismo que dirige Guillermo Moreno detalla cómo las organizaciones kirchneristas realizarán el seguimiento de los valores de los 500 productos. Las asociaciones de defensa del consumidor afirman que el secretario de Comercio Interior carece de herramientas legales para aplicar multas, debido que el convenio comercial es verbal

RESPONSABILIDAD. La Presidenta llama a controlar los precios en los súper. REUTERS RESPONSABILIDAD. La Presidenta llama a controlar los precios en los súper. REUTERS
25 Mayo 2013

BUENOS AIRES.- La Secretaría de Comercio detalló ayer cómo se realizarán los controles que harán las organizaciones kirchneristas para que se cumplan los precios de los 500 productos consensuados con supermercados y productores. El organismo oficial, a cargo de Guillermo Moreno, señaló que el mecanismo incluirá un informe que elevarán quienes participen en esa iniciativa.

El acuerdo consiste en un listado de 500 artículos que fueron acordados, cuyos valores son los que regían al 1 de febrero de este año. Se aclaró que el precio que se tomará como válido siempre será el mínimo en los casos de que las cadenas de supermercados contaran con diferentes precios de los productos, en sus diferentes sucursales.

En ese marco, la convocatoria de la presidenta Cristina Fernández a las organizaciones sociales políticas y de consumidores, no sólo servirá para que se cumplan los precios acordados en los 500 productos, sino también para "garantizar" el abastecimiento en las góndolas, afirmaron en el oficialismo.

"Sería importante que se sumen las fuerzas vivas que apoyan a este Gobierno y también las de la oposición, porque ese es el espíritu del llamado que se hace a las organizaciones", afirmaron en la Secretaría de Comercio Interior. Además, remarcaron que la convocatoria es "amplia" y sería "saludable" que se involucren todos los sectores políticos.

También destacaron que el relevamiento de las organizaciones será sobre aquellas cadenas de supermercados con alcance nacional y con presencia en las ciudades más importantes del país. En caso de que se observen incumplimientos de los acuerdos, los militantes podrían comunicar las irregularidades a la cartera de Moreno, a través de sus organizaciones. En forma paralela seguirán funcionando las vías de comunicación que Defensa del Consumidor tiene disponibles, a través de la línea gratuita 0800-666-1518.

Luego de cada reporte que realizarán las organizaciones que participen de los controles de precios máximos en las grandes cadenas, la Secretaría de Comercio se tomará 24 horas para resolver y aplicar las sanciones correspondientes, en aquellos casos donde se denuncien los incumplimientos.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores advirtieron que el secretario de Comercio Interior no podrá aplicar ninguna sanción a los comercios que no cumplan con el acuerdo de precios. Según indicaron el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, y el de Unión de Consumidores Argentinos (UCA), Fernando Blanco Muiño, el funcionario carece de herramientas legales para aplicar sanciones debido a que el acuerdo con los supermercados es verbal.

"Al no existir nada escrito no hay posibilidad de penar aumentos de precios. Tampoco hay una ley que permita establecer precios fijos", sostuvo Polino.

Indicó que la única ley que está vigente es la de Defensa de la Competencia, que puede penar la cartelización de precios. "Para ello se tiene que crear un Tribunal de Defensa de la Competencia, que por desidia del Gobierno no se creó", indicó el ex legislador socialista.

Blanco Muiño coincidió en que no hay un acto administrativo que le otorgue un marco jurídico al acuerdo de precios, ya que Moreno se sienta con Jorge Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos, y acuerda. Para el titular de la UCA "no hay nadie obligado formalmente a congelar precios", al carecer el Estado de una norma que pueda aplicarse para el caso. A pesar del anuncio del control, aún no se dieron a conocer los valores de los productos. (Télam-DyN)

"No se resolverá el problema de fondo"

"El control de precios puede hacerse, pero si no va acompañado con decisiones políticas, no se resolverá el problema de fondo: el bolsillo de la gente". Así lo afirmó ayer Ernesto Gómez Rossi, coordinador provincial del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), centro de estudio que elabora el Índice Barrial de Precios (IBP) en el Gran San Miguel de Tucumán, quien consideró además que la convocatoria de la presidenta Cristina Fernández es política y no atacará a la inflación.

"Va dirigido a la militancia kirchnerista. Pero no pasa sólo por cumplir con una tarea, sino por tomar medidas de fondo", afirmó. En esa línea, el dirigente propuso la eliminación del IVA en los productos de la canasta básica, como una de las alternativas que frenaría el proceso inflacionario. Esa medida "bajaría 23 puntos porcentuales el valor de la canasta, al mismo nivel de la inflación", aseguró.

