Piden que policías sigan presos por presunta sedición

Los fiscales de Instrucción Adriana Gianonni (de la VIII° Nominación) y Washington Navarro Dávila (en reemplazo de Diego López Ávila, de la IV° Nominación) requirieron la prisión preventiva contra los ocho policías, imputados de presunta sedición y otros delitos perpetrados durante la tensa protesta salarial de la fuerza, entre el 9 y el 11 de este mes. Según los investigadores, hay fotos, filmaciones, testimonios y actas que demostrarían la participación de los acusados en un supuesto “alzamiento en armas contra el poder público provincial”.

El pedido deberá ser resuelto durante la feria, y alcanza a los ex policías Diego Alberto Herrera, Miguel Ángel Toledo, Ángel René Chaile y Pablo Pedro Pérez (por presunta sedición e impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en concurso real con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber pertenecido a la fuerza de seguridad, y coacción agravada por el uso de armas). También se requirió la continuidad de las detenciones de los suboficiales Sergio Omar Hogas, Federico Antonio Castro, Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia María Belén Bedmar (por supuesta sedición agravada por ser agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas e impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, en concurso real con los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada por el uso de armas).

Estos datos aparecen en el requerimiento de prisión preventiva, al que accedió LA GACETA. Los investigadores consideran que “tantos ciudadanos comunes como miembros de las fuerzas de seguridad son susceptibles de considerarse sujetos activos del delito de sedición”. “Nos encontramos ante la comisión de un delito que afectó el poder público y el orden constitucional, atacando los imputados -y el grupo de personas que comandaban- un sistema republicano de gobierno que se vio avasallado y coartado en su decisión desde el momento en que se rubricó el acuerdo que pondría fin a uno de los sucesos más trágicos y tristes que le tocó vivir a la provincia de Tucumán en sus últimos años de historia”, indicaron.

Según la imputación, “el cónclave sedicioso fue organizado a través de medios tecnológicos (redes sociales y mensajes entre celulares) para el 8 de diciembre de 2013 frente al club (de fútbol) All Boys”. “Fue allí donde emergieron las ideas que servirían de excusa para mantener por casi 72 horas el conflicto”, se destacó. Luego, los fiscales señalaron que los acusados se trasladaron a la sede de Subjefatura de Policía, donde también funciona el servicio de emergencias 911. Allí, según la acusación, los imputados “alentaron y determinaron a que una minoría del grupo se aboque a la ‘caza’ de nuevos adeptos al reclamo”.