El fiscal Brito rechaza las causales que invocó Milani para apartarlo de la pesquisa

“Recién ahora, al encontrarse agotada la investigación, la defensa interpone la recusación”, expresó el titular de la Fiscalía Federal N°1. En el escrito que presentó este viernes, el funcionario constitucional quitó valor a la denuncia que Milani dejó en la Procuración.

11 Enero 2015
Ni “temor de falta de objetividad” ni “falta de objetividad confirmada” ni “enemistad manifiesta”. Carlos Brito, fiscal federal Nº1, se declaró “libre” de las causales esgrimidas por la defensa de César Milani, jefe del Ejército, y del ex capitán Esteban Sanguinetti para apartarlo de la investigación de la desaparición del soldado Alberto Ledo. “El planteo es notoriamente inconsistente y debe ser rechazado”, dijo en la contestación de la recusación que presentó este viernes al juez federal Nº1, Daniel Bejas.

Brito llamó la atención sobre el momento en el que Adolfo Bertini, defensor oficial, y Manuel Bonnin, defensor oficial ad hoc, formularon la recusación. “Al respecto, cabe destacar que ambos se encuentran apersonados desde hace tiempo en la causa; en tal carácter, obtuvieron copias de la totalidad del legajo; constataron la incorporación de los instrumentos públicos que ahora cuestionan; ofrecieron pruebas aceptando la validez de estas y controlaron la producción de todas las que se sustanciaron, incluidas las de las querellantes”, describió. Y añadió: “recién ahora, al encontrarse agotada la investigación, interponen la recusación”.

El mismo día


La presentación de la defensa dirigida a separar a Brito del expediente judicial tuvo lugar unas horas antes de que aquel pidiese a Bejas que cite a prestar declaración indagatoria a Milani con el carácter de supuesto falsificador del legajo de deserción de Ledo, y de supuesto encubridor del secuestro y el asesinato del soldado. En el mismo dictamen del 22 de diciembre pasado, el fiscal solicitó la ampliación de la declaración indagatoria de Sanguinetti, que en esta causa tiene un procesamiento confirmado y que aguarda el resultado del proceso en prisión preventiva domiciliaria. A posteriori, Bertini amplió los fundamentos y dijo que entre su defendido y el fiscal existía “una enemistad manifiesta” derivada de la denuncia que Milani interpuso el 23 de diciembre ante la Procuración General de la Nación para que Brito sea separado de su cargo.

Al deducir la recusación, Bertini dijo que el temor de falta de objetividad estaba fundado en el hecho de que Brito llevaba adelante la pesquisa sobre una copia del sumario de deserción de Ledo cuya validez había cuestionado el 15 de diciembre, cuando solicitó la exclusión de esa prueba con el argumento de que no había sido hallado el documento original.

Pero el fiscal adujo que Bertini había consentido ese instrumento al ofrecer como testigo experto al letrado Walter Faneco: “así, al llevarse a cabo la audiencia testimonial del 3 de julio de 2014, Faneco, quien se presentó sólo como abogado aunque luego reconoció que era coronel auditor del Ejército Argentino, y, por ende, subordinado al jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general César Milani, explicó la normativa militar vigente cuando se sustanció la técnicamente denominada ‘información’, que estuvo a cargo del entonces subteniente Milani. Seguidamente se refirió, teniendo a la vista el legajo de deserción de Ledo, tal y como lo había requerido Bertini, presente en la audiencia, a las demoras que se habrían producido en la confección de la ‘información’ y manifestó que eran atribuibles a la orden impartida por el entonces capitán Sanguinetti”.

No meras fotocopias

Brito asimismo defendió la validez del sumario militar que analizó al advertir que este es una copia certificada por el mayor José Baltazar Sandaza, que en su momento tenía entre sus funciones certificar documentos según el Reglamento del Servicio Interno del Ejército Argentino (1968). El fiscal dijo que la defensa no había intentado de ningún modo desvirtuar el sumario de deserción de 1976 que incrimina a Milani: “ha quedado palmariamente acreditado que el defensor oficial y su pupilo conocían y produjeron pruebas tendientes a acreditar que las actuaciones administrativas sobre las que giran los planteos de exclusión probatoria y recusación habían sido realizadas de conformidad con las normativas militares vigentes al momento en que se labraron, consintiendo su legitimidad y admitiendo la participación que en ellas le correspondió a Milani”.

Tarde para denunciar

En cuanto a la “enemistad manifiesta” derivada de la denuncia que el jefe del Ejército interpuso ante el organismo que dirige la procuradora general Alejandra Gils Carbó, Brito dijo que esa presentación, para tener el efecto buscado, debió haber sido formalizada antes del comienzo del proceso, que está en marcha desde 2007. “Pero esta fue deducida al día siguiente que presenté el dictamen requiriendo que Milani sea citado a prestar declaración indagatoria”, recordó el funcionario constitucional que, como consecuencia de la estrategia de la “enemistad manifiesta” podría ser sometido a un proceso semejante al que enfrentó el fiscal José María Campagnoli durante el año pasado, con la acusación de haberse excedido en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez (finalmente, la pretensión de destituir a Campagnoli cayó por cuestiones procesales y el fiscal acusado -y suspendido- volvió a su fiscalía) .

“En cuanto a la enemistad, se ha dicho que esta requiere una manifiesta y concreta relación conflictiva precedente entre el magistrado y uno de los interesados. Esta situación no se ajusta a lo invocado ya que antes del inicio de la causa y, hasta el día de hoy, no existía ni existe ningún tipo de relación entre Milani y mi persona, como no sea la de su calidad de imputado en autos y mi actuación en representación del Ministerio Público Fiscal, en cuyo nombre promuevo la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”, expresó el fiscal. Según su criterio, Milani pretende forzar la enemistad para “provocar” la inhibición. “No debe olvidarse que la recusación es una vía de excepción y un recurso excepcional, y que su abuso compromete seriamente la majestad de la justicia y la dignidad de la profesión de abogado”, advirtió Brito al final de su último dictamen en la causa “Ledo”.

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