20 Diciembre 2014
OFUSCADO. El fiscal Guillerme Herrera criticó el dictamen que dejó libres a los imputados del caso Cofin. la gaceta / foto de inés quinteros orio
El procesamiento penal del financista Jorge Alejandro Rigourd y de su socio, el contador Hugo Sánchez, acusados por el fiscal de Instrucción, Guillermo Herrera, de haber incurrido en supuestas maniobras de estafa en perjuicio de un grupo de ahorristas que invirtieron su dinero en la financiera Cofin S.A. provocó una enfrentamiento entre el fiscal y la jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera, por la interpretación de las normas que habrían infringido los imputados.
El viernes se conocieron públicamente las duras críticas con las que la magistrada, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal de V Nominación, suscribió su determinación de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el titular de la Fiscalía X para Rigourd y Sánchez. En su dictamen Lenis de Vera sostuvo que Herrera “no avanzó en la investigación y que sólo se limitó a reunir presentaciones realizadas por posibles damnificados”. Ante esto, Herrera retrucó ayer la interpretación de las pruebas que realizó Lenis de Vera. “La jueza no quiere que investigue, quiere que haga ‘magia’ en los 10 días hábiles que tenía para investigar. Más aún si se toma en cuenta la complejidad de este tipo de delitos en los que se debe realizar un trabajo pormenorizado en la búsqueda de información”, respondió Herrera.
En este sentido, también señaló que luego de proceder con el allanamiento de las oficinas y el domicilio particular de Rigourd (procedimientos realizados el 7 de noviembre pasado) solicitó al Ministerio Fiscal, a cargo de Edmundo Jiménez, que “se gestione ante los organismos correspondientes la colaboración de expertos debido a que los recursos humanos y técnicos de las fiscalías se ven excedidos en casos de esta índole”.
Esta colaboración, según sostuvo Herrera, la recibió recién el lunes cuando el Ministerio Fiscal le notificó que la Dirección General de Rentas (DGR) ponía a disposición de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía X todos los recursos técnicos y profesionales que precisara. “Desde ese día estamos coordinando con esa repartición los pasos a seguir en la investigación. En realidad considero que la jueza (Lenis de Vera), más que una crítica al trabajo de esta fiscalía, parecería que está haciendo una defensa para un juicio político en su contra”, fustigó el funcionario judicial.
En su respuesta a las críticas formuladas por la jueza, Herrera sostuvo también que la magistrada estaba al tanto de que la DGR iba a comenzar a colaborar en la instrucción de la causa en contra del dueño de Cofin S.A.
Por otra parte, el fiscal dijo que algunos de los damnificados consiguieron denunciar a Rigourd en la Justicia Civil a pesar de no contar con los instrumentos sellados (contrato entre las partes) que avalaran la vinculación entre los presuntos damnificados y la financiera. “Varios damnificados, según quedó documentado en la Mesa de Entradas Civil, presentaron su denuncias en contra del imputado. Esto echa por tierra la versión de Rigourd en la que dice que ni él ni su empresa fueron denunciados en la sede civil”, concluyó el fiscal Herrera.
El viernes se conocieron públicamente las duras críticas con las que la magistrada, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal de V Nominación, suscribió su determinación de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por el titular de la Fiscalía X para Rigourd y Sánchez. En su dictamen Lenis de Vera sostuvo que Herrera “no avanzó en la investigación y que sólo se limitó a reunir presentaciones realizadas por posibles damnificados”. Ante esto, Herrera retrucó ayer la interpretación de las pruebas que realizó Lenis de Vera. “La jueza no quiere que investigue, quiere que haga ‘magia’ en los 10 días hábiles que tenía para investigar. Más aún si se toma en cuenta la complejidad de este tipo de delitos en los que se debe realizar un trabajo pormenorizado en la búsqueda de información”, respondió Herrera.
En este sentido, también señaló que luego de proceder con el allanamiento de las oficinas y el domicilio particular de Rigourd (procedimientos realizados el 7 de noviembre pasado) solicitó al Ministerio Fiscal, a cargo de Edmundo Jiménez, que “se gestione ante los organismos correspondientes la colaboración de expertos debido a que los recursos humanos y técnicos de las fiscalías se ven excedidos en casos de esta índole”.
Esta colaboración, según sostuvo Herrera, la recibió recién el lunes cuando el Ministerio Fiscal le notificó que la Dirección General de Rentas (DGR) ponía a disposición de la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía X todos los recursos técnicos y profesionales que precisara. “Desde ese día estamos coordinando con esa repartición los pasos a seguir en la investigación. En realidad considero que la jueza (Lenis de Vera), más que una crítica al trabajo de esta fiscalía, parecería que está haciendo una defensa para un juicio político en su contra”, fustigó el funcionario judicial.
En su respuesta a las críticas formuladas por la jueza, Herrera sostuvo también que la magistrada estaba al tanto de que la DGR iba a comenzar a colaborar en la instrucción de la causa en contra del dueño de Cofin S.A.
Por otra parte, el fiscal dijo que algunos de los damnificados consiguieron denunciar a Rigourd en la Justicia Civil a pesar de no contar con los instrumentos sellados (contrato entre las partes) que avalaran la vinculación entre los presuntos damnificados y la financiera. “Varios damnificados, según quedó documentado en la Mesa de Entradas Civil, presentaron su denuncias en contra del imputado. Esto echa por tierra la versión de Rigourd en la que dice que ni él ni su empresa fueron denunciados en la sede civil”, concluyó el fiscal Herrera.
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