04 Febrero 2014
DESPROTEGIDOS. Las rebeliones policiales de diciembre generaron zozobra. LA GACETA / FOTO DE HÉCTOR PERALTA (ARCHIVO)
BUENOS AIRES.- Un año “intenso”: así auguró que será 2014 la secretaria parlamentaria del bloque de diputados oficialistas, María Teresa García. En efecto, la vorágine electoral quedó atrás y los legisladores ya tienen el camino allanado para avanzar con proyectos pendientes, y rendir cuentas de sus promesas de campaña.
Más de un legislador deberá anticipar el regreso de sus vacaciones. Es casi un hecho que la actividad parlamentaria arrancará este mes, con una convocatoria a Sesiones Extraordinarias. El tema central será la modificación del Impuesto a los Bienes Personales, que desnudó diferencias en el seno del Gobierno y aún es una incógnita si será enviado al Congreso.
Otro de los proyectos anunciados por Jorge Capitanich es la reforma del Código Aduanero. Si bien el jefe de ministros no dio precisiones, adelantó que la intención es “potenciar el aprovechamiento de los puertos”, como así también “reducir costos”.
Para febrero también quedó pendiente un proyecto presentado hacia fines de 2013 por el senador kirchnerista Aníbal Fernández, para castigar a las Fuerzas de Seguridad que “abandonen injustificadamente” su servicio. De ser ley, las penas alcanzarían los $ 12.500 e inhabilitaciones de ocho años. La iniciativa había sido incluida en extraordinarias para diciembre, a pocos de días del tenso escenario que combinó acuartelamientos, saqueos a comercios y disturbios en distintos puntos del país. Sin embargo, no fue tratada por el Parlamento, mientras algunos bloques de la oposición exigen debatir la sindicalización de la Policía.
La iniciativa establece “penas específicas” para aquellos efectivos que “a sabiendas, abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados”. El mismo texto contempla penas para los militares que abandonen sus puestos o deserten en tiempo de conflicto armado o zona de desastre.
El PEN también había incorporado en el decreto de Extraordinarias una serie de proyectos, entre ellos la creación de tres nuevas universidades. El primero estatiza la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que pasaría a llamarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”. La segunda iniciativa establece la creación de la Universidad de Defensa Nacional.
Por otra parte, el Senado debería sancionar en Extraordinarias de febrero el Digesto Jurídico, que Diputados aprobó en la última sesión ordinaria de 2013. Se trata de un trabajo de depuración de la legislación vigente desde 1852; un tema largamente demorado, ya que había sido incluido en la Reforma Constitucional de 1994 como obligación del Congreso. (parlamentario.com)
Más de un legislador deberá anticipar el regreso de sus vacaciones. Es casi un hecho que la actividad parlamentaria arrancará este mes, con una convocatoria a Sesiones Extraordinarias. El tema central será la modificación del Impuesto a los Bienes Personales, que desnudó diferencias en el seno del Gobierno y aún es una incógnita si será enviado al Congreso.
Otro de los proyectos anunciados por Jorge Capitanich es la reforma del Código Aduanero. Si bien el jefe de ministros no dio precisiones, adelantó que la intención es “potenciar el aprovechamiento de los puertos”, como así también “reducir costos”.
Para febrero también quedó pendiente un proyecto presentado hacia fines de 2013 por el senador kirchnerista Aníbal Fernández, para castigar a las Fuerzas de Seguridad que “abandonen injustificadamente” su servicio. De ser ley, las penas alcanzarían los $ 12.500 e inhabilitaciones de ocho años. La iniciativa había sido incluida en extraordinarias para diciembre, a pocos de días del tenso escenario que combinó acuartelamientos, saqueos a comercios y disturbios en distintos puntos del país. Sin embargo, no fue tratada por el Parlamento, mientras algunos bloques de la oposición exigen debatir la sindicalización de la Policía.
La iniciativa establece “penas específicas” para aquellos efectivos que “a sabiendas, abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados”. El mismo texto contempla penas para los militares que abandonen sus puestos o deserten en tiempo de conflicto armado o zona de desastre.
El PEN también había incorporado en el decreto de Extraordinarias una serie de proyectos, entre ellos la creación de tres nuevas universidades. El primero estatiza la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que pasaría a llamarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”. La segunda iniciativa establece la creación de la Universidad de Defensa Nacional.
Por otra parte, el Senado debería sancionar en Extraordinarias de febrero el Digesto Jurídico, que Diputados aprobó en la última sesión ordinaria de 2013. Se trata de un trabajo de depuración de la legislación vigente desde 1852; un tema largamente demorado, ya que había sido incluido en la Reforma Constitucional de 1994 como obligación del Congreso. (parlamentario.com)
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