16 Marzo 2014
Santiago Santos y Francisco Chaile, los dos comuneros del pueblo Quilmes que se adjudican el cargo de cacique de la comunidad, negaron la posibilidad de llegar a un acuerdo mediante el diálogo.
El conflicto que mantiene en vilo a la comunidad indígena local desde hace 10 días se desató por la administración de las Ruinas de Quilmes, ubicadas en los Valles Calchaquíes. El grupo liderado por Santos tomó las instalaciones en noviembre de 2013 y, pese a ser desalojado a comienzos de marzo, volvió a ocupar el lugar. Los seguidores de Chaile cortaron el acceso a la Ciudad Sagrada, dejándola aislada.
Chaile es cacique desde 1998, y asegura que a finales del año pasado su mandato fue renovado. Santos argumenta que la asamblea que reeligió a su contrincante fue anulada y que un nuevo cónclave lo eligió a él. El enfrentamiento entre ambos llegó a la violencia y ya se registraron heridos y detenidos. “El jueves la policía hizo una razia y se llevó presos a dos hermanos. Entró a las casas, secuestró niños, rompió puertas. Lo hicieron en cumplimiento de una orden emitida por una Justicia vendida”, aseguró Santos, en referencia un fallo que ordena a sus seguidores abandonar la toma de la Ciudad Sagrada.
Santos y Chaile negaron de manera tajante la posibilidad de dialogar. “Ellos no pueden ser tan agresivos y después sentarse a hablar. Se encapuchan y le pegan a nuestra gente”, detalló Chaile. Santos, en tanto, aseguró que no conversará con su adversario, al que acusó de “malversar fondos” provenientes del turismo en las Ruinas.
Ambos, reconocieron que aceptarían una mediación del Estado provincial para llegar a un acuerdo. De hecho, Santos se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Vínculos con Cruz
Santos admitió mantener vínculos con el empresario Héctor Cruz, antiguo concesionario del complejo. “Él tiene ciertos derechos. Las obras artísticas y el diseño de las construcciones son suyas. Eso no significa devolverle la administración, pero no se pueden negar sus derechos”, reconoció el cacique.
Las Ruinas fueron recuperadas por el Estado en 2007 tras el desalojo de Cruz del lugar. La comunidad Quilmes se hizo cargo desde entonces de la administración del sitio arqueológico.
El conflicto que mantiene en vilo a la comunidad indígena local desde hace 10 días se desató por la administración de las Ruinas de Quilmes, ubicadas en los Valles Calchaquíes. El grupo liderado por Santos tomó las instalaciones en noviembre de 2013 y, pese a ser desalojado a comienzos de marzo, volvió a ocupar el lugar. Los seguidores de Chaile cortaron el acceso a la Ciudad Sagrada, dejándola aislada.
Chaile es cacique desde 1998, y asegura que a finales del año pasado su mandato fue renovado. Santos argumenta que la asamblea que reeligió a su contrincante fue anulada y que un nuevo cónclave lo eligió a él. El enfrentamiento entre ambos llegó a la violencia y ya se registraron heridos y detenidos. “El jueves la policía hizo una razia y se llevó presos a dos hermanos. Entró a las casas, secuestró niños, rompió puertas. Lo hicieron en cumplimiento de una orden emitida por una Justicia vendida”, aseguró Santos, en referencia un fallo que ordena a sus seguidores abandonar la toma de la Ciudad Sagrada.
Santos y Chaile negaron de manera tajante la posibilidad de dialogar. “Ellos no pueden ser tan agresivos y después sentarse a hablar. Se encapuchan y le pegan a nuestra gente”, detalló Chaile. Santos, en tanto, aseguró que no conversará con su adversario, al que acusó de “malversar fondos” provenientes del turismo en las Ruinas.
Ambos, reconocieron que aceptarían una mediación del Estado provincial para llegar a un acuerdo. De hecho, Santos se reunió ayer con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez.
Vínculos con Cruz
Santos admitió mantener vínculos con el empresario Héctor Cruz, antiguo concesionario del complejo. “Él tiene ciertos derechos. Las obras artísticas y el diseño de las construcciones son suyas. Eso no significa devolverle la administración, pero no se pueden negar sus derechos”, reconoció el cacique.
Las Ruinas fueron recuperadas por el Estado en 2007 tras el desalojo de Cruz del lugar. La comunidad Quilmes se hizo cargo desde entonces de la administración del sitio arqueológico.
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