Por Rubén Rodó
06 Noviembre 2014
En las alturas de la Corte Suprema todo es alboroto y consultas febriles entre sus miembros, pese a las rencillas existentes, por el controvertido proyecto que autopropulsa Edmundo Jiménez, ministro fiscal del órgano de Justicia. Apenas asumió, ungido por su patrón, le imprimió su impronta personal al Ministerio Público Fiscal y Pupilar, exhibiéndose distante del Superior Tribunal. Con el decurso del tiempo, ese aire de autonomía fue acentuándose hasta provocar pavor entre los cortesanos del petit Olimpo, por las facultades que pretende arrogarse a sí mismo. Avanzó sin consulta alguna a la Corte, a la cual está sujeto constitucionalmente y por el poder de superintendencia de aquélla. A tal punto, que entre los magistrados y profesionales del foro ya se habla de “la otra Corte”. Virtual, paralela y unipersonal, a la que se identifica con el ADN coincidente con el del nuevo ministro fiscal.
La designación de “Pirincho” (anticipada por este columnista mucho tiempo antes de que se produjera) venía cantada. Después de zarandearse varios nombres, incluso algunos con perfume de mujer, el mandatario eligió a su ministro de Gobierno, ladero en su aventura gubernamental a lo largo de más de una década. Nadie, nunca, estuvo tanto tiempo en esas funciones. Era el hombre ideal para ocupar un cargo clave en la estructura judicial, cuyos entresijos y despachos de fiscales, jueces y camaristas conoce como ninguno del derecho y del revés. Hizo sentir su influencia (¿presión, no sería el término exacto?) más de una vez desde la cartera política que ejerció con bajo perfil, pero con contundente eficacia, de consuno con el zar.
Qué hacer y qué no hacer
Bajo su atento ojo está no sólo la decena de fiscales penales, a quienes controla e instruye qué hacer y, en particular, qué no hacer con algunos procesos calientes llegados a sus manos. A la vez, forma parte de la Junta Electoral Provincial con el titular de la Corte, Antonio Gandur, y el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado. Es decir, por carácter transitivo, el ente es un apéndice del zar, por la mayoría de la que dispone si se observa la composición de la tríada. Fiscaliza de una punta a la otra el proceso electoral entero: desde el fichaje de los partidos políticos y sus candidatos, como las alianzas y acoples, hasta el escrutinio final y la proclamación de los victoriosos. En una consulta crucial como la de 2015, demás está decir la importancia sustantiva que tiene el control de las elecciones, que se presumen muy reñidas en el fin del ciclo alperovichista, con el riesgo de un revés para el mandamás.
Diestro armador
Cuando ocupaba la cartera política, sin hacer ruido, fue el operador n° 1 que jugó fuerte en el armado, a dedo, de la Judicatura, tanto en la designación de fiscales penales como de magistrados, y la promoción de ascensos. Con su asesoramiento, el jefe del PE disolvió el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), de rango administrativo, creado por Ricardo Falú como ministro político de Ramón Ortega (1991-95). En esa tarea Jiménez tuvo relevante participación.
A dúo con el gobernador, desguazó la Justicia, al promover la jubilación de magistrados con el 82% móvil. Detrás de esa conquista legítima -de la que no disfruta toda la plantilla del Poder Judicial- quedó medio centenar de despachos desiertos -que se cubrieron discrecionalmente- mediante concursos en los que el mandatario debía elegir entre cinco propuestos (hoy, son tres los nominados). A los que no tenían los años de servicio suficientes se les facilitó créditos blandos -de la Caja Popular- con generosos plazos, para que pudieran retirarse.
