La jubilación facilita el adiós de De Mitri y Albaca

Luis De Mitri, ministro público, y Carlos Ramón Albaca, fiscal de la II Nominación de esta capital, no entraron juntos al Ministerio Público Fiscal y Pupilar, pero el desarrollo inescrutable de la causa “Lebbos” determinó que se encuentren en el hall de salida. La incertidumbre sobre cuán doloroso sería ese trámite quedó despejada ayer, en virtud de la nota que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) envió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para informar que Albaca y De Mitri están en condiciones de jubilarse.

La noticia previsional augura que ambos funcionarios tendrán la mejor despedida posible de sus respectivos cargos, luego de afrontar una temporada de cuestionamientos por su actuación en la instrucción de la causa abierta tras la muerte de Paulina Lebbos. La resolución de la Anses beneficia sobre todo a Albaca, que hasta comienzos del mes pasado no podía jubilarse (porque no reunía los aportes exigidos, según la Anses y la CSJT) y estaba sujeto a un proceso de destitución en la comisión de Juicio Político de la Legislatura (el comité presidido por el legislador ultraoficialista Sisto Terán había archivado la denuncia respecto de De Mitri). Pero el fiscal arregló su situación en la Anses en tiempo récord (no consta cómo) y tanto él como su jefe accederán a la llamada “jubilación de privilegio”, que consiste en un haber equivalente al 82% del último sueldo. En el caso del ministro, cuyo puesto se equipara al de vocal de la Corte, esa retribución supera los $ 60.000.

Pese a que la fiscalía de Albaca está en los hechos intervenida desde mayo (ni siquiera entró de turno este mes, como le correspondía) el adiós no será inmediato. Sucede que la Anses recién librará los pagos a partir del primero de agosto. Aún con ello, el hiato pasará volando puesto que en el medio está la feria judicial de invierno, y De Mitri, por ejemplo, ya organizó las cosas para que Carlos Sale, fiscal de Cámara, ocupe su lugar durante el receso.

La situación de los futuros jubilados comenzó a complicarse a mediados del año pasado, cuando una auditoría externa de la Nación sobre la causa “Lebbos” obligó a Albaca a desprenderse de la investigación que había controlado durante siete años y, en diciembre, a presentar la renuncia condicionada. De Mitri había respaldado siempre al fiscal hasta que, este año, en el ámbito de un sumario administrativo abierto por la CSJT, Albaca dijo que el ministro había conocido siempre su tarea y que tenía el deber legal de proveerle instrucciones. Acto seguido, De Mitri cambió de opinión, soltó la mano al fiscal y dimitió, y la CSJT pidió que el juez de turno investigue si Albaca había delinquido.

El grito en el cielo

Las novedades de la Anses agitaron a dirigentes de la oposición. Alberto Colombres Garmendia, legislador del PRO y autor de denuncias contra Albaca y De Mitri, dijo que el fiscal era el símbolo de la impunidad. “Deshonró a la Justicia, y se retira de la magistratura con honores y privilegios”, expresó. Además, acusó al oficialismo de evitar el juicio relativo a la responsabilidad política de los funcionarios y tildó a De Mitri de “cómplice de las ineptitudes de Albaca”. El macrista bregó por el avance de los procesos penales ordinarios que involucran al fiscal: “provoca impotencia que este personaje se escabulla de toda investigación, incluso cuando la propia Corte impulsó una investigación por su pésimo desenvolvimiento en la causa Lebbos”.

“La Unión Cívica Radical había advertido que la decisión del oficialismo de avanzar con el juicio político en contra de Albaca era una puesta en escena. El tiempo nos da la razón. Era un secreto a voces que el funcionario accedería a la jubilación y evitaría el tardío trámite parlamentario”, opinó por su cuenta el diputado nacional José Cano, que en febrero solicitó a los Tribunales que investiguen a Albaca. Y añadió que la única alternativa para castigar los delitos cometidos en la instrucción de “Lebbos” es la Justicia penal: “el problema es que no hay decisión para impulsar el expediente. Nuestra denuncia data de hace cinco meses, pero está paralizada. Hay complicidad manifiesta para proteger a quien garantizó impunidad a los asesinos de Paulina”.