Por Álvaro José Aurane
03 Agosto 2013
Parece paisajismo de las ruinas. El verde y vasto jardín de caña de azúcar está ardiendo. El horizonte no es de cerros, azules pero lejanos, sino una cortina de humo, renegrida pero vecina. En el invierno de este subtrópico con estación seca llueven cenizas. El diluvio ocasionado por los actores de la principal actividad productiva e industrial de Tucumán no ahoga a los que viven en la hoguera de la república, pero los asfixia. Entonces se advierte que el problema, básicamente, es cuestión de escalas. Porque el incendio de los campos es lo suficientemente vasto. Tiene entidad propia. Y se torna distractivo de dos situaciones seriamente más amplias. Severamente más graves. La primera: en realidad, no son los cañaverales sino Tucumán mismo, en sus más diversas dimensiones y estratos, el que se encuentra en llamas. La segunda, el gobernador que dice "no sé que más hacer" para terminar con los incendios rurales, en realidad, ignora qué hacer para extinguir cualquiera de los infiernos que consumen no las propiedades, sino el presente de sus gobernados.
No quiere
El mandatario, que aparece en propagandas del Frente para la Victoria con la consigna "Sabemos hacerlo", es el mismo que ha dicho que el "problema de las drogas" (eufemismo por crecimiento desenfrenado de la producción, venta y consumo de sustancias ilegales en Tucumán) es un drama que les "está ganando" a su Gobierno y, de paso cañazo, a la sociedad.
El jefe del Ejecutivo, que aparece en los afiches de campaña con el eslogan "Vamos a hacerlo", es el mismo que ha manifestado que "la inseguridad es una materia pendiente" de su gestión. Cuando, en verdad, es un aplazado crónico de la asignatura anterior y correlativa: fuerzas de seguridad. O sea, la Policía, que en 2012, durante el conflicto salarial, ni siquiera garantizó la guardia de Casa de Gobierno: José Alperovich, por primera vez desde que gobierna, se vio impedido de concurrir a su lugar de trabajo.
Es decir, la Policía que en 2006 (mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recomendaba apartarla de la investigación sobre la desaparición de Marita Verón (ocurrida cuatro años antes) destruía pruebas, adulteraba actas, falsificaba firmas y apretaba testigos para que mintieran respecto del hallazgo del cadáver de Paulina Lebbos.
Léase, la Policía que desde hace unos días tiene una decena de sus propios miembros detenidos, y media docena de jefes desplazados, por el escandaloso pedido de coimas a un ganadero chaqueño, al que detuvieron en un control policial (junto con su hija y un amigo), sin siquiera registrar el ingreso no ya a una comisaría cualquiera, sino a la mismísima Regional Norte.
No sabe
Lo que estos antecedentes alperovichistas denuncian es que el "no sé qué más hacer" del gobernador es, en rigor, un "no sé de qué otra manera gobernar". Porque las llamas que incendian Tucumán son consecuencia directa de una gestión convencida de que, frente a los problemas, en lugar de aplicar políticas sólo había que poner plata.
"La solución" alperovichista al problema de la Policía fue llevar el número de agentes de los 4.500 de 2003 a los 8.000 actuales. De allí que hoy, antes que fuerza de seguridad, sea una dependencia estatal con empleados públicos armados. Correlato de una administración empleomaníaca que, en idéntico lapso, elevó la planta de trabajadores permanentes de 44.000 a 71.000.
Luego, "la solución" alperovichista a la inseguridad fue comprar más cámaras y más motos y y más teléfonos móviles y más armas. De hecho, el mandatario se reunió hace dos días en la Casa Rosada con el ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puriccelli, y según la información oficial, "analizaron la compra de vehículos para la Policía tucumana".
No deja
Traumática y paradójicamente, ha sido esta desnaturalización de la gestión pública la que ha alimentado el fuego en los cañaverales. La Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente se encuentra, a partir de la compilación del Digesto Jurídico Provincial, consolidada en la Ley 6.253, que data de la década del 90. Pero son sus modificatorias, en pleno alperovichismo, las que trataron de sofocar la infame e inflamable práctica cañera. El oficialismo motorizó la Ley 7459, que prohíbe la quema de caña, y la 7450, que ordena a los ingenios modificar los dispositivos de sus chimeneas para conjurar la contaminación. La oposición, mediante un proyecto de Alejandro Sangenis, consagró la Ley 7873 o Ley de Caña Verde. Esa norma cierra el círculo, al prohibir a los ingenios recibir caña quemada para moler. ¿Quién desbarató todo esto? Nadie sino Alperovich.
