14 Diciembre 2014
QUERELLAS. Los acusadores comenzaron a exponer sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)
Aislamiento total. Ventanas soldadas. Censura de toda información externa. Poca y mala alimentación. Sonidos molestos y persistentes. Prohibición de toda forma de organización. Restricciones de uso de sanitarios. Hostigamiento de familiares. Imposibilidad de ejercitarse. Golpes.
Los abogados de la Secretaría Derechos Humanos de la Nación y de la Asociación de ex presos Políticos de Tucumán, Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, sostuvieron que todas esas medidas de cautiverio fueron planificadas e implementadas para destruir mental y físicamente a los detenidos políticos y de aquellos llamados “subversivos” de las cárceles durante el terrorismo de Estado.
Los letrados querellantes (Gargiulo representa también a los familiares de Alberto Ferreyra y a Andhes) expusieron sus alegatos en la megacausa “Villa Urquiza”, en la que llevaron adelante más de 30 casos. Requirieron penas de cumplimiento efectivo de entre 15 y 25 años para los ex policías, militares y guardiacárceles imputados.
El pedido
Lobo Bugeau y Gargiulo consideraron que quedó probada la asociación ilícita agravada entre los empleados de la guardia de la cárcel; los delitos sexuales contra S.A.N.; los homicidios agravados de José Torrente y Juan Carlos Suter dentro de la unidad; las privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones de más de 30 víctimas y los tormentos agravados contra más de 10 afectados.
Las penas más altas que pidieron, de 25 años, fueron para tres de los acusados que se desempeñaron como penitenciarios: Daniel Álvarez, Ángel Audes y Pedro Fidel García.
Mientras que consideraron que debería ser sentenciado a 20 años el ex militar Jorge Omar Lazarte como autor mediato de secuestros y de torturas agravadas en reiteras oportunidades. La misma pena reclamaron para los celadores Alberto Wertel Montenegro, Juan Carlos Medrano, Héctor Manuel Valenzuela y Francisco Alfredo Ledesma.
Consignaron, por último, que debería ser condenado a 15 años Santos González como partícipe secundario de delito sexual y miembro de asociación ilícita.
La querella no pudo pretender una pena para Roberto “El Tuerto” Albornoz porque no cumplieron con la acusación en la etapa de instrucción. Sin embargo, mencionaron su rol en el sistema represivo.
Los abogados hicieron hincapié en las pésimas condiciones en las que se encontraban las mujeres recluidas en un sector especial de Villa Urquiza. Afirmaron que los delitos sexuales que padecieron y que relataron las sobrevivientes fueron cometidos en el contexto de lesa humanidad. La megacausa “Villa Uquiza” es el décimo juicio de derechos humanos que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF). Juzga los ilícitos cometidos contra 39 víctimas en pabellones donde habrían funcionado centros clandestinos. A lo largo del proceso se escuchó a la mayoría de las víctimas y a sus familiares. También se abordaron los casos de cuatro detenidos desaparecidos y de dos que fueron asesinados en la cárcel. Está previsto que el martes aleguen los fiscales. La sentencia, en tanto, se dictaría el 23.
Los abogados de la Secretaría Derechos Humanos de la Nación y de la Asociación de ex presos Políticos de Tucumán, Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo, sostuvieron que todas esas medidas de cautiverio fueron planificadas e implementadas para destruir mental y físicamente a los detenidos políticos y de aquellos llamados “subversivos” de las cárceles durante el terrorismo de Estado.
Los letrados querellantes (Gargiulo representa también a los familiares de Alberto Ferreyra y a Andhes) expusieron sus alegatos en la megacausa “Villa Urquiza”, en la que llevaron adelante más de 30 casos. Requirieron penas de cumplimiento efectivo de entre 15 y 25 años para los ex policías, militares y guardiacárceles imputados.
El pedido
Lobo Bugeau y Gargiulo consideraron que quedó probada la asociación ilícita agravada entre los empleados de la guardia de la cárcel; los delitos sexuales contra S.A.N.; los homicidios agravados de José Torrente y Juan Carlos Suter dentro de la unidad; las privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones de más de 30 víctimas y los tormentos agravados contra más de 10 afectados.
Las penas más altas que pidieron, de 25 años, fueron para tres de los acusados que se desempeñaron como penitenciarios: Daniel Álvarez, Ángel Audes y Pedro Fidel García.
Mientras que consideraron que debería ser sentenciado a 20 años el ex militar Jorge Omar Lazarte como autor mediato de secuestros y de torturas agravadas en reiteras oportunidades. La misma pena reclamaron para los celadores Alberto Wertel Montenegro, Juan Carlos Medrano, Héctor Manuel Valenzuela y Francisco Alfredo Ledesma.
Consignaron, por último, que debería ser condenado a 15 años Santos González como partícipe secundario de delito sexual y miembro de asociación ilícita.
La querella no pudo pretender una pena para Roberto “El Tuerto” Albornoz porque no cumplieron con la acusación en la etapa de instrucción. Sin embargo, mencionaron su rol en el sistema represivo.
Los abogados hicieron hincapié en las pésimas condiciones en las que se encontraban las mujeres recluidas en un sector especial de Villa Urquiza. Afirmaron que los delitos sexuales que padecieron y que relataron las sobrevivientes fueron cometidos en el contexto de lesa humanidad. La megacausa “Villa Uquiza” es el décimo juicio de derechos humanos que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF). Juzga los ilícitos cometidos contra 39 víctimas en pabellones donde habrían funcionado centros clandestinos. A lo largo del proceso se escuchó a la mayoría de las víctimas y a sus familiares. También se abordaron los casos de cuatro detenidos desaparecidos y de dos que fueron asesinados en la cárcel. Está previsto que el martes aleguen los fiscales. La sentencia, en tanto, se dictaría el 23.
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