Ahora, de pronto, se despachó con un proyecto de ley de su autoría -ya con estado parlamentario- que dejó perplejo al Superior Tribunal, y desató la inmediata resistencia de la totalidad (?) de sus miembros (unidos por el espanto, diría Borges) por la embestida del funcionario. ¿Hay alguien, sin embargo, que por debajo lo fogonea? Jiménez pretende desmarcarse del control constitucional de la Corte -cabeza del Poder Judicial- de la cual su ministerio es pieza inescindible, y armar rancho aparte sin ninguna interferencia. ¿El autoritarismo que se desprende de la propuesta es, acaso, producto del contagio de su larga cohabitación con Alperovich? Ambiciona, de movida, la autarquía financiera para su órbita, cuyas rupias actualmente son asignadas por la Corte. Además, pretende para sí ejercer la función de superintendencia en la administración de Justicia en su esfera de acción.
En la ristra de demandas, quiere aplicar sanciones disciplinarias a magistrados (¿incluida la Corte?), funcionarios constitucionales y a los agentes bajo su mando, a quienes anhela designar personalmente, como también manejar, a su arbitrio, el presupuesto de gastos de su área. Es un alzamiento, braman los supremos cortesanos, por sus pretensiones de podar facultades constitucionales propias e indelegables del tribunal. ¿Se trata, en rigor, de un insólito gesto que va más allá de una posición independentista, para caer en el pecado de desobediencia? Jamás se registró algo parecido en la historia del Poder Judicial, sacudido hoy en sus cimientos, lo que puso en alerta roja a toda la magistratura y, en particular, a los jueces supremos. ¿La movida tiene -o tuvo- el aval del gobernador?
Alguien advirtió a Alperovich sobre lo riesgoso del proyecto y mandó frenar la operación en la Legislatura. Experto en trenzas, el ex ministro político ya había conseguido el número suficiente de votos para su aprobación. Sin embargo, aún no fue retirado y sigue pendiente de tratamiento. ¿Cuál será el final? Con comicios decisivos a la vuelta de la esquina, a Alperovich no le conviene malquistarse con la Corte, y preferiría sacrificar al que fuera su colaborador predilecto. “Pirincho”, en la intimidad de sus amigos, se vanagloria de que fue el armador de la Judicatura provincial en tres administraciones, desde la intervención federal de Julio César “Chiche” Aráoz, en el 91, atravesando los gobiernos de Ortega, Miranda y, finalmente, Alperovich. Es, sin duda, quien más magistrados hizo designar con el sistema dedocrático.
El ex ministro de Gobierno, Ricardo Falú, parado en las antípodas, sostuvo que “la Corte no puede manejar el Ministerio Público” y dio largos fundamentes en una entrevista con LA GACETA. Es una vieja idea sobre la que cabalga desde que fuera ministro fiscal de Corte.
Tiempo atrás, la vocal Claudia Sdbar elaboró un proyecto de desdoblamiento del Ministerio Público separando la esfera Fiscal de la Pupilar. Con algunos retoques, adhirieron todos sus pares Posse, Gandur, Goane y Estofán. Su objetivo de dividirlo funcionalmente fue para asegurar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, en base a recomendaciones de la OEA y de otros organismos internacionales. Fue enviado al ministro fiscal en setiembre para que dé su opinión. Sin dictamen, lo devolvió un mes después al alto tribunal. Por cuerda aparte, Jiménez contragolpeó y mandó su propia iniciativa a la Legislatura, obturada -ahora- por el gobernador.
Otro actor en escena
¿Quién es realmente el candidato de Alperovich? Hasta hoy, nadie fue bendecido por él. Es probable que aún no lo sepa. Aplazará la definición hasta los umbrales del registro de los postulantes, en marzo. A su esposa la mantiene como muletto, en tanto mandó a caminar pueblo por pueblo, guitarra en mano y con promesas dudosas, al dúo Manzur-Jaldo. A última hora apareció en escena José “Paco” López. Su intención es sentarse en la silla de Lucas Córdoba. El intendente Amaya juega su propio partido. Se presentará en las PASO como candidato a senador y competirá con Alperovich, y después participará como candidato a gobernador en las provinciales. Con todos estos actores en la vidriera, la verdad es que en la tropa peronista la incertidumbre es cada día más acuciante. ¿A quién apostar?, se preguntan los muchachos peronistas. Como el Jefe no da ninguna señal cierta deambulan, erráticos y confundidos, de un acto a otro ofreciendo su adhesión sin saber a quién, ni por qué. Eso sí, aplauden a todos y vitorean sus nombres.