En 2005, él dictó un decreto (795/3) para reglamentar la Ley 7449 (decreto vigente hasta el 27 de junio, es decir, hasta hace 37 días), pero lo que hizo fue desnaturalizarla. El decreto autoriza la quema de caña como método de cosecha y sólo ordena reducir el área incendiada a razón de un 5% por año. O sea, por horrendo que resulte, lo cierto es que casi podría decirse, a luz de las reglamentaciones alperovichistas, que los incendios de campos están en regla en esta provincia. Si estas son las pautas, ¿cómo no se van a farsar los cañeros de sus comprovincianos, diciendo que no son ellos sino sus vecinos los que le prenden fuego a la malhoja?
Como agravante, la quema de caña está tipificada como delito por el Código Penal argentino, pero el decreto 795/3, al avalar esa práctica, termina siendo una suerte de inconstitucional instrumento provincial que reglamenta legislación nacional de fondo, según se alarma el constitucionalista Luis Iriarte. De allí que el jefe de los fiscales federales de Tucumán, Gustavo Gómez, revele que no ha recibido ni una actuación de la policía en lo que va del año.
Es que al borde del abuso de autoridad, según advierte el constitucionalista Rodolfo Burgos, el gobernador legalizó la quema durante ocho años. Y para que sea delito, una conducta debe ser completamente antijurídica: debe ir contra todo el ordenamiento jurídico. En cambio, si una norma lo legitima, el proceder pierde antijuridicidad. Pierde condición delictual.
No aprende
El 10 de septiembre de 1892, el gobernador Próspero García dictó el que acaso sea el primer decreto contra la contaminación de los ingenios, prohibiéndoles verter efluentes a los cursos de agua. En contraste, 120 años después, además de infestar a Santiago del Estero, en Tucumán legalizaron el envenenamiento del aire. Aquí, hasta el pasado se contamina.
Pero no es que este Gobierno vaya contra la historia: lo que hace es colisionar con la concepción misma de la ley. Carlos Nino enseñó (
Ocho lecciones sobre ética y derecho para pensar la democracia
) que la "igualdad", en la formulación del derecho argentino, es "ante la ley". Y esa ley, además de no retroactiva, clara y general, debía ser estable y aplicable. O sea, no debe cambiar a cada rato y tiene que ser llevada a la práctica. Aquí, no se consigue.
¿Las consecuencias? De acuerdo con un estudio que la Defensoría del Pueblo (durante la gestión de Jorge García Mena) le encargó a la Universidad Nacional de Córdoba, en la zafra azucarera el aire tucumano concentra 150 microgramos de partículas respirables por metro cúbico. En la Unión Europea, el máximo tolerables es de 50 microgramos.
Llevado a la práctica, las enfermedades en las vías respiratorias y oculares por contaminación atmosférica son las vedettes del corredor epidemiológico del Siprosa. Y en las farmacias, los colirios y los broncodilatadores son un clásico boom de temporada.
No asume
Entonces, la situación de la provincia donde el gobernador sí sabe organizar vacaciones grupales se enrarece más que el aire, porque el asunto no refiere a la calidad institucional sino a la subsistencia de las personas. Y el problema ya no es con la técnica legal sino con la democracia. Porque entre los requisitos que Nino reclama a toda democracia liberal, hace hincapié en el principio de inviolabilidad: "prohibe el sacrificio de unos individuos en beneficio de otros. En última instancia, prohíbe que ciertos individuos sean utilizados como instrumento en beneficio de otros".
La naturaleza de todos estos flagelos se redimensiona ante la desnaturalización que queda denunciada por Nino. Desde la inseguridad y la corrupción policial, hasta la quema de cañaverales y la contaminación propiciada por la actividad azucarera, pasando por la inconstitucionalidad de las normas del alperovichismo. No son cuestiones distintas. Mucho menos, inconexas. Todos son brotes de un mismo tronco: un Estado que permite y hasta legaliza el sacrificio de tucumanos en beneficio de otros tucumanos. Que avala que haya comprovincianos convertidos en instrumentos de otros comprovincianos.
No cesa
Esa regla perversa mostrará plena vigencia durante la última semana previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. El festival del acarreo de votantes y de compra de votos con bolsones y con dinero, como ocurrió a la vista de todos en los comicios provinciales de 2011, volverá a ser una vergüenza más. Una libertad menos. Y no sólo por los rumores sobre los cupos de mercadería asignados a diferentes distritos y dirigentes.
La cumbre del miércoles, con cara de pocos amigos, entre el gobernador y el intendente de la capital, fue un intercambio de facturas políticas. Alperovich sacó a relucir que la capital será dónde mejor resultados obtenga la oposición, aunque en su entorno se mostraron confiados en que las divisiones internas (algunas sembradas, otras espontáneas y gratuitas) terminarían siendo muy útiles. Domingo Amaya le reprochó que Juan Manzur y Osvaldo Jaldo sólo fueron sólo a uno de los actos y recorridas diarias organizadas por su intendencia. Entonces, Jorge Gassenbauer alegó que más de 20.000 dirigentes de toda la provincia van pasando ya por el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y Germán Alfaro le respondió que sólo pasan por ahí, porque durante el fin de semana recorrió algunas localidades del interior y no se cruzó con nadie del oficialismo provincial haciendo campaña. Se gritaron un rato y al final se escuchó un vozarrón. "Hay que bajar todo el aparato ya".