Gómez Rossi remarcó que el Gobierno nacional es responsable de la política económica, y de los problemas que se generen en ella. "La sociedad puede acompañar el proceso y estamos de acuerdo con la participación de la gente. Es más, vamos a presentar experiencias nuevas de auditoria, sobre servicios públicos para ratificar nuestra postura. Pero la política publica la definen los gobiernos", aclaró el dirigente, quien remarcó que es una constante del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) "mirar hacia otro lado ante la aparición de problemas".

El representante del Semi, asociado a Barrios de Pie y Proyecto Sur, entre otras organizaciones, hizo hincapié también en que las acciones dispuesta por el Ejecutivo, como los acuerdos de precios y la tarjeta Supercard, "terminan beneficiando a los responsables del proceso inflacionario".

En la misma jornada, el legislador provincial y referente de "La Cámpora", Jesús Salim, defendió en declaraciones radiales la iniciativa de Cristina Fernández. "Seguimos siendo presos de la especulación, y a través de los medios concentrados se confunde a la sociedad y se trata de disfrazar esta picardía de la gran mayoría de los sectores industriales y empresariales, que va en desmedro de las clases populares", afirmó.

Larroque pide "no tener miedo"


El diputado y referente de la "La Cámpora", Andrés Larroque, pidió ayer "no tener miedo a la gente organizada, porque no son monstruos". Aseguró que en las próximas semanas convocarán a sectores de la sociedad para coordinar los inspecciones de precios. "Primero que la palabra no es controlar, sino 'mirar para cuidar'", dijo. Negó que se vaya a accionar en forma violenta cuando se hagan las auditorías. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) ratificó el acuerdo. (DyN-Télam)

La oposición critica la medida del Gobierno

El diputado Mario Barbieri (UCR-Buenos Aires) advirtió ayer que la prolongación del congelamiento de precios podría provocar un aceleramiento en la variación de precios de los productos más vulnerables de nuestra sociedad. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, calificó de "ridícula" la iniciativa de la presidenta Cristina Fernández para controlar los precios en supermercados, denominada "Mirar para cuidar", a cargo de organizaciones sociales y políticas. (DyN)

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Aumentó la canasta familiar en Tucumán

Una familia integrada por dos adultos y dos menores debió gastar en abril $ 3.887,91, para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). La misma familia requirió en igual mes del año $ 1.705,22, correspondiente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Las cifras surgieron del último Indice Barrial de Precios (IBP) del Gran San Miguel de Tucumán, que el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) dará a conocer el próximo martes.

La variación mensual de la CBT, que determina la franja de pobreza, y de la CBA, que marca la línea de indigencia, fue de un 1,01%, respecto de marzo de 2013. Según el trabajo estadístico, el incremento acumulado de ambos grupos de artículos fue de un 21,43% y de un 25,28%, respectivamente, con relación a mayo de 2012, cuando se lanzó el IBP en la provincia.

"En lo que va de 2013, el nivel general tuvo una variación de un 6,68% y 8,59%, respectivamente. El nivel de pobreza para el segundo trimestre de 2012 fue de 34,20% y el nivel de indigencia de 6,26% (sobre la población tucumana)", informó el Isepci.

El consumo familiar en 50 productos de la canasta básica durante abril, discriminados por tipo de gasto, fue de $ 764,40 en productos de almacén, de $ 636,55 en carnicería y de $ 304,27 en productos de verdulería. "A pesar de encontrarse supuestamente vigente el congelamiento de precios, la canasta básica duplica los valores oficiales que informa el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). Nuestros datos ratifican lo que percibe la gente y el ciudadano cuando compran día a día: el costo de vida sigue aumentando y el poder adquisitivo retrocede", explicaron ayer los coordinadores del Isepci, María Bestregui y Ernesto Gómez Rossi.

Los productos que más aumentaron durante ese período fueron café de 500 gramos, un 27,7%; galletas saladas de 1 kilo, un 16,8%; porotos de 400 gramos, un 22,6%; un kilo de zapallo, un 14,2%; harina de trigo de un 1 kilo, un 11,1%, al igual que la polenta y en misma cantidad, y un kilogramo de carne picada, un 7,8%, entre otros.

"La medición la realizan los propios vecinos, lo que hace a esta iniciativa transparente y participativa", enfatizó el Isepci.

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