Por Roberto Delgado
20 Septiembre 2013
El robo de 2.100 dólares y 8.000 pesos a las víctimas mortales del accidente en la Cuesta del 25, el 10 de septiembre, fue increíble. Tras la revisión de los cuerpos y de sus pertenencias, de los vehículos y sus daños, todo fue entregado por Criminalística a la comisaría de El Cadillal. Allí desapareció todo el dinero (eran muchos más dólares: exactamente 100 billetes de U$S 100) y todo se supo porque los parientes de las víctimas, que eran de Salta, advirtieron días después lo que faltaba. Cuando el fiscal IV, Diego López Avila, pidió a la comisaría que explique lo ocurrido con el dinero, apareció una parte de los dólares. Pero lo que el ladronzuelo no contaba fue que había un informe del médico de Criminalística que no sólo había sacado una foto de la riñonera de la víctima con el dinero, sino que lo contó, para evitar la rapiña. Hoy está detenido el comisario de El Cadillal por ese hecho.
Este policía encaja perfectamente dentro de lo que los funcionarios -el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, y el jefe de la fuerza, Jorge Racedo, llaman "manzanas podridas", cuando afirman que van a ser inflexibles, que tendrán "tolerancia cero" con los policías que delincan. Pero este policía se suma a demasiados casos que tomaron estado público en los últimos meses. El más notorio es el intento de coima a un agricultor chaqueño a quien agentes de la Brigada Norte le pidieron 30.000 pesos en un control en la ruta 9, en un confuso episodio que tiene más interrogantes que certezas y que derivó en la separación y detención de 10 efectivos y en la caída en desgracia de un alto comisario. Pero no es el único: está la detención de dos policías de La Reducción por presionar a dos motociclistas infractores para sacar plata de un cajero; también la de un agente que fue denunciado de haber pedido dinero al empleado de un frigorífico de Alderetes para no iniciarle una causa por drogas; y la de un hombre detenido y golpeado en la Ciudadela por tres agentes. Y si se quiere abundar, se pueden mencionar las causas de los policías sacapresos que mandaban detenidos a robar (los más conocidos son los de los robos en los countries Cerro Azul y del Jockey), por las que hubo 18 allanamientos a casas de policías. El fiscal López Avila tiene al menos seis investigaciones contra policías por corrupción de este año; también tienen similares pesquisas resonantes los fiscales Washington Navarro Dávila, Adriana Giannoni y Mercedes Carrizo. Los cuatro tienen problemas para investigar a policías. De hecho, la fuga de cuatro detenidos de la Brigada de Investigaciones, hace cuatro días, no fue comunicada a la Justicia con la excusa de que se estaba haciendo un sumario "para deslindar responsabilidades" antes de informar. No se conoce si los otros cinco fiscales de la capital tienen pesquisas similares.
Mientras tanto, en el Ministerio de Seguridad Ciudadana diseñan planes. Anunciaron un programa de prevención del delito financiado por el BID; sugirieron que incorporarán pistolas eléctricas para uso de los agentes; cambiaron los uniformes de los policías y en 15 días más empezará a funcionar el servicio de emergencias 911, para lo cual sacaron los agentes de las comisarías (de los 80 policías que tenían con la última reforma les quedaron cinco agentes por guardia) y los incorporaron al sistema de respuesta con autos y motos. Y acaban de anunciar el traslado de la brigada y cambio de jefes.
La comunidad y la misma policía están expectantes. Hofer sabe que hay resistencia y escepticismo, y oleadas de rumores sobre los uniformes y sobre la cúpula policial. Y en medio de la sorpresa de que haya tanta corrupción, nadie puede explicar si los cambios propuestos llegarán a funcionar en una fuerza sacudida por las malas prácticas.
Este policía encaja perfectamente dentro de lo que los funcionarios -el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, y el jefe de la fuerza, Jorge Racedo, llaman "manzanas podridas", cuando afirman que van a ser inflexibles, que tendrán "tolerancia cero" con los policías que delincan. Pero este policía se suma a demasiados casos que tomaron estado público en los últimos meses. El más notorio es el intento de coima a un agricultor chaqueño a quien agentes de la Brigada Norte le pidieron 30.000 pesos en un control en la ruta 9, en un confuso episodio que tiene más interrogantes que certezas y que derivó en la separación y detención de 10 efectivos y en la caída en desgracia de un alto comisario. Pero no es el único: está la detención de dos policías de La Reducción por presionar a dos motociclistas infractores para sacar plata de un cajero; también la de un agente que fue denunciado de haber pedido dinero al empleado de un frigorífico de Alderetes para no iniciarle una causa por drogas; y la de un hombre detenido y golpeado en la Ciudadela por tres agentes. Y si se quiere abundar, se pueden mencionar las causas de los policías sacapresos que mandaban detenidos a robar (los más conocidos son los de los robos en los countries Cerro Azul y del Jockey), por las que hubo 18 allanamientos a casas de policías. El fiscal López Avila tiene al menos seis investigaciones contra policías por corrupción de este año; también tienen similares pesquisas resonantes los fiscales Washington Navarro Dávila, Adriana Giannoni y Mercedes Carrizo. Los cuatro tienen problemas para investigar a policías. De hecho, la fuga de cuatro detenidos de la Brigada de Investigaciones, hace cuatro días, no fue comunicada a la Justicia con la excusa de que se estaba haciendo un sumario "para deslindar responsabilidades" antes de informar. No se conoce si los otros cinco fiscales de la capital tienen pesquisas similares.
Mientras tanto, en el Ministerio de Seguridad Ciudadana diseñan planes. Anunciaron un programa de prevención del delito financiado por el BID; sugirieron que incorporarán pistolas eléctricas para uso de los agentes; cambiaron los uniformes de los policías y en 15 días más empezará a funcionar el servicio de emergencias 911, para lo cual sacaron los agentes de las comisarías (de los 80 policías que tenían con la última reforma les quedaron cinco agentes por guardia) y los incorporaron al sistema de respuesta con autos y motos. Y acaban de anunciar el traslado de la brigada y cambio de jefes.
La comunidad y la misma policía están expectantes. Hofer sabe que hay resistencia y escepticismo, y oleadas de rumores sobre los uniformes y sobre la cúpula policial. Y en medio de la sorpresa de que haya tanta corrupción, nadie puede explicar si los cambios propuestos llegarán a funcionar en una fuerza sacudida por las malas prácticas.