"El aparato" debe ser una enorme máquina descontaminadora. Porque el afiche proselitista del oficialismo dice que "Siempre lo más importante es mejorar la vida de los tucumanos". O sea...
No quiere
El mandatario, que aparece en propagandas del Frente para la Victoria con la consigna "Sabemos hacerlo", es el mismo que ha dicho que el "problema de las drogas" (eufemismo por crecimiento desenfrenado de la producción, venta y consumo de sustancias ilegales en Tucumán) es un drama que les "está ganando" a su Gobierno y, de paso cañazo, a la sociedad.
El jefe del Ejecutivo, que aparece en los afiches de campaña con el eslogan "Vamos a hacerlo", es el mismo que ha manifestado que "la inseguridad es una materia pendiente" de su gestión. Cuando, en verdad, es un aplazado crónico de la asignatura anterior y correlativa: fuerzas de seguridad. O sea, la Policía, que en 2012, durante el conflicto salarial, ni siquiera garantizó la guardia de Casa de Gobierno: José Alperovich, por primera vez desde que gobierna, se vio impedido de concurrir a su lugar de trabajo.
Es decir, la Policía que en 2006 (mientras la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recomendaba apartarla de la investigación sobre la desaparición de Marita Verón (ocurrida cuatro años antes) destruía pruebas, adulteraba actas, falsificaba firmas y apretaba testigos para que mintieran respecto del hallazgo del cadáver de Paulina Lebbos.
Léase, la Policía que desde hace unos días tiene una decena de sus propios miembros detenidos, y media docena de jefes desplazados, por el escandaloso pedido de coimas a un ganadero chaqueño, al que detuvieron en un control policial (junto con su hija y un amigo), sin siquiera registrar el ingreso no ya a una comisaría cualquiera, sino a la mismísima Regional Norte.
No sabe
Lo que estos antecedentes alperovichistas denuncian es que el "no sé qué más hacer" del gobernador es, en rigor, un "no sé de qué otra manera gobernar". Porque las llamas que incendian Tucumán son consecuencia directa de una gestión convencida de que, frente a los problemas, en lugar de aplicar políticas sólo había que poner plata.
"La solución" alperovichista al problema de la Policía fue llevar el número de agentes de los 4.500 de 2003 a los 8.000 actuales. De allí que hoy, antes que fuerza de seguridad, sea una dependencia estatal con empleados públicos armados. Correlato de una administración empleomaníaca que, en idéntico lapso, elevó la planta de trabajadores permanentes de 44.000 a 71.000.
Luego, "la solución" alperovichista a la inseguridad fue comprar más cámaras y más motos y y más teléfonos móviles y más armas. De hecho, el mandatario se reunió hace dos días en la Casa Rosada con el ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puriccelli, y según la información oficial, "analizaron la compra de vehículos para la Policía tucumana".
No deja
Traumática y paradójicamente, ha sido esta desnaturalización de la gestión pública la que ha alimentado el fuego en los cañaverales. La Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente se encuentra, a partir de la compilación del Digesto Jurídico Provincial, consolidada en la Ley 6.253, que data de la década del 90. Pero son sus modificatorias, en pleno alperovichismo, las que trataron de sofocar la infame e inflamable práctica cañera. El oficialismo motorizó la Ley 7459, que prohíbe la quema de caña, y la 7450, que ordena a los ingenios modificar los dispositivos de sus chimeneas para conjurar la contaminación. La oposición, mediante un proyecto de Alejandro Sangenis, consagró la Ley 7873 o Ley de Caña Verde. Esa norma cierra el círculo, al prohibir a los ingenios recibir caña quemada para moler. ¿Quién desbarató todo esto? Nadie sino Alperovich.
En 2005, él dictó un decreto (795/3) para reglamentar la Ley 7449 (decreto vigente hasta el 27 de junio, es decir, hasta hace 37 días), pero lo que hizo fue desnaturalizarla. El decreto autoriza la quema de caña como método de cosecha y sólo ordena reducir el área incendiada a razón de un 5% por año. O sea, por horrendo que resulte, lo cierto es que casi podría decirse, a luz de las reglamentaciones alperovichistas, que los incendios de campos están en regla en esta provincia. Si estas son las pautas, ¿cómo no se van a farsar los cañeros de sus comprovincianos, diciendo que no son ellos sino sus vecinos los que le prenden fuego a la malhoja?
