Cristina de Borbón quedó imputada por fraude fiscal

Siguen los problemas para la hermana del rey La Justicia archivó la imputación por lavado de dinero, pero culpó de ese delito a su marido. Un sonado caso de corrupción

TRANCE. La infanta Cristina está casadal con Iñaki Urdangarín. reuters TRANCE. La infanta Cristina está casadal con Iñaki Urdangarín. reuters
08 Noviembre 2014
MADRID.- Una corte española confirmó la imputación de la hermana del rey de España, Cristina de Borbón, por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que archivó la imputación por lavado de dinero, informó el Tribunal Superior de Justicia de la región de las islas Baleares. El Tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, integrado por seis jueces, añadió el delito de lavado de dinero a las imputaciones contra el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. “No existe dato ninguno que apunte a que Cristina estuviera al corriente de las irregularidades tributarias de su marido”, dijo la corte. Tras una extensa investigación que duró cuatro años y que finalizó el junio, el juez José Castro concluyó que existen “sobrados indicios” de que Cristina, de 49 años, dispuso y gastó dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que poseía al 50 % con su marido. Castro catalogó a Aizoon como una sociedad pantalla sin apenas actividad y carente de personal efectivo, creada con el propósito deliberado de servir de cauce para el reparto de los beneficios obtenidos por la organización sin fines de lucro Nóos, fundada por Urdangarin.

“Su participación en el delito fiscal sólo pudo haber sido a título de cooperador, pero hay que tener en cuenta que Cristina no tuvo intervención en el entramado societario, ni era administradora de hecho ni socia de control, ya que no participaba en la gestión”, señaló la Audiencia. Urdangarin, un ex jugador olímpico de balonmano, está acusado de usar sus conexiones para obtener contactos y realizar eventos a través de Nóos, desviando millones de euros de fondos públicos, sobre todo en las Islas Baleares y Valencia. La decisión no aclara si la infanta se sentará en el banquillo de los acusados cuando se abra el juicio oral por el caso de corrupción, al existir jurisprudencia al respecto que ha evitado que otros imputados por este delito sean juzgados.

El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en los gastos sociales. (Reuters)

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