03 Septiembre 2014
LAS ACUSADAS. Olivera y Taviansky afirmaron que no se conocían en persona. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Después del mediodía declaró la víctima, del primer juicio por trata de personas en Tucumán, la cual fue asistida por una psicóloga de la fundación María de Los Ángeles a la hora de prestar su testimonio.
La joven, frente a los magistrados Alicia Noli, Carlos Enrique Jiménez y Gabriel Eduardo Casas, se mantuvo en sus dichos y entre lágrimas aseguró: “yo deposite toda mi confianza en ella”, refiriéndose a Verónica de Jesús Olivera, quien en 2008 la habría intentado llevar a Santa Cruz para obligarla a ejercer la prostitución.
Luego fue el turno de la madre de la denunciante, quien también acusó a Olivera y afirmó: “no sé qué le ha ocurrido para sacar a mi hija de mi lado, ella no es una perra”.
Además destacó el procedimiento que permitió recuperar a tiempo a la joven. “Si mi hija pasaba de Córdoba no la veía más”.
Tanto la víctima como su madre aseguraron que días pasados Verónica de Jesús Olivera las amenazó y les dijo que si no cambiaban su declaración y las iba a matar.
Por la tarde, declararon los policías que intervinieron en la causa y lograron la recuperación de la víctima.
Una vez finalizada la audiencia, la jueza Alicia Noli informó que se retomará el juicio el próximo martes a las 14.
Las imputadas se defienden
Esta mañana Ana Alicia Taviansky y Verónica de Jesús Olivera, las dos imputadas, declararon ser inocentes. Las mujeres están acusadas por el reclutamiento y el traslado de una joven tucumana de 17 años.
Olivera, prima de la víctima, fue la primera. Según dijo, la joven viajaba por su propia voluntad a Santa Cruz porque se había peleado de sus padres. Además, aseguró que nunca le prometió un trabajo a su prima y que no conocía en persona a la otra acusada.
Taviansky, dueña de un cabaret que funcionó en Santa Cruz entre 1999 y este año, declaró que las chicas que trabajaban para ella no tenían relaciones sexuales con los clientes, sino que eran alternadoras (o coperas) y que su local estuvo habilitado por la Municipalidad. Cuando la fiscala Valentina García Salemi le preguntó detalles del arreglo económico con las mujeres, se negó a declarar.
El caso
De acuerdo a la denuncia de la adolescente, subió a un colectivo junto a Olivera ya que le habían prometido un trabajo en Río Gallegos como profesora de danzas folclóricas. La víctima se dio cuenta de la maniobra cuando viajaban en colectivo, le envió un mensaje de texto y la rescataron en la terminal de ómnibus de Córdoba.
El Ministerio Público Fiscal lleva adelante la acusación encabezado por el fiscal Federal subrogante Leopoldo Peralta Palma y por García Salemi, representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Las acusadas serán asistidas por el defensor Oficial Ciro Lo Pinto.
García Salemi estimó que pedirán para las imputadas la pena máxima, de 10 años de prisión, y explicó que en un delito de estas características contar con un testigo esencial es muy importante. "La testigo esencial, al ser también víctima, aporta datos valiosísimos porque fue objeto de ese delito y pudo salirse de la estructura que la sometió", señaló.
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