Como agravante, la quema de caña está tipificada como delito por el Código Penal argentino, pero el decreto 795/3, al avalar esa práctica, termina siendo una suerte de inconstitucional instrumento provincial que reglamenta legislación nacional de fondo, según se alarma el constitucionalista Luis Iriarte. De allí que el jefe de los fiscales federales de Tucumán, Gustavo Gómez, revele que no ha recibido ni una actuación de la policía en lo que va del año.
Es que al borde del abuso de autoridad, según advierte el constitucionalista Rodolfo Burgos, el gobernador legalizó la quema durante ocho años. Y para que sea delito, una conducta debe ser completamente antijurídica: debe ir contra todo el ordenamiento jurídico. En cambio, si una norma lo legitima, el proceder pierde antijuridicidad. Pierde condición delictual.
No aprende
El 10 de septiembre de 1892, el gobernador Próspero García dictó el que acaso sea el primer decreto contra la contaminación de los ingenios, prohibiéndoles verter efluentes a los cursos de agua. En contraste, 120 años después, además de infestar a Santiago del Estero, en Tucumán legalizaron el envenenamiento del aire. Aquí, hasta el pasado se contamina.
Pero no es que este Gobierno vaya contra la historia: lo que hace es colisionar con la concepción misma de la ley. Carlos Nino enseñó (
Ocho lecciones sobre ética y derecho para pensar la democracia
) que la "igualdad", en la formulación del derecho argentino, es "ante la ley". Y esa ley, además de no retroactiva, clara y general, debía ser estable y aplicable. O sea, no debe cambiar a cada rato y tiene que ser llevada a la práctica. Aquí, no se consigue.
¿Las consecuencias? De acuerdo con un estudio que la Defensoría del Pueblo (durante la gestión de Jorge García Mena) le encargó a la Universidad Nacional de Córdoba, en la zafra azucarera el aire tucumano concentra 150 microgramos de partículas respirables por metro cúbico. En la Unión Europea, el máximo tolerables es de 50 microgramos.
Llevado a la práctica, las enfermedades en las vías respiratorias y oculares por contaminación atmosférica son las vedettes del corredor epidemiológico del Siprosa. Y en las farmacias, los colirios y los broncodilatadores son un clásico boom de temporada.
No asume
Entonces, la situación de la provincia donde el gobernador sí sabe organizar vacaciones grupales se enrarece más que el aire, porque el asunto no refiere a la calidad institucional sino a la subsistencia de las personas. Y el problema ya no es con la técnica legal sino con la democracia. Porque entre los requisitos que Nino reclama a toda democracia liberal, hace hincapié en el principio de inviolabilidad: "prohibe el sacrificio de unos individuos en beneficio de otros. En última instancia, prohíbe que ciertos individuos sean utilizados como instrumento en beneficio de otros".
La naturaleza de todos estos flagelos se redimensiona ante la desnaturalización que queda denunciada por Nino. Desde la inseguridad y la corrupción policial, hasta la quema de cañaverales y la contaminación propiciada por la actividad azucarera, pasando por la inconstitucionalidad de las normas del alperovichismo. No son cuestiones distintas. Mucho menos, inconexas. Todos son brotes de un mismo tronco: un Estado que permite y hasta legaliza el sacrificio de tucumanos en beneficio de otros tucumanos. Que avala que haya comprovincianos convertidos en instrumentos de otros comprovincianos.
No cesa
Esa regla perversa mostrará plena vigencia durante la última semana previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. El festival del acarreo de votantes y de compra de votos con bolsones y con dinero, como ocurrió a la vista de todos en los comicios provinciales de 2011, volverá a ser una vergüenza más. Una libertad menos. Y no sólo por los rumores sobre los cupos de mercadería asignados a diferentes distritos y dirigentes.
La cumbre del miércoles, con cara de pocos amigos, entre el gobernador y el intendente de la capital, fue un intercambio de facturas políticas. Alperovich sacó a relucir que la capital será dónde mejor resultados obtenga la oposición, aunque en su entorno se mostraron confiados en que las divisiones internas (algunas sembradas, otras espontáneas y gratuitas) terminarían siendo muy útiles. Domingo Amaya le reprochó que Juan Manzur y Osvaldo Jaldo sólo fueron sólo a uno de los actos y recorridas diarias organizadas por su intendencia. Entonces, Jorge Gassenbauer alegó que más de 20.000 dirigentes de toda la provincia van pasando ya por el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y Germán Alfaro le respondió que sólo pasan por ahí, porque durante el fin de semana recorrió algunas localidades del interior y no se cruzó con nadie del oficialismo provincial haciendo campaña. Se gritaron un rato y al final se escuchó un vozarrón. "Hay que bajar todo el aparato ya".
"El aparato" debe ser una enorme máquina descontaminadora. Porque el afiche proselitista del oficialismo dice que "Siempre lo más importante es mejorar la vida de los tucumanos". O sea...
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