16 Agosto 2014
Los empresarios tucumamos calificaron de inconstitucional la reforma de la Ley de Abastecimiento que impulsa el Gobierno nacional. Ayer, en un pronunciamiento conjunto, la Federación Económica de Tucumán (FET), la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) rechazaron las modificaciones en la norma, mediante las cuales el Estado busca determinar la tasa de rentabilidad de las empresas, los precios en las cadenas productivas y hasta obligar a una firma a continuar con una línea de producción, incluso a pérdida.
Los representantes de las entidades privadas, que nuclean a compañías locales de diversos sectores, anunciaron que invitarán a los senadores tucumanos para plantearles su disconformidad con la iniciativa que propone la administración central. El titular de la FET, Pedro Omodeo, cuestionó que el Gobierno no haya consultado al empresariado para avanzar con la reforma de la Ley de Abastecimiento. “Nuestra preocupación es la rapidez con que se intenta aprobar esta norma en el Parlamento, sin haber tenido al menos la oportunidad de manifestar los inconvenientes que vemos en el proyecto”, advirtió el directivo.
Por su parte, el presidente de la UIT, Felipe Salas, afirmó que el Gobierno nacional no tiene en cuenta a las economías regionales en su iniciativa. “Es evidente que el debate de este proyectos se hace sobre la base de una economía que está cerca del puerto. Ante esta asimetría, las economías provinciales quedan desprotegidas, y sin poder alcanzar sus objetivos: el desarrollo, la creación de empleo, y el valor agregado para las producciones”, opinó.
Salas también remarcó que el Gobierno nacional “está en una encrucijada económica para evitar que la inflación se convierta en una hiperinflación”. “El Estado hace esto porque advierte que se ha producido una concentración de poder en algunas actividades. Esto pasó porque se permitió. Pero las economías regionales no somos responsables de esa situación”, aclaró.
A su turno, el titular de la SRT, Sebastián Robles Terán, manifestó que si prospera, la reforma de la Ley de Abastecimiento impedirá que las empresas puedan accionar libremente. “El proyecto del Gobierno destruye los principios básicos de toda empresa: qué y cómo producir, los ingresos de la actividad y cuándo comercializar. Si todo esto será digitado por el Estado, entonces las empresas pierden su sentido”, observó.
Los dirigentes de las tres entidades privadas coincidieron en que los senadores tucumanos deben exponer en el Parlamento las necesidades del sector empresario y productivo de la provincia. Antes del pronunciamiento conjunto, los directivos se reunieron con la senadora, Beatriz Rojkés de Alperovich para presentarle sus observaciones. “Nos dijo que las peticiones que se presenten serán analizadas”, remarcó Omodeo.
Los representantes de las entidades privadas, que nuclean a compañías locales de diversos sectores, anunciaron que invitarán a los senadores tucumanos para plantearles su disconformidad con la iniciativa que propone la administración central. El titular de la FET, Pedro Omodeo, cuestionó que el Gobierno no haya consultado al empresariado para avanzar con la reforma de la Ley de Abastecimiento. “Nuestra preocupación es la rapidez con que se intenta aprobar esta norma en el Parlamento, sin haber tenido al menos la oportunidad de manifestar los inconvenientes que vemos en el proyecto”, advirtió el directivo.
Por su parte, el presidente de la UIT, Felipe Salas, afirmó que el Gobierno nacional no tiene en cuenta a las economías regionales en su iniciativa. “Es evidente que el debate de este proyectos se hace sobre la base de una economía que está cerca del puerto. Ante esta asimetría, las economías provinciales quedan desprotegidas, y sin poder alcanzar sus objetivos: el desarrollo, la creación de empleo, y el valor agregado para las producciones”, opinó.
Salas también remarcó que el Gobierno nacional “está en una encrucijada económica para evitar que la inflación se convierta en una hiperinflación”. “El Estado hace esto porque advierte que se ha producido una concentración de poder en algunas actividades. Esto pasó porque se permitió. Pero las economías regionales no somos responsables de esa situación”, aclaró.
A su turno, el titular de la SRT, Sebastián Robles Terán, manifestó que si prospera, la reforma de la Ley de Abastecimiento impedirá que las empresas puedan accionar libremente. “El proyecto del Gobierno destruye los principios básicos de toda empresa: qué y cómo producir, los ingresos de la actividad y cuándo comercializar. Si todo esto será digitado por el Estado, entonces las empresas pierden su sentido”, observó.
Los dirigentes de las tres entidades privadas coincidieron en que los senadores tucumanos deben exponer en el Parlamento las necesidades del sector empresario y productivo de la provincia. Antes del pronunciamiento conjunto, los directivos se reunieron con la senadora, Beatriz Rojkés de Alperovich para presentarle sus observaciones. “Nos dijo que las peticiones que se presenten serán analizadas”, remarcó Omodeo.
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