18 Junio 2013
La iniciativa alperovichista para modificar el inconstitucional Código de Contravenciones Policiales (CCP) sólo para agregar una nueva falta social a la ley -el uso de los teléfonos de emergencias para bromas o falsas denuncias- ha generado la reacción de la ONG Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
El jueves pasado, la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, presidida por Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), dio dictamen favorable a la iniciativa presentada hace algunas semanas por el legislador ultraalperovichista Guillermo Gassenbauer, hijo del ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer. El texto prevé severas sanciones con el fin de evitar el uso en falso de los servicios telefónicos 911, 107, de Bomberos y de la Policía. "De los 55.000 llamados que recibe por mes el servicio de Emergencias Médicas al número 107, el 65% son realizados por personas maliciosas o 'bromistas'", afirmó el autor de la iniciativa, en una entrevista reciente.
El jueves pasado, el oficialismo de la comisión de Seguridad y Justicia votó a favor de que el proyecto llegue al recinto tal como se lo recibió. Según el texto, las sanciones van de 10 veces el valor de la última factura telefónica, a un tope que dispondrá el juez competente (en la actualidad, el jefe de Policía). Además, se habilita a suspender las líneas, y los reincidentes pueden llegar a ser arrestados.
Hubo un dictamen de minoría, de la radical Silvia Elías de Pérez. Pero en el PJ, pese a avalar el proyecto, también hay críticas. "Los legisladores seguimos esperando que el ministro de Seguridad dé los parámetros de actuación que pretende para la política anticontravencional que deberá desarrollar la Policía; sin ese marco, los oficialistas, los ultraoficialistas y los opositores no podremos lograr un consenso", dijo Vargas Aignasse. Y remarcó la necesidad de un mecanismo que penalice a estos "bromistas". "Entiendo la falencia legal, pero me preocupa mucho más que de cada 10 llamados de emergencias, ocho sean falsos y se disponga recurso y personal del Estado por alarmas fantasmas. La vía es discutida, pero el objetivo es necesario", añadió el ex diputado.
En octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) señaló que el CCP (Ley Nº 5.140) no estaba "en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo". La causa se había iniciado en 2004, cuando un joven fue arrestado en "La Bombilla" tras un partido de fútbol por protagonizar una supuesta pelea. La ONG Andhes asesoró al muchacho en el caso, que derivó en el contundente fallo del alto tribunal nacional. "Una detención preventiva de 48 horas, producida en el marco de un procedimiento contravencional tramitado ante la autoridad policial y sin intervención judicial ni notificación necesaria a terceros, no puede ser legitimada sin más ni más", apuntó la CSJN. Lucía Doz Costa, coordinadora del equipo Seguridad y Derechos Humanos de la ONG, remarcó que la posible modificación a la ley Nº 5.140 hace "oídos sordos a las cuestiones de fondo (del proceso), que resultan ser el foco del problema en la norma y que siguen intactas en la actualidad".
"Resulta bochornoso, contradictorio y preocupante que en nuestra provincia se actúe sistemáticamente de manera de impedir el avance de reformas verdaderamente importantes, como la de la Ley de Contravenciones o el plan piloto para modificar el Código Procesal Penal de Tucumán. Este tipo de propuestas han sido objeto de permanentes oposiciones, y son justamente las que tienen injerencia directa en la vida de los ciudadanos", destacó Doz Costa. Y remarcó que avanzar con el proyecto contra los bromistas telefónicos, sin una revisión íntegra de la ley, "sólo conduce a legitimar y darle más fuerza a una norma inconstitucional y notoriamente violatoria de derechos humanos".
"En el último mes se han acrecentado en nuestra ONG las consultas referidas a detenciones arbitrarias en operativos de la Policía, sobre todo en el interior provincial, invocando la inconstitucional Ley de Contravenciones", añadió. Y recordó que la CSJN había instado en su fallo al alto tribunal tucumano a revisar su pronunciamiento anterior (favorable a la Provincia), y a dictar uno nuevo "conforme a derecho". "Esto, todavía hoy, se encuentra pendiente", advirtió Doz Costa.
