26 Junio 2014
DE INVOLABLE A AFORADO. El abdicado Juan Carlos I y Sofía podrán ser juzgado por un tribunal superior. REUTERS
MADRID, España.- El proceso parlamentario que otorga privilegios judiciales con urgencia a Juan Carlos de Borbón, tras su abdicación, culminó hoy en el Congreso español, en medio de críticas de un sector político y social del país.
Con su mayoría absoluta, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy impuso en la cámara baja del Parlamento español un procedimiento para aforar en solo unos días al padre del nuevo rey Felipe VI.
Los aforados son aquellos que, por el cargo que desempeñan o su profesión, tienen el derecho de ser juzgados (en el caso de ser imputados) por un tribunal superior al que les correspondería como ciudadanos.
Perdida la inmunidad que la Constitución le otorgaba como rey, Juan Carlos, de 76 años, se convirtió -tras 39 años de reinado- en un ciudadano común ante la Justicia.
El aforamiento le permitirá responder ante el Tribunal Supremo y no ante un juzgado ordinario en caso de que tenga que vérselas con la Justicia.
Para ello, el Gobierno ha decidido aforarle a través de dos enmiendas en el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma que modifica la Ley del Poder Judicial.
Gracias de esta modificación en la ley, pasan a ser aforados la reina consorte o el consorte de la reina, los príncipes de Asturias, así como el rey o la reina que hubiere abdicado y su consorte.
Por lo tanto, ahora lo serán la reina Letizia, la princesa Leonor, el rey Juan Carlos y la reina Sofía.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, señala en declaraciones a El Huffington Post que esta medida supone una sobreprotección para Juan Carlos I porque es una figura jurídica ligada a un cargo, que él ya no desempeña.
Además, Arbós considera “grave” que la persona que interpusiera una demanda o querella contra él no pudiera recurrir a una segunda instancia si estuviera insatisfecha con la primera resolución. (DPA)
Con su mayoría absoluta, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy impuso en la cámara baja del Parlamento español un procedimiento para aforar en solo unos días al padre del nuevo rey Felipe VI.
Los aforados son aquellos que, por el cargo que desempeñan o su profesión, tienen el derecho de ser juzgados (en el caso de ser imputados) por un tribunal superior al que les correspondería como ciudadanos.
Perdida la inmunidad que la Constitución le otorgaba como rey, Juan Carlos, de 76 años, se convirtió -tras 39 años de reinado- en un ciudadano común ante la Justicia.
El aforamiento le permitirá responder ante el Tribunal Supremo y no ante un juzgado ordinario en caso de que tenga que vérselas con la Justicia.
Para ello, el Gobierno ha decidido aforarle a través de dos enmiendas en el proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma que modifica la Ley del Poder Judicial.
Gracias de esta modificación en la ley, pasan a ser aforados la reina consorte o el consorte de la reina, los príncipes de Asturias, así como el rey o la reina que hubiere abdicado y su consorte.
Por lo tanto, ahora lo serán la reina Letizia, la princesa Leonor, el rey Juan Carlos y la reina Sofía.
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, señala en declaraciones a El Huffington Post que esta medida supone una sobreprotección para Juan Carlos I porque es una figura jurídica ligada a un cargo, que él ya no desempeña.
Además, Arbós considera “grave” que la persona que interpusiera una demanda o querella contra él no pudiera recurrir a una segunda instancia si estuviera insatisfecha con la primera resolución. (DPA)
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