Ahora denuncian a Echegaray por sobresueldos

10 Enero 2014
BUENOS AIRES.- La Justicia Federal recibió otra denuncia contra el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en la cual se lo acusa del presunto cobró de dos sueldos del Estado.

La denuncia de la ONG “Paso por Paso Argentina” requiere a la Justicia que investigue si Echegaray cometió delitos como “enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, estafa, abuso de autoridad, administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y violación de la ley de ética en la función pública”.

“Echegaray ha interpretado que un Ente Autárquico del Estado Nacional es de su propiedad y hizo alharaca de que pagaba $ 900.000 de Impuesto a las Ganancias”, sostiene la presentación.

Se añade en el escrito de la ONG que “durante 2008 cobró doble sueldo del Estado Nacional (...), por lo que considero y solicito que sea citado a prestar declaración indagatoria por las pruebas que se pueden colectar en su propia declaración jurada”.

Según sostiene la denuncia, “percibió por el Ente Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) la cantidad de $ 133.322 y por la administración de la AFIP cobró $ 209.360 en forma paralela”.

La presentación de la ONG que preside el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa aseveró que Echegaray “percibió un doble ingreso como funcionario público, violando el ‘respeto irrestricto’ de la Ley de Etica e Idoneidad en la Función Pública”.

Cabe recordar que Echegaray ya fue denunciado al regreso a Buenos Aires desde Brasil, luego de una conferencia de prensa en la cual el jefe de la AFIP justificó ese viaje, mencionando que su nivel de ingresos es elevado.

Esa presentación fue hecha por las diputadas del PRO Laura Alonso y Patricia Bullrich. Piden que se investigue la posible violación de la ley de ética pública por parte del titular de la AFIP.

El miércoles, además, el diputado nacional Manuel Garrido (UCR) denunció a Echegaray por supuestas violaciones al “secreto fiscal” y uso de esos datos para “ataques políticos” contra la oposición, así como “coaccionar a fin de acallar críticas”. (DyN)

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