Con la esposa del mandatario ocurre algo curioso. Aunque su cónyuge congeló su candidatura, apareció como oradora en el acto de Lules, donde Alperovich puso prematuramente sus fichas a Daniel Scioli. Beatriz Rojkés, en su condición de titular del PJ, respaldó el lanzamiento de López, secretario de Obras Públicas de la Nación. ¿Significa su apoyo explícito al nuevo aspirante? Es más, ya se habla de la fórmula López-Rojkés. Y que la nominada a senadora sería Catalina Lonac. ¿López, palafrenero de los Kirchner desde Santa Cruz, tiene el guiño de Cristina para pelear con Alperovich y sus favoritos, llevando como partenaire a la senadora? ¿La primera dama se desligó del tutelaje político de su marido y decidió avanzar sola? López no figura entre los amores de la dupla Manzur-Jaldo. Días atrás, en la confitería La Rural del parque 9 de Julio, en un encuentro con medio centenar de delegados comunales, que encabezó la yunta oficialista, se despotricó sin freno contra el funcionario K. De lleno en la campaña, López descuidó su tarea específica de socorrer a los inundados bonaerenses.
Guerra sin armisticio
Después de las volcánicas palabras del secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, en la reciente habilitación del boulevard Benjamín Aráoz, la guerra -sin posibilidades de armisticio-, está declarada entre el intendente Amaya y el gobernador. La última vez que hablaron fue el 17 (la desgracia en la numerología popular) de febrero, en la Casa de Gobierno. Desde entonces el diálogo se cortó y es muy difícil que se restablezca. El arcabucero mayor del jefe del Ayuntamiento le bajó lonjazos por doquier, que impactaron en el plexo del mandatario. Va de suyo, sus expresiones tenían el visto bueno de Amaya. Calificó de corrupta la gestión de Alperovich, sin haber solucionado problemas elementales de la gente como los servicio de agua y luz. Su obra mayor –chicaneó- es el cordón-cuneta. Alperovich, en represalia, no refinancia la deuda del municipio y le retacea los fondos que le corresponde. Nunca desde las entrañas del peronismo alguien fue tan lejos con sus palabras.
La designación de “Pirincho” (anticipada por este columnista mucho tiempo antes de que se produjera) venía cantada. Después de zarandearse varios nombres, incluso algunos con perfume de mujer, el mandatario eligió a su ministro de Gobierno, ladero en su aventura gubernamental a lo largo de más de una década. Nadie, nunca, estuvo tanto tiempo en esas funciones. Era el hombre ideal para ocupar un cargo clave en la estructura judicial, cuyos entresijos y despachos de fiscales, jueces y camaristas conoce como ninguno del derecho y del revés. Hizo sentir su influencia (¿presión, no sería el término exacto?) más de una vez desde la cartera política que ejerció con bajo perfil, pero con contundente eficacia, de consuno con el zar.
Qué hacer y qué no hacer
Bajo su atento ojo está no sólo la decena de fiscales penales, a quienes controla e instruye qué hacer y, en particular, qué no hacer con algunos procesos calientes llegados a sus manos. A la vez, forma parte de la Junta Electoral Provincial con el titular de la Corte, Antonio Gandur, y el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado. Es decir, por carácter transitivo, el ente es un apéndice del zar, por la mayoría de la que dispone si se observa la composición de la tríada. Fiscaliza de una punta a la otra el proceso electoral entero: desde el fichaje de los partidos políticos y sus candidatos, como las alianzas y acoples, hasta el escrutinio final y la proclamación de los victoriosos. En una consulta crucial como la de 2015, demás está decir la importancia sustantiva que tiene el control de las elecciones, que se presumen muy reñidas en el fin del ciclo alperovichista, con el riesgo de un revés para el mandamás.
