17 Marzo 2015
SALTA.- La fiscala que investiga al senador nacional Juan Carlos Romero por enriquecimiento ilícito, Mónica Poma, pidió su desafuero al Congreso de la Nación.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos efectuó la presentación ante el Juzgado de Garantías N° 4, Diego Rodríguez Pipino, quien deberá analizar si es justificado y si cumple con los requisitos de forma y, en caso de considerarlo correspondiente, deberá remitirlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación, que tendrá 60 días para dictaminar sobre la misma.
“La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión”, reza la ley nacional de fueros. Si un desafuero prospera en la Cámara, el legislador pierde el beneficio de su investidura y puede ser juzgado como cualquier persona común.
El argumento que motiva la solicitud es la no comparecencia del candidato a gobernador a las tres citaciones que la Fiscalía le trasladó para que concurra a declarar en la causa en cuestión.
Tanto Poma como Rodríguez Pipino fueron algunos de los actuales funcionarios cuestionados por los abogados de Romero en la ampliación de la recusación que presentaron contra la fiscala.
Romero intenta ser nuevamente gobernador de la provincia, pero pesan en él graves causas de corrupción como es el caso de La Ciénaga, en la que evadió innumerables veces declarar sobre la apropiación de 90 hectáreas del estado provincial que pasaron patrimonio de su familia.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos efectuó la presentación ante el Juzgado de Garantías N° 4, Diego Rodríguez Pipino, quien deberá analizar si es justificado y si cumple con los requisitos de forma y, en caso de considerarlo correspondiente, deberá remitirlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de la Nación, que tendrá 60 días para dictaminar sobre la misma.
“La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión”, reza la ley nacional de fueros. Si un desafuero prospera en la Cámara, el legislador pierde el beneficio de su investidura y puede ser juzgado como cualquier persona común.
El argumento que motiva la solicitud es la no comparecencia del candidato a gobernador a las tres citaciones que la Fiscalía le trasladó para que concurra a declarar en la causa en cuestión.
Tanto Poma como Rodríguez Pipino fueron algunos de los actuales funcionarios cuestionados por los abogados de Romero en la ampliación de la recusación que presentaron contra la fiscala.
Romero intenta ser nuevamente gobernador de la provincia, pero pesan en él graves causas de corrupción como es el caso de La Ciénaga, en la que evadió innumerables veces declarar sobre la apropiación de 90 hectáreas del estado provincial que pasaron patrimonio de su familia.
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