04 Diciembre 2013
POSTAL DE 2006. En el viejo recinto, Domingo Amaya (izquierda) habla y sonríe en una charla con sus “compañeros”, Juan Manzur y Roque Cativa. LA GACETA / ARCHIVO
- ¿Usted se acuerda haber recibido dinero como convencional constituyente?
- No recibí dinero como convencional constituyente. Íbamos a las reuniones, trabajábamos con los textos de la Constitución y nada más.
- ¿Se acuerda haber firmando algún recibo?
-No firmé nada, ni me dieron dinero. Me acuerdo que me pusieron dos personas de la misma Cámara, no me acuerdo los nombres ahora. Ellos se encargaban de asesorarnos en los temas jurídicos y en realizar el trabajo administrativo.
Quien responde las preguntas de LA GACETA es el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, uno de los 40 convencionales que trabajó en la reforma constitucional de 2006. El jefe municipal integraba la bancada alperovichista, que tenía holgada mayoría (32 de las bancas eran del PJ). Y a dos semanas de que tomaran estado público recibos firmados por constituyentes para gastos administrativos, el referente peronista agregó una cuota más de misterio al manejo de los recursos de la Convención Constituyente (CC).
A siete años de la modificación de la Carta Magna, no está claro todavía cuánto dinero insumió esa labor, que comenzó en marzo de 2006 y en junio siguiente. En 2007, el gobernador, José Alperovich, convalidó mediante el decreto N° 1.039 (MGyJ) erogaciones por $ 1,8 millón, realizadas por la CC, para gastos administrativos. La semana pasada, este diario le consultó al entonces presidente del cuerpo, Juan Manzur (actual ministro de Salud de la Nación), si esos habían sido todos los fondos insumidos en la labor de la reforma. “Entiendo yo que sí; digamos, no recuerdo, fue... hace tiempo ya, y toda la documentación respaldatoria de lo que se aprobó quedó en manos de la estructura administrativa”, señaló el vicegobernador tucumano en uso de licencia. Entre los recibos que publicó LA GACETA aparecen cinco firmados por Manzur, por un total de $ 735.000. “Fueron todos recursos invertidos en el andamiaje de una reforma”, aclaró.
No está claro tampoco cómo era el sistema de distribución de montos, según la información que pudo recopilar este diario. La ley N° 7.469/4, que convocó la reforma y estableció sus límites (por ejemplo, se habilitó la reelección para cargos ejecutivos y legislativos provinciales), indicaba que el cargo de convencional era ad honórem. El cuerpo podía sin embargo efectuar erogaciones con fines administrativos, aclaraba la norma.
El reglamento interno de la Convención marcaba que la Presidencia era la encargada de estos gastos operativos, y también daba injerencia a la Secretaría de la Constituyente (a cargo de Silvio Manservigi) en este asunto.
Entre los documentos de pago a los que accedió este diario aparece el jefe del bloque oficialista en la CC, Rodolfo Ocaranza, quien puso su rúbrica en siete recibos por un total de $ 1,2 millón. “Toda erogación que realizó cualquiera de los convencionales de mi bloque fue a través de mi gestión ante las autoridades y con el debido respaldo legal”, apuntó el referente del jurismo.
La distribución de estos fondos parece no haber sido equitativa entre los 32 peronistas. El ex legislador Oscar Godoy, por ejemplo, firmó recibos por $ 30.000; los actuales parlamentarios Alejandro Martínez y Adriana Nájar negaron haber cobrado en la CC para estas erogaciones, pero sus rúbricas aparece en comprobantes por un total de $ 28.000 en el caso del taficeño, y de $ 12.000 en el de la talitense. El secretario del bloque del PJ, Mario Humoller (no era convencional) manejó $ 43.000. Y el hoy intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, aparece en esa lista, con $ 15.000.
Los representantes del Partido Obrero en aquella CC, Daniel Blanco y Martín Correa, relataron que se les hizo entrega de sólo $ 5.000 para los tres meses de trabajo. Y Participación Cívica, bloque aliado al alperovichismo, obtuvo $ 84.000 a través de su jefe de bancada, Carlos Courel. Todos estos (salvo Martínez y Nájar, que negaron haber manejado recursos) explicaron que ese dinero fue destinado al pago de asesores y otros costos operativos de la CC.
El misterio está en que Amaya y la legisladora que responde a su espacio, Beatriz Ávila, negaron haber recibido fondos para asuntos administrativos. Incluso, ambos dirigentes de este sector peronista aseguran que desconocían la existencia de dineros con esos fines. Ellos, en aquel momento, estaban alineados con el alperovichismo.