Diestro armador
Cuando ocupaba la cartera política, sin hacer ruido, fue el operador n° 1 que jugó fuerte en el armado, a dedo, de la Judicatura, tanto en la designación de fiscales penales como de magistrados, y la promoción de ascensos. Con su asesoramiento, el jefe del PE disolvió el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), de rango administrativo, creado por Ricardo Falú como ministro político de Ramón Ortega (1991-95). En esa tarea Jiménez tuvo relevante participación.
A dúo con el gobernador, desguazó la Justicia, al promover la jubilación de magistrados con el 82% móvil. Detrás de esa conquista legítima -de la que no disfruta toda la plantilla del Poder Judicial- quedó medio centenar de despachos desiertos -que se cubrieron discrecionalmente- mediante concursos en los que el mandatario debía elegir entre cinco propuestos (hoy, son tres los nominados). A los que no tenían los años de servicio suficientes se les facilitó créditos blandos -de la Caja Popular- con generosos plazos, para que pudieran retirarse.
Ahora, de pronto, se despachó con un proyecto de ley de su autoría -ya con estado parlamentario- que dejó perplejo al Superior Tribunal, y desató la inmediata resistencia de la totalidad (?) de sus miembros (unidos por el espanto, diría Borges) por la embestida del funcionario. ¿Hay alguien, sin embargo, que por debajo lo fogonea? Jiménez pretende desmarcarse del control constitucional de la Corte -cabeza del Poder Judicial- de la cual su ministerio es pieza inescindible, y armar rancho aparte sin ninguna interferencia. ¿El autoritarismo que se desprende de la propuesta es, acaso, producto del contagio de su larga cohabitación con Alperovich? Ambiciona, de movida, la autarquía financiera para su órbita, cuyas rupias actualmente son asignadas por la Corte. Además, pretende para sí ejercer la función de superintendencia en la administración de Justicia en su esfera de acción.
En la ristra de demandas, quiere aplicar sanciones disciplinarias a magistrados (¿incluida la Corte?), funcionarios constitucionales y a los agentes bajo su mando, a quienes anhela designar personalmente, como también manejar, a su arbitrio, el presupuesto de gastos de su área. Es un alzamiento, braman los supremos cortesanos, por sus pretensiones de podar facultades constitucionales propias e indelegables del tribunal. ¿Se trata, en rigor, de un insólito gesto que va más allá de una posición independentista, para caer en el pecado de desobediencia? Jamás se registró algo parecido en la historia del Poder Judicial, sacudido hoy en sus cimientos, lo que puso en alerta roja a toda la magistratura y, en particular, a los jueces supremos. ¿La movida tiene -o tuvo- el aval del gobernador?
Alguien advirtió a Alperovich sobre lo riesgoso del proyecto y mandó frenar la operación en la Legislatura. Experto en trenzas, el ex ministro político ya había conseguido el número suficiente de votos para su aprobación. Sin embargo, aún no fue retirado y sigue pendiente de tratamiento. ¿Cuál será el final? Con comicios decisivos a la vuelta de la esquina, a Alperovich no le conviene malquistarse con la Corte, y preferiría sacrificar al que fuera su colaborador predilecto. “Pirincho”, en la intimidad de sus amigos, se vanagloria de que fue el armador de la Judicatura provincial en tres administraciones, desde la intervención federal de Julio César “Chiche” Aráoz, en el 91, atravesando los gobiernos de Ortega, Miranda y, finalmente, Alperovich. Es, sin duda, quien más magistrados hizo designar con el sistema dedocrático.
El ex ministro de Gobierno, Ricardo Falú, parado en las antípodas, sostuvo que “la Corte no puede manejar el Ministerio Público” y dio largos fundamentes en una entrevista con LA GACETA. Es una vieja idea sobre la que cabalga desde que fuera ministro fiscal de Corte.
