16 Agosto 2013
El conflicto entre el gremio La Bancaria Tucumán y la Intervención de la Caja Popular de Ahorros (CPA), dirigida por Armando Cortalezzi, será el centro de la polémica en plena jornada de huelga. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Bancaria, entidad sindical madre, y se concretará en el resto del país durante las últimas tres horas de atención al público, en contra de la desvinculación de 33 empleados y el incumplimiento de la CPA en etapa de Conciliación Obligatoria. En Tucumán, en cambio, se llevará adelante un paro en jornada completa, por lo que la actividad en las sucursales estará paralizada hasta el martes.
La dirigencia de la filial local de La Bancaria afirmó que la huelga en la provincia tendría una adhesión significativa, tanto en los bancos privados como públicos radicados en la provincia. Eduardo Bourlé, secretario general, enfatizó ayer que la protesta de hoy incluirá una movilización por el microcentro de la ciudad y una concentración en la casa central de la Caja Popular. "Hubo fuerte presión desde la Intervención y a través los gerentes de las sucursales para que los trabajadores no paren mañana (por hoy)", acusó el sindicalista.
Cortalezzi salió al cruce de los anuncios y afirmó que la atención en la CPA "será normal". "Los empleados no se plegarán a la medida de fuerza porque no hay motivos para realizar un paro. Se pagan los sueldos al día y no hubo despidos. Como siempre lo dije, son contratos que no fueron renovados porque esas personas dejaron de cumplir con el trabajo específico para el cual habían sido contratados", expresó el interventor.
"Los trabajadores de la Caja Popular no pararemos porque no tenemos motivos para hacerlo y porque no admitimos la violencia y el maltrato. Queremos trabajar unidos y en paz. Los empleados del Banco Tucumán y del Banco Nación tampoco adherirán", expresó en la misma línea Julio Baigorria, vocero de la lista opositora a Sergio Palazzo, electo secretario general en las últimas elecciones de la Asociación Bancaria nacional.
El Ministerio de Trabajo de la Nación llamó a Conciliación Obligatoria a las partes en julio, debido a la profundización del conflicto. Ante la ausencia de sus representantes, la cartera oficial intimó a la Caja Popular, mediante una resolución, a dar "estricto" cumplimiento del proceso legal; es decir, exigió a la institución tucumana que suspenda las "cesantías" y que otorgue "tareas de manera normal y habitual a los empleados". El ministerio advirtió que en caso de otro incumplimiento, "procederá a aplicar las sanciones".
Ante el paro, las gerencias de los bancos afirmaron que están previstas recargas "consistentes" para asegurar el servicio en los cajeros automáticos hasta el martes.
La dirigencia de la filial local de La Bancaria afirmó que la huelga en la provincia tendría una adhesión significativa, tanto en los bancos privados como públicos radicados en la provincia. Eduardo Bourlé, secretario general, enfatizó ayer que la protesta de hoy incluirá una movilización por el microcentro de la ciudad y una concentración en la casa central de la Caja Popular. "Hubo fuerte presión desde la Intervención y a través los gerentes de las sucursales para que los trabajadores no paren mañana (por hoy)", acusó el sindicalista.
Cortalezzi salió al cruce de los anuncios y afirmó que la atención en la CPA "será normal". "Los empleados no se plegarán a la medida de fuerza porque no hay motivos para realizar un paro. Se pagan los sueldos al día y no hubo despidos. Como siempre lo dije, son contratos que no fueron renovados porque esas personas dejaron de cumplir con el trabajo específico para el cual habían sido contratados", expresó el interventor.
"Los trabajadores de la Caja Popular no pararemos porque no tenemos motivos para hacerlo y porque no admitimos la violencia y el maltrato. Queremos trabajar unidos y en paz. Los empleados del Banco Tucumán y del Banco Nación tampoco adherirán", expresó en la misma línea Julio Baigorria, vocero de la lista opositora a Sergio Palazzo, electo secretario general en las últimas elecciones de la Asociación Bancaria nacional.
El Ministerio de Trabajo de la Nación llamó a Conciliación Obligatoria a las partes en julio, debido a la profundización del conflicto. Ante la ausencia de sus representantes, la cartera oficial intimó a la Caja Popular, mediante una resolución, a dar "estricto" cumplimiento del proceso legal; es decir, exigió a la institución tucumana que suspenda las "cesantías" y que otorgue "tareas de manera normal y habitual a los empleados". El ministerio advirtió que en caso de otro incumplimiento, "procederá a aplicar las sanciones".
Ante el paro, las gerencias de los bancos afirmaron que están previstas recargas "consistentes" para asegurar el servicio en los cajeros automáticos hasta el martes.
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