- No recibí dinero como convencional constituyente. Íbamos a las reuniones, trabajábamos con los textos de la Constitución y nada más.
- ¿Se acuerda haber firmando algún recibo?
-No firmé nada, ni me dieron dinero. Me acuerdo que me pusieron dos personas de la misma Cámara, no me acuerdo los nombres ahora. Ellos se encargaban de asesorarnos en los temas jurídicos y en realizar el trabajo administrativo.
Quien responde las preguntas de LA GACETA es el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, uno de los 40 convencionales que trabajó en la reforma constitucional de 2006. El jefe municipal integraba la bancada alperovichista, que tenía holgada mayoría (32 de las bancas eran del PJ). Y a dos semanas de que tomaran estado público recibos firmados por constituyentes para gastos administrativos, el referente peronista agregó una cuota más de misterio al manejo de los recursos de la Convención Constituyente (CC).
A siete años de la modificación de la Carta Magna, no está claro todavía cuánto dinero insumió esa labor, que comenzó en marzo de 2006 y en junio siguiente. En 2007, el gobernador, José Alperovich, convalidó mediante el decreto N° 1.039 (MGyJ) erogaciones por $ 1,8 millón, realizadas por la CC, para gastos administrativos. La semana pasada, este diario le consultó al entonces presidente del cuerpo, Juan Manzur (actual ministro de Salud de la Nación), si esos habían sido todos los fondos insumidos en la labor de la reforma. “Entiendo yo que sí; digamos, no recuerdo, fue... hace tiempo ya, y toda la documentación respaldatoria de lo que se aprobó quedó en manos de la estructura administrativa”, señaló el vicegobernador tucumano en uso de licencia. Entre los recibos que publicó LA GACETA aparecen cinco firmados por Manzur, por un total de $ 735.000. “Fueron todos recursos invertidos en el andamiaje de una reforma”, aclaró.
No está claro tampoco cómo era el sistema de distribución de montos, según la información que pudo recopilar este diario. La ley N° 7.469/4, que convocó la reforma y estableció sus límites (por ejemplo, se habilitó la reelección para cargos ejecutivos y legislativos provinciales), indicaba que el cargo de convencional era ad honórem. El cuerpo podía sin embargo efectuar erogaciones con fines administrativos, aclaraba la norma.
El reglamento interno de la Convención marcaba que la Presidencia era la encargada de estos gastos operativos, y también daba injerencia a la Secretaría de la Constituyente (a cargo de Silvio Manservigi) en este asunto.
Entre los documentos de pago a los que accedió este diario aparece el jefe del bloque oficialista en la CC, Rodolfo Ocaranza, quien puso su rúbrica en siete recibos por un total de $ 1,2 millón. “Toda erogación que realizó cualquiera de los convencionales de mi bloque fue a través de mi gestión ante las autoridades y con el debido respaldo legal”, apuntó el referente del jurismo.
La distribución de estos fondos parece no haber sido equitativa entre los 32 peronistas. El ex legislador Oscar Godoy, por ejemplo, firmó recibos por $ 30.000; los actuales parlamentarios Alejandro Martínez y Adriana Nájar negaron haber cobrado en la CC para estas erogaciones, pero sus rúbricas aparece en comprobantes por un total de $ 28.000 en el caso del taficeño, y de $ 12.000 en el de la talitense. El secretario del bloque del PJ, Mario Humoller (no era convencional) manejó $ 43.000. Y el hoy intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, aparece en esa lista, con $ 15.000.
Los representantes del Partido Obrero en aquella CC, Daniel Blanco y Martín Correa, relataron que se les hizo entrega de sólo $ 5.000 para los tres meses de trabajo. Y Participación Cívica, bloque aliado al alperovichismo, obtuvo $ 84.000 a través de su jefe de bancada, Carlos Courel. Todos estos (salvo Martínez y Nájar, que negaron haber manejado recursos) explicaron que ese dinero fue destinado al pago de asesores y otros costos operativos de la CC.
El misterio está en que Amaya y la legisladora que responde a su espacio, Beatriz Ávila, negaron haber recibido fondos para asuntos administrativos. Incluso, ambos dirigentes de este sector peronista aseguran que desconocían la existencia de dineros con esos fines. Ellos, en aquel momento, estaban alineados con el alperovichismo.
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