25 Septiembre 2013
EN APUROS. La Corte falló contra los jueces Piedrabuena y Romero Lascano. LA GACETA / FOTO DE JUAN PABLO SANCHEZ NOLI (ARCHIVO)
El oficialismo está decidido a relanzar el juicio contra dos de los tres magistrados que absolvieron a los 13 imputados en el caso "Marita Verón". Con ese propósito, el Jury de Enjuiciamiento volverá a reunirse una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia (CSJT) notifique del fallo firmado el miércoles pasado, mediante el que avaló la conformación del órgano que tiene a su cargo la destitución de magistrados.
La semana pasada, el máximo tribunal declaró constitucional el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que había sido cuestionado por los vocales de la sala II de la Cámara Penal Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena. El tercer integrante de esa sala, Emilio Herrera Molina, logró jubilarse luego de un extenso pleito judicial.
Los vocales de la sala II habían apuntado contra una acordada de la CSJT que designó a los vocales Daniel Posse y René Goane para el Jury, aunque formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), funciones incompatibles, según la Constitución de Tucumán. También cuestionaban el decreto del Poder Ejecutivo (PE) que nombró como su representante en ese Jurado al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, ya que la Carta Magna, en su artículo 126, impide que el Jury sea integrado por el gobernador y vice. Con esos planteos, complementados con una medida cautelar, habían logrado paralizar en abril el proceso de destitución en su contra, iniciado a partir de una denuncia por presunto mal desempeño en sus funciones de Susana Trimarco.
Alternativas
Tras conocer el revés en la CSJT, el juez Romero Lascano adelantó a LA GACETA que recurrirían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente, los magistrados pueden solicitar a la Corte local que habilite el recurso extraordinario ante el máximo tribunal de Justicia del país. Si la CSJT no hace lugar, a Piedrabuena y a Romero Lascano les queda aún la vía de una queja por recurso extraordinario denegado.
No obstante, en el oficialismo la decisión tomada es imprimir celeridad a las acciones dentro del Jury. Esto implica que cuando la Corte local notifique al órgano sobre la sentencia firmada el miércoles, el próximo paso será la convocatoria dentro de 48 horas hábiles a una audiencia en la que se correrá traslado de la acusación a los dos magistrados. Lo único que -interpretan en el alperovichismo- podría frenar el embate sería el dictado de una nueva medida cautelar, a instancia de los jueces.
El año pasado, tras una década de instrucción, la causa "Marita" llegó a juicio. En diciembre, los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron por unanimidad a los 13 acusados, por faltas de pruebas. La madre de la víctima denunció a los magistrados en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Este comité, presidido por el alperovichista Sisto Terán Nougués, dio vía libre a la acusación, con un voto en contra.
Tras esto, el expediente pasó al Jurado de Enjuiciamiento integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados matriculados. Sin embargo, Romero Lascano acudió a la Justicia para objetar los actos de integración de ese instituto, incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006. Luego, Piedrabuena adhirió a esa presentación.
Este magistrado, además, presentó su renuncia para jubilarse. Sin embargo, el PE se la rechazó. Piedrabuena acudió a la Justicia y obtuvo un fallo favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Como el Ejecutivo apeló, la Corte debe resolver su situación.
La semana pasada, el máximo tribunal declaró constitucional el Jurado de Enjuiciamiento, órgano que había sido cuestionado por los vocales de la sala II de la Cámara Penal Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena. El tercer integrante de esa sala, Emilio Herrera Molina, logró jubilarse luego de un extenso pleito judicial.
Los vocales de la sala II habían apuntado contra una acordada de la CSJT que designó a los vocales Daniel Posse y René Goane para el Jury, aunque formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), funciones incompatibles, según la Constitución de Tucumán. También cuestionaban el decreto del Poder Ejecutivo (PE) que nombró como su representante en ese Jurado al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, ya que la Carta Magna, en su artículo 126, impide que el Jury sea integrado por el gobernador y vice. Con esos planteos, complementados con una medida cautelar, habían logrado paralizar en abril el proceso de destitución en su contra, iniciado a partir de una denuncia por presunto mal desempeño en sus funciones de Susana Trimarco.
Alternativas
Tras conocer el revés en la CSJT, el juez Romero Lascano adelantó a LA GACETA que recurrirían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Efectivamente, los magistrados pueden solicitar a la Corte local que habilite el recurso extraordinario ante el máximo tribunal de Justicia del país. Si la CSJT no hace lugar, a Piedrabuena y a Romero Lascano les queda aún la vía de una queja por recurso extraordinario denegado.
No obstante, en el oficialismo la decisión tomada es imprimir celeridad a las acciones dentro del Jury. Esto implica que cuando la Corte local notifique al órgano sobre la sentencia firmada el miércoles, el próximo paso será la convocatoria dentro de 48 horas hábiles a una audiencia en la que se correrá traslado de la acusación a los dos magistrados. Lo único que -interpretan en el alperovichismo- podría frenar el embate sería el dictado de una nueva medida cautelar, a instancia de los jueces.
El año pasado, tras una década de instrucción, la causa "Marita" llegó a juicio. En diciembre, los jueces Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano absolvieron por unanimidad a los 13 acusados, por faltas de pruebas. La madre de la víctima denunció a los magistrados en la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Este comité, presidido por el alperovichista Sisto Terán Nougués, dio vía libre a la acusación, con un voto en contra.
Tras esto, el expediente pasó al Jurado de Enjuiciamiento integrado por representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados matriculados. Sin embargo, Romero Lascano acudió a la Justicia para objetar los actos de integración de ese instituto, incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006. Luego, Piedrabuena adhirió a esa presentación.
Este magistrado, además, presentó su renuncia para jubilarse. Sin embargo, el PE se la rechazó. Piedrabuena acudió a la Justicia y obtuvo un fallo favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Como el Ejecutivo apeló, la Corte debe resolver su situación.