Tiempo atrás, la vocal Claudia Sdbar elaboró un proyecto de desdoblamiento del Ministerio Público separando la esfera Fiscal de la Pupilar. Con algunos retoques, adhirieron todos sus pares Posse, Gandur, Goane y Estofán. Su objetivo de dividirlo funcionalmente fue para asegurar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, en base a recomendaciones de la OEA y de otros organismos internacionales. Fue enviado al ministro fiscal en setiembre para que dé su opinión. Sin dictamen, lo devolvió un mes después al alto tribunal. Por cuerda aparte, Jiménez contragolpeó y mandó su propia iniciativa a la Legislatura, obturada -ahora- por el gobernador.
Otro actor en escena
¿Quién es realmente el candidato de Alperovich? Hasta hoy, nadie fue bendecido por él. Es probable que aún no lo sepa. Aplazará la definición hasta los umbrales del registro de los postulantes, en marzo. A su esposa la mantiene como muletto, en tanto mandó a caminar pueblo por pueblo, guitarra en mano y con promesas dudosas, al dúo Manzur-Jaldo. A última hora apareció en escena José “Paco” López. Su intención es sentarse en la silla de Lucas Córdoba. El intendente Amaya juega su propio partido. Se presentará en las PASO como candidato a senador y competirá con Alperovich, y después participará como candidato a gobernador en las provinciales. Con todos estos actores en la vidriera, la verdad es que en la tropa peronista la incertidumbre es cada día más acuciante. ¿A quién apostar?, se preguntan los muchachos peronistas. Como el Jefe no da ninguna señal cierta deambulan, erráticos y confundidos, de un acto a otro ofreciendo su adhesión sin saber a quién, ni por qué. Eso sí, aplauden a todos y vitorean sus nombres.
Con la esposa del mandatario ocurre algo curioso. Aunque su cónyuge congeló su candidatura, apareció como oradora en el acto de Lules, donde Alperovich puso prematuramente sus fichas a Daniel Scioli. Beatriz Rojkés, en su condición de titular del PJ, respaldó el lanzamiento de López, secretario de Obras Públicas de la Nación. ¿Significa su apoyo explícito al nuevo aspirante? Es más, ya se habla de la fórmula López-Rojkés. Y que la nominada a senadora sería Catalina Lonac. ¿López, palafrenero de los Kirchner desde Santa Cruz, tiene el guiño de Cristina para pelear con Alperovich y sus favoritos, llevando como partenaire a la senadora? ¿La primera dama se desligó del tutelaje político de su marido y decidió avanzar sola? López no figura entre los amores de la dupla Manzur-Jaldo. Días atrás, en la confitería La Rural del parque 9 de Julio, en un encuentro con medio centenar de delegados comunales, que encabezó la yunta oficialista, se despotricó sin freno contra el funcionario K. De lleno en la campaña, López descuidó su tarea específica de socorrer a los inundados bonaerenses.
Guerra sin armisticio
Después de las volcánicas palabras del secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, en la reciente habilitación del boulevard Benjamín Aráoz, la guerra -sin posibilidades de armisticio-, está declarada entre el intendente Amaya y el gobernador. La última vez que hablaron fue el 17 (la desgracia en la numerología popular) de febrero, en la Casa de Gobierno. Desde entonces el diálogo se cortó y es muy difícil que se restablezca. El arcabucero mayor del jefe del Ayuntamiento le bajó lonjazos por doquier, que impactaron en el plexo del mandatario. Va de suyo, sus expresiones tenían el visto bueno de Amaya. Calificó de corrupta la gestión de Alperovich, sin haber solucionado problemas elementales de la gente como los servicio de agua y luz. Su obra mayor –chicaneó- es el cordón-cuneta. Alperovich, en represalia, no refinancia la deuda del municipio y le retacea los fondos que le corresponde. Nunca desde las entrañas del peronismo alguien fue tan lejos con sus palabras.
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