Por LA GACETA
22 Marzo 2015
No goza de la popularidad de sus hermanos 9 de Julio y Avellaneda, sin embargo, tiene lo suyo, mucho más con el flamante remozamiento de su acceso. Ese sector del parque Guillermina, sobre la calle Rufino Cossio, ha sido dotado de nuevas caminerías, de una pista de salud, de bancos y de juegos para chicos. Una de las preocupaciones de los vecinos es que haya seguridad e higiene, para evitar el vandalismo. Antes de la inauguración ya habían roto un juego, que tuvo que ser retirado para su reparación. “Debería haber placeros, como había antes, cuando nosotros éramos chicos. Es la única manera de cuidar”, afirmó una taxista, mientras que otros vecinos pidieron que la iluminación se extendiera a todo el paseo. “Acá está bien iluminado, pero unas cuadras más adentro, es un peligro”, dijo uno de ellos.
Las obras de remodelación habían continuado pese al pedido de la Comisión de Patrimonio de la Provincia que le había solicitado a la Municipalidad en octubre pasado que detuviera las obras hasta que los funcionarios dieran explicaciones sobre el proyecto. El parque está protegido por la Ley de Patrimonio y no puede ser modificado sin la autorización de la Comisión. Respecto de la inauguración de las obras, efectuada el jueves pasado, la titular de la Dirección de Patrimonio deploró que la Municipalidad no hubiese cumplido con el procedimiento correspondiente para intervenir ese espacio que integra el listado de bienes protegidos. “Es lamentable que el propio Estado, que debiera dar el ejemplo, no lo haga. Patrimonio pidió que se detuviera la obra, pero no cumplieron”, se quejó.
Las tierras que ocupa el parque pertenecieron, desde 1920, al industrial y filántropo Alfredo Guzmán, quien construyó allí una casa para descansar los fines de semana junto a su mujer, Guillermina Leston. En 1970, la Municipalidad adquirió el predio mediante expropiación y el Estado habilitó el paseo en diciembre de ese año. Los funcionarios sostuvieron en ese entonces que era una medida necesaria debido a que San Miguel de Tucumán se había urbanizado de manera desprolija y no disponía de terrenos para espacios verdes. Durante el Proceso Militar, el gobernador Antonio Bussi lo bautizó Parque Batalla de Tucumán. Sin embargo, la mayoría de los tucumanos se refirieron siempre al paseo por su nombre original. A mediados de los años 90, afortunadamente se le restituyó su nombre original.
Todo remozamiento de un paseo público es bienvenido, mucho más cuando es integral. Como bien señalan los vecinos, la iluminación en toda su extensión, así como la falta de vigilancia son algunos de sus puntos débiles. A menudo, aprovechando la ausencia de control los enduristas efectúan sus prácticas. El paseo tampoco cuenta con otras atracciones, como, por ejemplo, las convocantes confiterías del parque 9 de Julio, que podrían atraer a más personas y contribuir de ese modo a que haya un mayor movimiento que redunde en la seguridad.
Sería, por otro lado, positivo que en el futuro la Municipalidad consultara previamente con Patrimonio cuando fuese a intervenir un espacio protegido por la ley N° 7.535. De ese modo, no violaría la normativa y daría un ejemplo cívico a los ciudadanos. No es la primera vez que el gobierno municipal busca atajos para no saltear la norma. En 2013, decidió mutilar un fragmento del parque Avellaneda para abrir una calle, sin consulta previa. La controversia posterior con Patrimonio de nada sirvió porque ya se había consumado el hecho y no se podía volver atrás.
Estas acciones atentan contra la transparencia que deben tener en especial todos los actos de nuestros representantes. Sería deseable que en el futuro no se incurriera en la misma acción, porque si ellos no respetan la ley, poco o nada se les puede exigir a los ciudadanos.
Las obras de remodelación habían continuado pese al pedido de la Comisión de Patrimonio de la Provincia que le había solicitado a la Municipalidad en octubre pasado que detuviera las obras hasta que los funcionarios dieran explicaciones sobre el proyecto. El parque está protegido por la Ley de Patrimonio y no puede ser modificado sin la autorización de la Comisión. Respecto de la inauguración de las obras, efectuada el jueves pasado, la titular de la Dirección de Patrimonio deploró que la Municipalidad no hubiese cumplido con el procedimiento correspondiente para intervenir ese espacio que integra el listado de bienes protegidos. “Es lamentable que el propio Estado, que debiera dar el ejemplo, no lo haga. Patrimonio pidió que se detuviera la obra, pero no cumplieron”, se quejó.
Las tierras que ocupa el parque pertenecieron, desde 1920, al industrial y filántropo Alfredo Guzmán, quien construyó allí una casa para descansar los fines de semana junto a su mujer, Guillermina Leston. En 1970, la Municipalidad adquirió el predio mediante expropiación y el Estado habilitó el paseo en diciembre de ese año. Los funcionarios sostuvieron en ese entonces que era una medida necesaria debido a que San Miguel de Tucumán se había urbanizado de manera desprolija y no disponía de terrenos para espacios verdes. Durante el Proceso Militar, el gobernador Antonio Bussi lo bautizó Parque Batalla de Tucumán. Sin embargo, la mayoría de los tucumanos se refirieron siempre al paseo por su nombre original. A mediados de los años 90, afortunadamente se le restituyó su nombre original.
Todo remozamiento de un paseo público es bienvenido, mucho más cuando es integral. Como bien señalan los vecinos, la iluminación en toda su extensión, así como la falta de vigilancia son algunos de sus puntos débiles. A menudo, aprovechando la ausencia de control los enduristas efectúan sus prácticas. El paseo tampoco cuenta con otras atracciones, como, por ejemplo, las convocantes confiterías del parque 9 de Julio, que podrían atraer a más personas y contribuir de ese modo a que haya un mayor movimiento que redunde en la seguridad.
Sería, por otro lado, positivo que en el futuro la Municipalidad consultara previamente con Patrimonio cuando fuese a intervenir un espacio protegido por la ley N° 7.535. De ese modo, no violaría la normativa y daría un ejemplo cívico a los ciudadanos. No es la primera vez que el gobierno municipal busca atajos para no saltear la norma. En 2013, decidió mutilar un fragmento del parque Avellaneda para abrir una calle, sin consulta previa. La controversia posterior con Patrimonio de nada sirvió porque ya se había consumado el hecho y no se podía volver atrás.
Estas acciones atentan contra la transparencia que deben tener en especial todos los actos de nuestros representantes. Sería deseable que en el futuro no se incurriera en la misma acción, porque si ellos no respetan la ley, poco o nada se les puede exigir a los ciudadanos.
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