Medio centenar de letrados compite por una fiscalía

Del concurso múltiple y multitudinario organizado por la Procuración General de la Nación saldrá el o la titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Tucumán. Este despacho permanece vacante desde diciembre de 2010, cuando el fiscal federal Carlos Brito pasó a la Fiscalía Federal Nº1, que estaba acéfala por la renuncia con fines jubilatorios de Emilio Ferrer.

El proceso de selección número 96 convocado este año por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, pretende normalizar cinco despachos de primera instancia. Además del de Tucumán, están en juego oficinas en Villa María (Córdoba), San Juan, Santiago del Estero y Tartagal (Salta).

En julio y tras el vencimiento del plazo de inscripción de interesados, la Procuración publicó un listado con 89 inscriptos correspondiente al conjunto de las fiscalías. Más de la mitad de esa nómina, 55 letrados, compiten por la plaza tucumana; a su vez, 48 de ellos se anotaron también para alguna o algunas de las otras unidades vacantes. O, visto a la inversa, sólo siete postulantes expresaron un interés exclusivo en el cargo que perteneció a Brito.

El supuesto especial
Entre los inscriptos están Pablo Camuña y Patricio Rovira, fiscales federales ad hoc para los casos vinculados a delitos de lesa humanidad y miembros de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Ambos fueron designados -discrecionalmente- en esos puestos en 2010 por Esteban Righi, ex procurador general de la Nación, y por petición expresa de Jorge Eduardo Auat, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

Auat, a su vez, fue nombrado presidente del jurado que supervisará el desarrollo del concurso 96. Pero terminó apartándose del tribunal con el argumento de que un ex secretario suyo, Carlos Martín Amad, competía por los despachos de Santiago del Estero y Villa María. Auat invocó el artículo 26 del reglamento aplicable a los concursos del Ministerio Público Fiscal, que prescribe que los jurados especialmente deben excusarse en el caso de que alguna de las personas inscriptas labore bajo su órbita directa de actuación antes o durante la sustanciación del proceso de selección.

Tras aceptar las excusaciones de Auat, y de los jurados Ricardo C. M. Alvarez y Maximiliano Hairabedián (los dos últimos también expresaron la causal del artículo 26), Gils Carbó resolvió conformar el tribunal con los fiscales Eduardo E. Casal (titular), Daniel Adler, Adrián M. Gentili, Guillermo F. Noailles y Alberto G. Lozada.

El listado de inscriptos confeccionado por la Procuración incluye, además, a un buen número de funcionarios de la Justicia Federal de Tucumán, como Gustavo Gimena (secretario de la Procuración General de la Nación asignado a la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán); Virginia Duffy (secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1); José Manuel Díaz Vélez (secretario de la Fiscalía Federal Nº1) y Wendy Kassar (secretaria de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán). También se anotó en este concurso Bernardo Lobo Bugeau, abogado del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación).

Los postulantes rendirán la prueba escrita eliminatoria el miércoles de la semana próxima. El concurso prosigue con un examen oral y la calificación de los antecedentes. Vencidos los plazos para impugnar los resultados (y tramitadas las eventuales impugnaciones), el jurado ha de confeccionar un dictamen final. Los postulantes que logren entrar en las ternas y listas complementarias deben acreditar su aptitud psicofísica. Cumplido ese paso, la Procuración General de la Nación queda habilitada para elevar las propuestas al Poder Ejecutivo de la Nación, que ha de escoger un nombre entre los finalistas y enviar un pliego por cargo al Senado con el objeto de que la designación reciba el acuerdo previsto en la Constitución Nacional.