La Iglesia rechaza los linchamientos

Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, dio su opinión.

06 Abril 2014
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, volvió a rechazar las palizas a delincuentes pero advirtió que estas situaciones se producen porque “hay un hartazgo y un cansancio por la inoperancia de las fuerzas de seguridad y de la Justicia”. Además, Lozano sostuvo que en los ataques a ladrones de los últimos días “ha habido una especie de contagio como en el espíritu de la patota” en la que “empieza uno y sigue el otro y cada uno va a aportando lo peor de si mismo”. El prelado afirmó que “es bueno” plantearse una reforma del Código Penal ya que “una de las situaciones con que la gente está molesta, y con razón, es con el accionar de la Justicia”. En declaraciones a radio Continental, el titular de la Pastoral Social analizó que en la Argentina “hay un individualismo creciente” y una “naturalización de la pobreza” lo que “es un riesgo serio de descomposición social”.

No es culpa de los medios.- El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, admitió que la inseguridad en el país “es preocupante” y tomó distancia del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al asegurar que “los hechos delictivos existen” y esta problemática “no es culpa de los medios” de comunicación. “Los hechos delictivos existen, eso no se puede negar”, reconoció el funcionario e insistió: “el problema de la inseguridad existe” y “obviamente es preocupante, por eso estamos trabajando”. De esta manera, en declaraciones a radio Mitre, Berni se diferenció del ministro coordinador, quien, al insistir en adjudicar a las provincias la responsabilidad de la seguridad, acusó a la oposición y a un sector de la prensa de poner en el centro de la escena el tema de la inseguridad.

"Todos roban".- La diputada Elisa Carrió afirmó que la cultura en Argentina sobre la violencia cambió “porque exaltaron a los que mataron en los 70” y cuando el ex secretario de Comercio Interior, “Guillermo Moreno puso un arma sobre la mesa, todos se llenaron de armas”. Advirtió que “acá no se puede investigar, porque robar está garantizado por los jueces” que, afirmó, “también roban”. En declaraciones a radio Mitre, la diputada de Coalición Cívica dijo que “lo importante es que llegue la verdad, porque la justicia, falta un año y medio (para que termine la gestión kirchnerista), va a llegar”. Abogó para “que la gente no se compre la sección massista de los diarios, que no se crea la farsa porque vamos a terminar con dos tercios del PJ en el Congreso y esto significa dos tercios de mafia en el Congreso”.

Medidas a largo plazo.- El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, le reclamó al Gobierno nacional que “reaccione” frente a la inseguridad y pidió que se tomen “políticas a largo plazo” para combatirla porque lo que se hace es tomar “medidas para sumar votos”. Además, el funcionario de la Ciudad volvió a repudiar las golpizas a ladrones pero advirtió que son “una realidad” y que “la política tiene que asumir la responsabilidad de que algo está pasando”. Montenegro, quien se desempeñó como juez federal y fiscal, apuntó a la Justicia, al indicar que el “sistema jurídico de la Argentina es un desastre porque fracasó” y remarcó que habría que modificar “todo el sistema penal”.

Más igualdad.- La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que “hoy ya no nos ocupa un debate sobre el Código Penal sino qué clase de sociedad queremos tener”. Se refirió a los linchamientos producidos durante los últimos días en distintos puntos del país y dijo que resulta “inevitable asociar estos episodios brutales con la campaña mediática que se desarrolló contra el anteproyecto del Código Penal. También recordó que “se auguraba una liberación masiva de violadores y autores de crímenes violentos que causaron terror en la población”, en alusión a las palabras de Sergio Massa. Señaló que “hay que combatir el delito con más igualdad” y criticó el uso abusivo de la prisión preventiva en los procesos penales, que llevó a la Argentina a tener más de la mitad de su población penitenciaria sin condena.

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