03 Diciembre 2013
A 14 meses de la presentación de una denuncia penal en contra del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, requirió informes a la Fiscalía de Instrucción Penal de la VII Nominación sobre el actual estado del expediente.
El 19 de noviembre, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) le había solicitado al titular del máximo tribunal un pedido de audiencia. Al mismo tiempo, le había expresado por escrito su malestar por el escaso movimiento que tuvo el expediente desde que ingresó a tribunales, en agosto de 2012.
"Como es de público conocimiento, a un año de la denuncia, la causa ya pasó por tres fiscales de instrucción (Adriana Reinoso Cuello, Washington Navarro Dávila y Arnoldo Suasnábar) sin que surgiera actividad relevante. Esta situación genera una gravedad institucional sin precedentes. Más aún, teniendo en cuenta que el fiscal actuante ha declarado en el expediente ser amigo personal de Brito", se había quejado la denunciante.
A raíz de esta instancia epistolar, Gandur le requirió toda la documentación al fiscal Suasnábar para interiorizarse sobre los últimos movimientos de la causa que tomó estado público el año pasado, a raíz de varias publicaciones de LA GACETA. A mediados de la semana pasada, Suasnábar le respondió al presidente de la Corte, también por escrito. En cuatro carillas, el funcionario judicial le aclaró a Gandur que a raíz de su amistad íntima con Brito (comprendido en las causales de inhibición del artículo 60, inciso 9 del Código Procesal Penal de Tucumán) él se había excusado de actuar. Y que, tras el rechazo a su excusación, continuó con la investigación.
En el documento remitido al magistrado, Suasnábar enumeró una serie de medidas puntuales que tomó desde que llegó el expediente a sus manos. Detalló que libró oficios a la DAU para que la repartición estatal le informe sobre los cotejos de precios que realizó en una centena de obras públicas, en el marco de la Ley Nº 7.960. También informó que libró un oficio al Tribunal de Cuentas (TC) para que informe -en carácter de urgente- cuál fue la documentación exigida a la DAU para la rendición de cuentas. El fiscal de la VII Nominación dijo que también envió un oficio al Banco Central de la República Argentina para saber si Domingo Corbalán (el choripanero que facturó $ 2,5 millones) posee cuentas bancarias.
El 19 de noviembre, la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR) le había solicitado al titular del máximo tribunal un pedido de audiencia. Al mismo tiempo, le había expresado por escrito su malestar por el escaso movimiento que tuvo el expediente desde que ingresó a tribunales, en agosto de 2012.
"Como es de público conocimiento, a un año de la denuncia, la causa ya pasó por tres fiscales de instrucción (Adriana Reinoso Cuello, Washington Navarro Dávila y Arnoldo Suasnábar) sin que surgiera actividad relevante. Esta situación genera una gravedad institucional sin precedentes. Más aún, teniendo en cuenta que el fiscal actuante ha declarado en el expediente ser amigo personal de Brito", se había quejado la denunciante.
A raíz de esta instancia epistolar, Gandur le requirió toda la documentación al fiscal Suasnábar para interiorizarse sobre los últimos movimientos de la causa que tomó estado público el año pasado, a raíz de varias publicaciones de LA GACETA. A mediados de la semana pasada, Suasnábar le respondió al presidente de la Corte, también por escrito. En cuatro carillas, el funcionario judicial le aclaró a Gandur que a raíz de su amistad íntima con Brito (comprendido en las causales de inhibición del artículo 60, inciso 9 del Código Procesal Penal de Tucumán) él se había excusado de actuar. Y que, tras el rechazo a su excusación, continuó con la investigación.
En el documento remitido al magistrado, Suasnábar enumeró una serie de medidas puntuales que tomó desde que llegó el expediente a sus manos. Detalló que libró oficios a la DAU para que la repartición estatal le informe sobre los cotejos de precios que realizó en una centena de obras públicas, en el marco de la Ley Nº 7.960. También informó que libró un oficio al Tribunal de Cuentas (TC) para que informe -en carácter de urgente- cuál fue la documentación exigida a la DAU para la rendición de cuentas. El fiscal de la VII Nominación dijo que también envió un oficio al Banco Central de la República Argentina para saber si Domingo Corbalán (el choripanero que facturó $ 2,5 millones) posee cuentas bancarias.
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