14 Enero 2015
CONTUNDENTE. Capitanich dijo que la Justicia pretende socavar las potestades del Congreso nacional. dyn
BUENOS AIRES. - El Gobierno volvió a embestir contra el sector del Poder Judicial que frenó la designación de 16 fiscales subrogantes promovida por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al acusarlo de incurrir en comportamientos reñidos con la Constitución y con la democracia.
Así lo expresó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien defendió los nombramientos y denunció “una clara embestida contra el funcionamiento del Poder Judicial, de la autonomía funcional del ministerio público, que está consagrado en la Constitución Nacional”.
El funcionario evaluó que la medida precautelar del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, que frenó la designación de los fiscales, “pretende socavar las bases de legitimidad del funcionamiento del Congreso de la Nación y de la división de poderes” y la calificó como “una conducta antidemocrática y anticonstitucional”.
“Un conjunto de legisladores que pertenece al FpV ratificó la legitimidad y la legalidad de las designaciones promovidas por Gils Carbó. Han sostenido los legisladores la necesidad de preservar la división de poderes y la independencia funcional de la Procuración”, agregó.
“Se pondrá en marcha luego la comisión bicameral para la ejecución del programa de reforma del Código Penal, que fue una ley sancionada por el Congreso de la Nación”, dijo.
Mala praxis
El secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, se sumó a los cuestionamientos contra el revés judicial y objetó la legitimidad de la Asociación de Magistrados para impugnar las designaciones de 16 fiscales subrogantes, por lo que afirmó que la nueva medida precautelar contra los nombramientos es un ejemplo de las malas prácticas en materia judicial.
Evaluó que el fallo que dictó el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, en el que ratificó la suspensión en la designación de fiscales a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es “una aberración jurídica”.
Fernández deploró el nuevo freno a los nombramiento dispuestos por la procuradora general de la Nación, y se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio me puede explicar por qué la Asociación de Magistrados tiene legitimación para impugnar la implementación de una reforma al código de procedimiento?”.
Fernández consideró el fallo como “una nueva pieza de colección de mala praxis judicial”.
“Que discuta su representación estamentaria en el consejo vaya y pase, pero patente de corso para impugnar en abstracto una resolución general, es una aberración jurídica”, dijo Fernández sobre la Asociación de Magistrados. (DyN)
Así lo expresó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien defendió los nombramientos y denunció “una clara embestida contra el funcionamiento del Poder Judicial, de la autonomía funcional del ministerio público, que está consagrado en la Constitución Nacional”.
El funcionario evaluó que la medida precautelar del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, que frenó la designación de los fiscales, “pretende socavar las bases de legitimidad del funcionamiento del Congreso de la Nación y de la división de poderes” y la calificó como “una conducta antidemocrática y anticonstitucional”.
“Un conjunto de legisladores que pertenece al FpV ratificó la legitimidad y la legalidad de las designaciones promovidas por Gils Carbó. Han sostenido los legisladores la necesidad de preservar la división de poderes y la independencia funcional de la Procuración”, agregó.
“Se pondrá en marcha luego la comisión bicameral para la ejecución del programa de reforma del Código Penal, que fue una ley sancionada por el Congreso de la Nación”, dijo.
Mala praxis
El secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, se sumó a los cuestionamientos contra el revés judicial y objetó la legitimidad de la Asociación de Magistrados para impugnar las designaciones de 16 fiscales subrogantes, por lo que afirmó que la nueva medida precautelar contra los nombramientos es un ejemplo de las malas prácticas en materia judicial.
Evaluó que el fallo que dictó el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, en el que ratificó la suspensión en la designación de fiscales a pedido de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, es “una aberración jurídica”.
Fernández deploró el nuevo freno a los nombramiento dispuestos por la procuradora general de la Nación, y se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio me puede explicar por qué la Asociación de Magistrados tiene legitimación para impugnar la implementación de una reforma al código de procedimiento?”.
Fernández consideró el fallo como “una nueva pieza de colección de mala praxis judicial”.
“Que discuta su representación estamentaria en el consejo vaya y pase, pero patente de corso para impugnar en abstracto una resolución general, es una aberración jurídica”, dijo Fernández sobre la Asociación de Magistrados. (DyN)
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