El jueves pasado, la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, presidida por Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), dio dictamen favorable a la iniciativa presentada hace algunas semanas por el legislador ultraalperovichista Guillermo Gassenbauer, hijo del ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer. El texto prevé severas sanciones con el fin de evitar el uso en falso de los servicios telefónicos 911, 107, de Bomberos y de la Policía. "De los 55.000 llamados que recibe por mes el servicio de Emergencias Médicas al número 107, el 65% son realizados por personas maliciosas o 'bromistas'", afirmó el autor de la iniciativa, en una entrevista reciente.
El jueves pasado, el oficialismo de la comisión de Seguridad y Justicia votó a favor de que el proyecto llegue al recinto tal como se lo recibió. Según el texto, las sanciones van de 10 veces el valor de la última factura telefónica, a un tope que dispondrá el juez competente (en la actualidad, el jefe de Policía). Además, se habilita a suspender las líneas, y los reincidentes pueden llegar a ser arrestados.
Hubo un dictamen de minoría, de la radical Silvia Elías de Pérez. Pero en el PJ, pese a avalar el proyecto, también hay críticas. "Los legisladores seguimos esperando que el ministro de Seguridad dé los parámetros de actuación que pretende para la política anticontravencional que deberá desarrollar la Policía; sin ese marco, los oficialistas, los ultraoficialistas y los opositores no podremos lograr un consenso", dijo Vargas Aignasse. Y remarcó la necesidad de un mecanismo que penalice a estos "bromistas". "Entiendo la falencia legal, pero me preocupa mucho más que de cada 10 llamados de emergencias, ocho sean falsos y se disponga recurso y personal del Estado por alarmas fantasmas. La vía es discutida, pero el objetivo es necesario", añadió el ex diputado.
En octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) señaló que el CCP (Ley Nº 5.140) no estaba "en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo". La causa se había iniciado en 2004, cuando un joven fue arrestado en "La Bombilla" tras un partido de fútbol por protagonizar una supuesta pelea. La ONG Andhes asesoró al muchacho en el caso, que derivó en el contundente fallo del alto tribunal nacional. "Una detención preventiva de 48 horas, producida en el marco de un procedimiento contravencional tramitado ante la autoridad policial y sin intervención judicial ni notificación necesaria a terceros, no puede ser legitimada sin más ni más", apuntó la CSJN. Lucía Doz Costa, coordinadora del equipo Seguridad y Derechos Humanos de la ONG, remarcó que la posible modificación a la ley Nº 5.140 hace "oídos sordos a las cuestiones de fondo (del proceso), que resultan ser el foco del problema en la norma y que siguen intactas en la actualidad".
"Resulta bochornoso, contradictorio y preocupante que en nuestra provincia se actúe sistemáticamente de manera de impedir el avance de reformas verdaderamente importantes, como la de la Ley de Contravenciones o el plan piloto para modificar el Código Procesal Penal de Tucumán. Este tipo de propuestas han sido objeto de permanentes oposiciones, y son justamente las que tienen injerencia directa en la vida de los ciudadanos", destacó Doz Costa. Y remarcó que avanzar con el proyecto contra los bromistas telefónicos, sin una revisión íntegra de la ley, "sólo conduce a legitimar y darle más fuerza a una norma inconstitucional y notoriamente violatoria de derechos humanos".
"En el último mes se han acrecentado en nuestra ONG las consultas referidas a detenciones arbitrarias en operativos de la Policía, sobre todo en el interior provincial, invocando la inconstitucional Ley de Contravenciones", añadió. Y recordó que la CSJN había instado en su fallo al alto tribunal tucumano a revisar su pronunciamiento anterior (favorable a la Provincia), y a dictar uno nuevo "conforme a derecho". "Esto, todavía hoy, se encuentra pendiente", advirtió Doz Costa.
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