23 Junio 2014
Hace años que viene haciendo agua por todas partes el sistema carcelario argentino. Es un tema, por cierto, preocupante no sólo por el incremento de la criminalidad, sino también por la falta de respuestas de los gobiernos y de la Justicia. En su último informe mensual, la Procuraduría contra la Violencia Institucional señaló que sobre la población de las 28 cárceles y 10 alcaidías que dependen del Servicio Penitenciario Federal, en los que se registran más de 10.000 personas privadas de la libertad, el 84% de los jóvenes de hasta 21 años está detenido en forma preventiva y sólo el 15,9% recibió condena.
Las estadísticas son similares a las del Servicio Penitenciario de Tucumán; los presos de entre 18 a 21 años se hallan alojados en la Unidad N° 5, ubicada en el predio de Villa Urquiza. Son 66 las personas detenidas, de las cuales el 89,3% no tiene condena, es decir que se encuentran presas preventivamente.
El hacinamiento por falta de espacio en los penales es otro de los problemas irresueltos, y ello ocasiona que muchos de los detenidos deban permanecer en las seccionales policiales. A mediados de marzo pasado, el director de Institutos Penales dijo que en las cárceles de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (para mujeres), había alrededor de 1.300 personas privadas de su libertad. Ello significaba que para que un detenido en una seccional policial pudiese pasar a los penales, debía producirse una vacante.
La Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación informó en 2013 que había presos que llevaban varios meses en las comisarías, porque no había cupo en las cárceles para alojarlos. Contrariamente a lo que establece una acordada de la Corte Suprema que indica que en las seccionales no debe haber reclusos, permanecían 600 individuos detenidos. Muchos de ellos se hallan en la actualidad en estado de hacinamiento porque las sedes policiales no tienen espacio, no están preparadas ediliciamente para albergar un elevado número de detenidos y la mayoría son antiguas.
A fines de mayo pasado, el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias aconsejó a los camaristas federales, a los miembros de los tribunales orales penales y a los fiscales, que visitaran las distintas cárceles del país para conocer las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas detenidas por causas federales. Nuestra provincia no cuenta con un establecimiento federal de alojamiento de detenidos, pero en la resolución se explica que las visitas alcanzan a las prisiones provinciales en las que haya presos federales. El Servicio Penitenciario Provincial tiene un convenio con el Poder Judicial de la Nación, por lo que los camaristas deberían monitorear el funcionamiento de Villa Urquiza.
El sistema carcelario no sólo deja mucho que desear, sino que tampoco cumple con eficacia la misión de educar o reeducar al convicto para que pueda insertarse en la sociedad. Sería importante que no sólo los camaristas, sino todos los magistrados, así como los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo visitaran con frecuencia las cárceles y las comisarías para familiarizarse con esa penosa realidad. Tal vez de esta experiencia pueda surgir el diseño de un sistema menos deshumanizante, que le permita al penado readaptarse sobre la base de la educación.
Las estadísticas son similares a las del Servicio Penitenciario de Tucumán; los presos de entre 18 a 21 años se hallan alojados en la Unidad N° 5, ubicada en el predio de Villa Urquiza. Son 66 las personas detenidas, de las cuales el 89,3% no tiene condena, es decir que se encuentran presas preventivamente.
El hacinamiento por falta de espacio en los penales es otro de los problemas irresueltos, y ello ocasiona que muchos de los detenidos deban permanecer en las seccionales policiales. A mediados de marzo pasado, el director de Institutos Penales dijo que en las cárceles de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí (para mujeres), había alrededor de 1.300 personas privadas de su libertad. Ello significaba que para que un detenido en una seccional policial pudiese pasar a los penales, debía producirse una vacante.
La Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación informó en 2013 que había presos que llevaban varios meses en las comisarías, porque no había cupo en las cárceles para alojarlos. Contrariamente a lo que establece una acordada de la Corte Suprema que indica que en las seccionales no debe haber reclusos, permanecían 600 individuos detenidos. Muchos de ellos se hallan en la actualidad en estado de hacinamiento porque las sedes policiales no tienen espacio, no están preparadas ediliciamente para albergar un elevado número de detenidos y la mayoría son antiguas.
A fines de mayo pasado, el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias aconsejó a los camaristas federales, a los miembros de los tribunales orales penales y a los fiscales, que visitaran las distintas cárceles del país para conocer las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas detenidas por causas federales. Nuestra provincia no cuenta con un establecimiento federal de alojamiento de detenidos, pero en la resolución se explica que las visitas alcanzan a las prisiones provinciales en las que haya presos federales. El Servicio Penitenciario Provincial tiene un convenio con el Poder Judicial de la Nación, por lo que los camaristas deberían monitorear el funcionamiento de Villa Urquiza.
El sistema carcelario no sólo deja mucho que desear, sino que tampoco cumple con eficacia la misión de educar o reeducar al convicto para que pueda insertarse en la sociedad. Sería importante que no sólo los camaristas, sino todos los magistrados, así como los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo visitaran con frecuencia las cárceles y las comisarías para familiarizarse con esa penosa realidad. Tal vez de esta experiencia pueda surgir el diseño de un sistema menos deshumanizante, que le permita al penado readaptarse sobre la base de la educación.
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