El jubilado tiene derecho a elegir prestadores

Hace unos días, LA GACETA publicó una crónica en la que beneficiarios del PAMI se recreaban haciendo actividades de natación, producto de un convenio entre la obra social de los jubilados y la Sociedad de Empleados de Comercio. En la misma crónica, en la que algunos de esos abuelos destacaban la importancia de estas ofertas que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas de la "tercera y cuarta edad", también dialogaron con nuestro diario los nuevos responsables de la delegación local del PAMI, Luis Larcher y Federico Casinelli (asumieron en junio, y son militantes de la organización La Cámpora). "Apuntamos a prestaciones sociopreventivas, a través del deporte y todas las actividades que mejoran la calidad de vida y evitan la enfermedad. Para nosotros el jubilado es el centro, es sujeto de derecho", fueron algunas de sus consignas. Sin embargo, en la misma charla reconocieron que para este segmento de la sociedad es fundamental trabajar para mejorar las prestaciones de salud. "Vamos a abrir la lista de prestadores; queremos médicos de cabecera de primer nivel y sanatorios de alta complejidad. Esto significa que vamos a realizar una próxima convocatoria pública para que el afiliado pueda elegir a los mejores" se comprometieron Casinelli y Larcher.

En rigor, esa es la mayor deuda que tiene el PAMI para con los jubilados. Desde hace décadas, no importa la gestión de gobierno de que se trate, los llamados "pasivos" deben soportar situaciones indignas, ante un sistema que en algunos aspectos no admite otra definición que la de "perverso". Así como se le reconoce al PAMI una buena respuesta en prestaciones como la cobertura de medicamentos, el sistema de consulta médica funciona por cápitas, sin derecho del jubilado a elegir libremente sus profesionales o clínicas, en caso de requerir internación. Así, cada jubilado termina dependiendo de su "médico de cabecera", que es el único autorizado para derivarlo a otros especialistas. Entendemos que las obras sociales -incluido el PAMI- diseñen esquemas que les permitan contener la sobredemanda prestacional. Pero, en los hechos, el jubilado termina esclavo de la voluntad -buena o mala- de un médico que, por lo general, es un reflejo de la sociedad: no les tiene paciencia a los viejos, ni tiene conciencia de los derechos que los asisten. Ni qué hablar de otras prestaciones, como los turnos para estudios de cierta complejidad, en diagnóstico por imágenes; o el servicio de ambulancias, que en muchos casos ha sido acusado de abandono de personas. De ello suelen dar cuenta numerosas cartas de lectores, como la que se publicó en LA GACETA la semana pasada, denunciando la muerte de una vecina de Los Ralos porque la ambulancia del PAMI que debía trasladarla a la capital nunca llegó. O llegó tarde.

En reiteradas ocasiones, ante consultas sobre estas situaciones puntuales que acercan los jubilados a nuestra Redacción, desde la administración del PAMI suelen aportar soluciones a los problemas que aquejan a los jubilados. Pero las respuestas deberían ser parte del sistema, y no reacciones puntuales a las presiones de terceros, en este caso la prensa.

Es tiempo de que los funcionarios que conducen hoy el PAMI asuman el compromiso público que enunciaron en su charla con nuestro diario. Entendemos que lo que está en juego es nada más y nada menos que la restitución a los jubilados de gozar del más pleno derecho a la salud, que les ha sido conculcado.