17 Noviembre 2013
BUENOS AIRES.- La Iglesia Católica asumió un protagonismo inusual en tres frentes de la realidad que los obispos consideran "preocupantes": los peligros por el avance del narcotráfico, la reforma al Código Civil que apura el kirchnerismo y el cuidado integral del medio ambiente. Todo en un contexto de creciente intolerancia religiosa, con una seguidilla de ataques vandálicos y profanaciones a templos cristianos.
Un clima enrarecido además por los incidentes en la catedral de Buenos Aires, donde un grupo de fanáticos ultracatólicos, con sesgo antisemita y fuera de la comunión con Roma, quiso echar por tierra la tradición argentina de coexistencia entre los credos y diálogo interreligioso que tanto promovió el papa Francisco.
En este marco, la Iglesia reinstaló en la agenda la discusión en torno a la lucha contra el narcotráfico, tras difundir un severo documento en el que denunció la "ausencia del Estado" en el combate contra "las mafias" de la droga y la complicidad con el delito de políticos, jueces y fuerzas de seguridad.
"No estamos exagerando ni sobreactuando, el problema es realmente grave. Salvo algunos, la mayoría comprende la gravedad del avance sin control del crimen organizado", aseveró el obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal Pastoral Social, tras la repercusión del pronunciamiento.
En esta línea de reclamos, en ambientes eclesiásticos se aplaudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de exigirle al Gobierno que arbitre "de modo urgente" acciones para luchar contra el narcotráfico y otros delitos vinculados, sobre todo en Salta, Jujuy y Tucumán.
La semana no dejó de ser agitada para los obispos, que siguieron con atención los trabajos de la Comisión Bicameral por la reforma del Código Civil, cuyo debate es criticado por sectores de la oposición a raíz del "apuro" del kirchnerismo para aprobarlo antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.
El predictamen del oficialismo introdujo 172 modificaciones al proyecto original que redactó un grupo de "notables" que encabezó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dando lugar a algunos reclamos de la Iglesia y manteniendo otros, sobre todo referidos a derechos de familia.
La iniciativa elimina el alquiler de vientres, pero mantiene la fecundación post morten; precisa que la vida comienza en la concepción pero no deja claro el status de los embriones congelados; y confirma la aceleración del trámite para el divorcio y las adopciones.
Los obispos no se pronunciaron de momento sobre los cambios, aunque fuentes eclesiásticas confiaron a DyN que "a primera vista tiene gusto a poco", por lo que esperan "más modificaciones" antes de su aprobación y que el debate se prolongue en el tiempo.
En tanto, el Episcopado tiene listo para difundir un estudio aprobado en el plenario sobre el cuidado del medio ambiente, que se presentará en breve a modo de libro y cuyo título tentativa sería "La tierra, nuestra casa común".
En ese trabajo, al que DyN tuvo acceso, la Iglesia denuncia los problemas que provocan la "industrialización salvaje", con sus desechos orgánicos y químicos, y la explotación "descontrolada" del campo.
Además, alerta sobre los "peligros" de las industrias extractivas de recursos y la extranjerización de la propiedad de la tierra, reivindica el derecho de las comunidades originarias a sus territorios y advierte sobre la ocupación ilegal de terrenos urbanos destinados a viviendas sociales. (DyN)
Un clima enrarecido además por los incidentes en la catedral de Buenos Aires, donde un grupo de fanáticos ultracatólicos, con sesgo antisemita y fuera de la comunión con Roma, quiso echar por tierra la tradición argentina de coexistencia entre los credos y diálogo interreligioso que tanto promovió el papa Francisco.
En este marco, la Iglesia reinstaló en la agenda la discusión en torno a la lucha contra el narcotráfico, tras difundir un severo documento en el que denunció la "ausencia del Estado" en el combate contra "las mafias" de la droga y la complicidad con el delito de políticos, jueces y fuerzas de seguridad.
"No estamos exagerando ni sobreactuando, el problema es realmente grave. Salvo algunos, la mayoría comprende la gravedad del avance sin control del crimen organizado", aseveró el obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal Pastoral Social, tras la repercusión del pronunciamiento.
En esta línea de reclamos, en ambientes eclesiásticos se aplaudió la decisión de la Corte Suprema de Justicia de exigirle al Gobierno que arbitre "de modo urgente" acciones para luchar contra el narcotráfico y otros delitos vinculados, sobre todo en Salta, Jujuy y Tucumán.
La semana no dejó de ser agitada para los obispos, que siguieron con atención los trabajos de la Comisión Bicameral por la reforma del Código Civil, cuyo debate es criticado por sectores de la oposición a raíz del "apuro" del kirchnerismo para aprobarlo antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.
El predictamen del oficialismo introdujo 172 modificaciones al proyecto original que redactó un grupo de "notables" que encabezó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dando lugar a algunos reclamos de la Iglesia y manteniendo otros, sobre todo referidos a derechos de familia.
La iniciativa elimina el alquiler de vientres, pero mantiene la fecundación post morten; precisa que la vida comienza en la concepción pero no deja claro el status de los embriones congelados; y confirma la aceleración del trámite para el divorcio y las adopciones.
Los obispos no se pronunciaron de momento sobre los cambios, aunque fuentes eclesiásticas confiaron a DyN que "a primera vista tiene gusto a poco", por lo que esperan "más modificaciones" antes de su aprobación y que el debate se prolongue en el tiempo.
En tanto, el Episcopado tiene listo para difundir un estudio aprobado en el plenario sobre el cuidado del medio ambiente, que se presentará en breve a modo de libro y cuyo título tentativa sería "La tierra, nuestra casa común".
En ese trabajo, al que DyN tuvo acceso, la Iglesia denuncia los problemas que provocan la "industrialización salvaje", con sus desechos orgánicos y químicos, y la explotación "descontrolada" del campo.
Además, alerta sobre los "peligros" de las industrias extractivas de recursos y la extranjerización de la propiedad de la tierra, reivindica el derecho de las comunidades originarias a sus territorios y advierte sobre la ocupación ilegal de terrenos urbanos destinados a viviendas sociales. (DyN)
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