El fallo contra los subrogantes afecta a una fiscalía local

La oficina N°2 debía arrancar el 2 de febrero

16 Enero 2015
Todo sucedió tan rápido que pasaron inadvertidas la creación de la Fiscalía General N° 2 ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; la designación discrecional de Diego Velasco como fiscal subrogante a cargo de ese despacho y la suspensión judicial de aquel nombramiento. El oficialismo dio a luz el nuevo despacho el 4 de diciembre, al sancionar la polémica Ley del Código Procesal Penal de la Nación y sus anexos; la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó esa norma el 9 de diciembre y, al día siguiente, esta fue publicada. El 29 de ese mes, Alejandra Gils Carbó tomó juramento a Velasco como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) -cargo obtenido por concurso- y, a continuación, lo nombró fiscal general subrogante de la Fiscalía General N°2 a partir del 2 de febrero de 2015.

Al día siguiente y ya en esta ciudad, Velasco tomó posesión de su oficina en el TOF y, entre otras tareas, concedió licencia al nuevo fiscal federal N°2, Pablo Camuña, que también había prestado juramento el 29 de diciembre. El 31 de diciembre comenzaron el receso de verano en los Tribunales Federales y la actuación de Gustavo Gómez, titular de la Fiscalía General N°1, como fiscal de feria (a partir de hoy, dicha función será desempeñada por el secretario Gustavo Gimena). El 9 de enero, Enrique Lavié Pico, juez en lo contencioso administrativo federal, dictó la medida cautelar que suspendió las 16 designaciones de fiscales subrogantes que había firmado Gils Carbó y que corresponde al Anexo II de la Ley del Código Procesal Penal de la Nación. Entre ellas está la de Velasco en la Fiscalía General N°2 de Tucumán.

Ello quiere decir que el nuevo despacho tucumano no llegó a funcionar. Y que recién volverá a tener un titular provisional si el juicio que promovió Mauricio D’Alessandro, legislador bonaerense por el massismo, obtiene una sentencia favorable a la procuradora general y lideresa de Justicia Legítima, movimiento judicial afín al kirchnerismo. Pero es posible que hasta que ello suceda ya haya concluido el proceso de selección reglamentario, que Gils Carbó puso en marcha también el 29 de diciembre.

Ese concurso público de antecedentes y de oposición tiene modalidad múltiple (procura cubrir nueve vacantes en Fiscalías Generales), y tramita con el número 110. Según la información disponible en el portal oficial del Ministerio Público Fiscal-Procuración General de la Nación, las inscripciones de aspirantes comenzaron el 6 de enero pasado y cierran el 26 de marzo (el 13 de abril concluye el plazo para presentar la documentación). Sustanciado ese proceso, Gils Carbó ha de elevar una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la Nación, que a su vez elegirá un nombre y lo remitirá al Senado para que preste acuerdo. A continuación, el concursante designado jurará, en este caso, como fiscal general N°2.

Gómez en soledad

Mientras tanto, Gómez seguirá siendo el único fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones. Y Velasco actuará solamente en el ámbito del TOF. Este funcionario constitucional se desempeñaba antes como secretario de la Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de concursar y de ingresar al tercer puesto de la terna con lista complementaria correspondiente al TOF local, Velasco esperó 20 meses hasta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner escogió su nombre de la propuesta que encabezaba Carlos Caramuti, seguido de Anselmo G. P. Castelli. El pliego de Velasco ingresó al Senado de la Nación el mes pasado, junto con las designaciones respectivas del ex fiscal ad hoc Camuña y del defensor ad hoc Adolfo Bertini en los cargos de fiscal federal N°2 y de defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Tucumán.

El puesto de Velasco en el TOF de Tucumán estaban vacante desde 2010 por la renuncia con fines jubilatorios de Alfredo Francisco Miguel Terraf y era ocupado en forma interina por el secretario Leopoldo Peralta Palma. El concurso que organizó el Ministerio Público Fiscal de la Nación había comenzado a finales del mismo 2010, durante la gestión del ex procurador general Esteban Righi y fue concluido por su sucesora, Gils Carbó.

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