09 Julio 2014
RESPALDO. Investigan a los que apoyan a Campagnoli en las redes sociales. telam
El Gobierno nacional pidió ayuda a EEUU para identificar a los usuarios de Twitter que apoyan a José María Campagnoli, pero una presentación legal ante la Embajada estadounidense realizada por la socia de un abogado del fiscal suspendido frenó el operativo.
La Casa Rosada, a través de Cancillería, había solicitado la cooperación del Homeland Security para recopilar datos de tuiteros que apoyan al funcionario judicial que investigó a Lázaro Báez, según consignó el lunes Infobae.com. Esa colaboración judicial sólo suele ser solicitada para investigar delitos graves, como la pedofilia. Por esta razón, que el Gobierno nacional requiriese semejante asistencia para investigar la identidad de los usuarios de una red social que, desde el inicio del jury de enjuiciamiento a Campagnoli, denuncian la existencia de una persecución política contra el fiscal que lucha para no ser destituido, provocó asombro en la defensa de Campagnoli.
Todo comenzó en enero, cuando Cristina Caamaño -sucesora de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra hizo una denuncia contravencional contra un grupo de internautas que -aseguró- la hostigaba a través de esa red social.
El paso siguiente lo dio la fiscal Daniela Dupuy, al solicitar a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que “arbitre todos los medios a su alcance con el objeto de recabar todos los datos” de los siguientes usuarios: @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi.
La operación gubernamental, para la cual fue necesaria la intervención de Cancillería, se conoció cuando los usuarios revelaron que el 16 de junio recibieron una solicitud de información enviada por el departamento legal de Twitter, ante un requirimiento del Homeland Security, que se creó tras el atentado a las Torres Gemelas y que tiene la potestad de detener personas.
En ese contexto, Ignacio Rodríguez Varela y Andrés Rimoldi -propietarios de dos de las cuentas investigadas e integrantes del equipo de Campagnoli- presentaron un habeas corpus preventivo para conocer de dónde provenía el requerimiento y averiguaron que el punto de partida había sido la acción de la fiscal Caamaño. De inmediato intervino la abogada Daniela Portino González -socia de Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli-, quien hizo una presentación legal ante la embajada de EEUU y logró que la investigación se frenara.
Ayer, Rodríguez Varela le confirmó a Infobae que la jugada oficialista había sido neutralizada y lo dejó en claro a través de la red social Twitter. Además reafirmó que Campagnoli es “víctima de una clara persecución política” que llegó a un nivel extremo con “la persecución a tuiteros” que respaldan su actuación. (Infobae.com)
La Casa Rosada, a través de Cancillería, había solicitado la cooperación del Homeland Security para recopilar datos de tuiteros que apoyan al funcionario judicial que investigó a Lázaro Báez, según consignó el lunes Infobae.com. Esa colaboración judicial sólo suele ser solicitada para investigar delitos graves, como la pedofilia. Por esta razón, que el Gobierno nacional requiriese semejante asistencia para investigar la identidad de los usuarios de una red social que, desde el inicio del jury de enjuiciamiento a Campagnoli, denuncian la existencia de una persecución política contra el fiscal que lucha para no ser destituido, provocó asombro en la defensa de Campagnoli.
Todo comenzó en enero, cuando Cristina Caamaño -sucesora de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra hizo una denuncia contravencional contra un grupo de internautas que -aseguró- la hostigaba a través de esa red social.
El paso siguiente lo dio la fiscal Daniela Dupuy, al solicitar a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que “arbitre todos los medios a su alcance con el objeto de recabar todos los datos” de los siguientes usuarios: @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi.
La operación gubernamental, para la cual fue necesaria la intervención de Cancillería, se conoció cuando los usuarios revelaron que el 16 de junio recibieron una solicitud de información enviada por el departamento legal de Twitter, ante un requirimiento del Homeland Security, que se creó tras el atentado a las Torres Gemelas y que tiene la potestad de detener personas.
En ese contexto, Ignacio Rodríguez Varela y Andrés Rimoldi -propietarios de dos de las cuentas investigadas e integrantes del equipo de Campagnoli- presentaron un habeas corpus preventivo para conocer de dónde provenía el requerimiento y averiguaron que el punto de partida había sido la acción de la fiscal Caamaño. De inmediato intervino la abogada Daniela Portino González -socia de Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli-, quien hizo una presentación legal ante la embajada de EEUU y logró que la investigación se frenara.
Ayer, Rodríguez Varela le confirmó a Infobae que la jugada oficialista había sido neutralizada y lo dejó en claro a través de la red social Twitter. Además reafirmó que Campagnoli es “víctima de una clara persecución política” que llegó a un nivel extremo con “la persecución a tuiteros” que respaldan su actuación. (Infobae.com)
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