21 Agosto 2013
BUENOS AIRES. - El fiscal federal Carlos Rívolo insistió con el pedido para que el juez federal Sebastián Casanello cite a declaración indagatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (2003-2009), además de una decena de familiares y allegados.
La solicitud se produjo luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de su defensa para que sea declarado "inconstitucional" el artículo del Código Penal que define el delito de "enriquecimiento ilícito". Es la sexta vez que el fiscal Rívolo pide la indagatoria de Jaime en los cinco años que lleva la causa: cuatro ante el juez federal Norberto Oyarbide, y ahora dos ante Casanello, que ascendió a juez federal durante la presidencia de Cristina Fernández. Una pericia del cuerpo de contadores de la Corte Suprema determinó que tanto Jaime como sus familiares no pudieron demostrar el crecimiento del patrimonio -incluye casas, departamentos, hostales, vehículos de alta gama, entre otros-. El enriquecimiento ilícito es un delito para el que el artículo 268 (2) del Código Penal establece que "será reprimido con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua".
Además de esta causa, Jaime está procesado y camino a juicio oral en otras tres causas: por dádivas (haber recibido favores de empresarios del transporte a los que debía controlar), por la tragedia ferroviaria de Once, y por supuesto ocultamiento de pruebas en Córdoba. (DyN)
La solicitud se produjo luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de su defensa para que sea declarado "inconstitucional" el artículo del Código Penal que define el delito de "enriquecimiento ilícito". Es la sexta vez que el fiscal Rívolo pide la indagatoria de Jaime en los cinco años que lleva la causa: cuatro ante el juez federal Norberto Oyarbide, y ahora dos ante Casanello, que ascendió a juez federal durante la presidencia de Cristina Fernández. Una pericia del cuerpo de contadores de la Corte Suprema determinó que tanto Jaime como sus familiares no pudieron demostrar el crecimiento del patrimonio -incluye casas, departamentos, hostales, vehículos de alta gama, entre otros-. El enriquecimiento ilícito es un delito para el que el artículo 268 (2) del Código Penal establece que "será reprimido con prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua".
Además de esta causa, Jaime está procesado y camino a juicio oral en otras tres causas: por dádivas (haber recibido favores de empresarios del transporte a los que debía controlar), por la tragedia ferroviaria de Once, y por supuesto ocultamiento de pruebas en Córdoba. (DyN)
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