Felipe González espera que no le prohíban la entrada a Venezuela

El ex presidente del gobierno español Felipe González dijo que no pretende sustituir las instituciones de Venezuela ni desestabilizar al gobierno, al asumir la defensa legal de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. “No pretendo sustituir a ninguna institución”, advirtió a la emisora “Unión Radio”. El líder socialista consideró insuficientes las gestiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para superar la coyuntura política venezolana. El ex gobernante espera sumarse a la defensa de López y Ledezma, acusados de instigación de las protestas contra el gobierno y conspiración. González fue acusado por el presidente Nicolás Maduro de estar aliado con opositores que intentan derrocarlo, aunque no aclaró si le impedirán el ingreso al país en sus labores de defensor legal. “Un gobierno en el uso de su soberanía puede prohibirle la entrada a alguna persona, pero no lo espero. En España, han estado venezolanos y no se les ha prohibido la entrada”, señaló.

Cataluña ya tiene una hoja de ruta para declarar la independencia

Partidos y organizaciones independentistas catalanas acordaron una “hoja de ruta” para declarar la independencia de Cataluña en un plazo de 18 meses, en caso de obtener una mayoría en las elecciones regionales de carácter plebiscitario previstas para el 27 de septiembre. El acuerdo fue firmado por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) -una de las patas de la fuerza que lidera el presidente catalán, Artur Mas,- los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderados por Oriol Junqueras, la Asamblea Nacional Catalana y el Òmnium Cultural, además de otras organizaciones sociales. Mas tendrá por delante el problema de resolver cómo hará para afrontar los comicios con su propia formación, Convergencia i Unió (CiU), dividida frente a este acuerdo. Los que suscriben el acuerdo aseguran que las elecciones del 27 de septiembre tienen “carácter plebiscitario” y “servirán como mecanismo legal” para conocer la opinión del pueblo catalán sobre la independencia de la región, sustituyendo el referéndum impedido por el Gobierno central de España.