23 Diciembre 2013
CANDIDATO. Rogel Chaler en la elección de 2012 del Colegio de Abogados. la gaceta / foto de HECTOR PERALTA
La Asociación de Abogados de Tucumán (AAT) nacida este año y presidida por Fernando Rogel Chaler goza de la simpatía total por parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a juzgar por la lista de conjueces para la Justicia Federal que este envió al Senado. Sucede que el Gobierno de Cristina Kirchner incluyó a seis de los miembros de la AAT, según la publicación del diario Clarín que corroboró Amancio Petray, vicepresidente de la organización. Ellos son: Rogel Chaler, Petray, María Laura Vergara, Ricardo Santoro, Enrique Sancho Miñano y Sofía Peyrel. A ese grupo se une la activista de los derechos humanos Valentina García Salemi.
Todos ellos tienen en común una afinidad más o menos ostensible con el poder político. Rogel Chaler pertenece al sector peronista de Carolina Vargas Aignasse, actual secretaria general de la Gobernación. Petray es asesor de Beatriz Rojkés, presidenta provisional del Senado de la Nación y esposa del gobernador José Alperovich. El matrimonio conformado por Sancho Miñano y Peyrel trabaja en el espacio del legislador oficialista Marcelo Caponio. Vergara, Santoro y García Salemi militan en La Cámpora.
Con la excepción de esta última, todos además integraron la agrupación “Abogados Agremiados” que compitió en la última renovación parcial de autoridades del Colegio de Abogados de la Capital. En ese comicio interno de 2012, los “agremiados” y los candidatos de la “Nicolás Avellaneda”, la otra lista de la oposición, fueron vencidos por el conglomerado oficialista que lideró Francisco García Posse, presidente de la entidad intermedia.
Pocos meses después de aquella derrota, el núcleo duro de “Abogados Agremiados” fundó la AAT. En la mesa directiva de esta institución también participa Lorenna Cuba, subsecretaria de Representación y Coordinación Ejecutiva del Gobierno de Alperovich.
Los pliegos de los siete conjueces tucumanos ingresaron al Senado en la víspera de la sesión que avaló el ascenso militar de César Milani (la Cámara Alta debe dar acuerdo a los nombramientos discrecionales). Según la nota incluida en la edición de ayer de Clarín, las designaciones serán tratadas en el recinto recién en el próximo período ordinario. Si estas prosperan, los siete conjueces de Tucumán quedarán en condiciones de intervenir en los casos de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de magistrados federales titulares.
Todos ellos tienen en común una afinidad más o menos ostensible con el poder político. Rogel Chaler pertenece al sector peronista de Carolina Vargas Aignasse, actual secretaria general de la Gobernación. Petray es asesor de Beatriz Rojkés, presidenta provisional del Senado de la Nación y esposa del gobernador José Alperovich. El matrimonio conformado por Sancho Miñano y Peyrel trabaja en el espacio del legislador oficialista Marcelo Caponio. Vergara, Santoro y García Salemi militan en La Cámpora.
Con la excepción de esta última, todos además integraron la agrupación “Abogados Agremiados” que compitió en la última renovación parcial de autoridades del Colegio de Abogados de la Capital. En ese comicio interno de 2012, los “agremiados” y los candidatos de la “Nicolás Avellaneda”, la otra lista de la oposición, fueron vencidos por el conglomerado oficialista que lideró Francisco García Posse, presidente de la entidad intermedia.
Pocos meses después de aquella derrota, el núcleo duro de “Abogados Agremiados” fundó la AAT. En la mesa directiva de esta institución también participa Lorenna Cuba, subsecretaria de Representación y Coordinación Ejecutiva del Gobierno de Alperovich.
Los pliegos de los siete conjueces tucumanos ingresaron al Senado en la víspera de la sesión que avaló el ascenso militar de César Milani (la Cámara Alta debe dar acuerdo a los nombramientos discrecionales). Según la nota incluida en la edición de ayer de Clarín, las designaciones serán tratadas en el recinto recién en el próximo período ordinario. Si estas prosperan, los siete conjueces de Tucumán quedarán en condiciones de intervenir en los casos de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de magistrados federales titulares.
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