10 Enero 2014
Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea. Seguridad en uno mismo o en las propias cualidades. Se dice de las personas en quienes se puede confiar. Se dice de las cosas cuyo funcionamiento es adecuado o seguro. Son algunas de las acepciones de la confianza, que constituye la base de todo vínculo con el otro. Cuando esta es recíproca se pueden impulsar acciones conjuntas, con la certeza de que uno puede apoyarse en el otro y viceversa. De allí que la palabra dada tenga una gran importancia. Ello debería suceder siempre entre los gobernantes y gobernados. Si un anuncio no se concreta, se crea una fisura en esa relación, que con el tiempo se profundiza; la otra parte se siente defraudada y percibe una sensación de inestabilidad cuando se afirma algo y luego se lo niega y finalmente, se dice otra cosa.
Algo parecido sucedió días pasados en el seno del Gobierno Nacional, cuando el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, dijo que se iba a modificar el gravamen a los Bienes Personales, tomando la valuación de las propiedades a precios de mercado. Momentos después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó que el proyecto de Bienes Personales se hallaba en análisis técnico; y manifestó que luego de ser aprobado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sería elevado al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Sin embargo, ambos funcionarios fueron desautorizados al día siguiente por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien descartó que el gobierno estuviese analizando modificar el gravamen a los Bienes Personales, tomando la valuación de las propiedades a precios de mercado. “Hablé con la Presidenta y no hay ninguna medida”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda, y agregó que lo que sí se encontraba en estudio era un plan “anti evasión”, que “tiene que ver con mejorar las herramientas fiscales”. Kicillof contó que cuando se reunió con la jefa de Estado, se sorprendieron por las versiones periodísticas que daban cuenta de una supuesta intención oficial de modificar el impuesto que grava los bienes personales. El miércoles, Capitanich reiteró en rueda de prensa los dichos de Kicillof y acotó: “Es la palabra de la Presidenta y eso se va a hacer”. Pidió además no hacer “un análisis sintáctico, morfológico y semántico” de lo que dice.
Estas marchas y contramarchas expresadas públicamente por los protagonistas reflejan, por cierto, cortocircuitos en la comunicación en el seno del Gobierno a juzgar por los hechos: primero se anuncia, luego se confirma; más tarde se sostiene que no es cierto el anuncio, y finalmente, se insiste en la negativa.
Estas desinteligencias suelen suceder cuando más de una voz se refiere un mismo tema, tal vez sin estar autorizadas por la superioridad; también suele ser un recurso para sondear la reacción de la opinión pública. Pero estas idas y vueltas, minan la confianza que debe existir entre representantes y representados. El ciudadano necesita creer que lo que le dicen es cierto, sobre todo cuando una medida como la anunciada afectará la economía familiar.
Sería importante que estas situaciones no volvieran a repetirse porque queda la sensación de que no se sabe muy bien qué es lo que se quiere hacer y ello genera una lógica incertidumbre y desconfianza en la sociedad.
Algo parecido sucedió días pasados en el seno del Gobierno Nacional, cuando el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, dijo que se iba a modificar el gravamen a los Bienes Personales, tomando la valuación de las propiedades a precios de mercado. Momentos después, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó que el proyecto de Bienes Personales se hallaba en análisis técnico; y manifestó que luego de ser aprobado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sería elevado al Congreso, para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Sin embargo, ambos funcionarios fueron desautorizados al día siguiente por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien descartó que el gobierno estuviese analizando modificar el gravamen a los Bienes Personales, tomando la valuación de las propiedades a precios de mercado. “Hablé con la Presidenta y no hay ninguna medida”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda, y agregó que lo que sí se encontraba en estudio era un plan “anti evasión”, que “tiene que ver con mejorar las herramientas fiscales”. Kicillof contó que cuando se reunió con la jefa de Estado, se sorprendieron por las versiones periodísticas que daban cuenta de una supuesta intención oficial de modificar el impuesto que grava los bienes personales. El miércoles, Capitanich reiteró en rueda de prensa los dichos de Kicillof y acotó: “Es la palabra de la Presidenta y eso se va a hacer”. Pidió además no hacer “un análisis sintáctico, morfológico y semántico” de lo que dice.
Estas marchas y contramarchas expresadas públicamente por los protagonistas reflejan, por cierto, cortocircuitos en la comunicación en el seno del Gobierno a juzgar por los hechos: primero se anuncia, luego se confirma; más tarde se sostiene que no es cierto el anuncio, y finalmente, se insiste en la negativa.
Estas desinteligencias suelen suceder cuando más de una voz se refiere un mismo tema, tal vez sin estar autorizadas por la superioridad; también suele ser un recurso para sondear la reacción de la opinión pública. Pero estas idas y vueltas, minan la confianza que debe existir entre representantes y representados. El ciudadano necesita creer que lo que le dicen es cierto, sobre todo cuando una medida como la anunciada afectará la economía familiar.
Sería importante que estas situaciones no volvieran a repetirse porque queda la sensación de que no se sabe muy bien qué es lo que se quiere hacer y ello genera una lógica incertidumbre y desconfianza en la sociedad.
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