11 Enero 2014
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial la lista de conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal -el máximo tribunal penal del país-, en la que figuran abogados de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo y un ex defensor del vicepresidente Amado Boudou.
Mediante la publicación del decreto 2.270, que en rigor tiene fecha del 19 de diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de los conjueces Nicolás D’Albora, Carlos Cruz, Marcelo Buigo, Norberto Frontini, Claudio Vázquez, Eduardo Barcesat, Roberto Boico, Raúl Ferreyra, Martín Magram y Alan Iud.
Magram fue abogado de Boudou en una causa que tramitó en Mar del Plata, y Barcesat y Boico integran un mismo estudio y asisten a Madres de Plaza de Mayo y a su titular, Hebe de Bonafini.
En tanto, Iud es abogado de Abuelas; Buigo fue apoderado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y Cruz defendió a la ex ministra de Economía Felisa Micelli, en la causa en la que terminó condenada por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial.
Todos recibieron acuerdo del Senado en una controvertida sesión en el mes de diciembre pasado.
La designación de los conjueces fue firmada por la presidenta Cristina Fernández y por el ministro de Justicia, Julio Alak.
Un cuerpo estratégico
De esta manera, el Gobierno consiguió colocar abogados afines en un cuerpo altamente estratégico, debido a su condición de máximo tribunal penal, por sobre el cual sólo está la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque en este caso la administración cristinista logró su objetivo, distinta fue la suerte corrida por la reforma que también quiso imponer para tener mayor influencia en el Poder Judicial.
En ese caso, la democratización judicial terminó en la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el tramo medular del proyecto, especialmente el segmento referido al Consejo de la Magistratura, decisivo para la designación y remoción de jueces. Antes, el Gobierno había logrado desplazar a Esteban Righi, de la Procuración General de la Nación y colocó en su lugar a Alejandra Gils Carbó, una de las referentes de la organización judicial oficialista “Justicia Legítima”. Cabe destacar que se trata de un tribunal estratégico, ya que es la última instancia en las causas por las que se investigan casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. (DyN)
Mediante la publicación del decreto 2.270, que en rigor tiene fecha del 19 de diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de los conjueces Nicolás D’Albora, Carlos Cruz, Marcelo Buigo, Norberto Frontini, Claudio Vázquez, Eduardo Barcesat, Roberto Boico, Raúl Ferreyra, Martín Magram y Alan Iud.
Magram fue abogado de Boudou en una causa que tramitó en Mar del Plata, y Barcesat y Boico integran un mismo estudio y asisten a Madres de Plaza de Mayo y a su titular, Hebe de Bonafini.
En tanto, Iud es abogado de Abuelas; Buigo fue apoderado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y Cruz defendió a la ex ministra de Economía Felisa Micelli, en la causa en la que terminó condenada por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial.
Todos recibieron acuerdo del Senado en una controvertida sesión en el mes de diciembre pasado.
La designación de los conjueces fue firmada por la presidenta Cristina Fernández y por el ministro de Justicia, Julio Alak.
Un cuerpo estratégico
De esta manera, el Gobierno consiguió colocar abogados afines en un cuerpo altamente estratégico, debido a su condición de máximo tribunal penal, por sobre el cual sólo está la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque en este caso la administración cristinista logró su objetivo, distinta fue la suerte corrida por la reforma que también quiso imponer para tener mayor influencia en el Poder Judicial.
En ese caso, la democratización judicial terminó en la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el tramo medular del proyecto, especialmente el segmento referido al Consejo de la Magistratura, decisivo para la designación y remoción de jueces. Antes, el Gobierno había logrado desplazar a Esteban Righi, de la Procuración General de la Nación y colocó en su lugar a Alejandra Gils Carbó, una de las referentes de la organización judicial oficialista “Justicia Legítima”. Cabe destacar que se trata de un tribunal estratégico, ya que es la última instancia en las causas por las que se investigan casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos. (DyN)
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