08 Abril 2015
ACUSADO. Martínez, juez federal entre 1974 y 1984, está sospechado por sus “acciones y omisiones” en la investigación de una masacre. FOTO INFOJUSNOTICIAS.GOV.AR
El juicio al ex juez federal Manlio Martínez, por delitos cometidos durante la dictadura, se reanudó esta semana. Hoy, el fiscal Diego Velasco pidió que se evalúe la salud del ex magistrado para valorar si debe seguir en arresto domiciliario.
Martínez, juez federal entre 1974 y 1984, está sospechado por sus “acciones y omisiones” durante la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros. El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano.
Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano.
Está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Además, está imputado por abuso de autoridad y violación de sus deberes, a lo que se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano.
Por ambos, a su vez, se lo sindica como miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
Martínez, juez federal entre 1974 y 1984, está sospechado por sus “acciones y omisiones” durante la investigación de la matanza de cinco militantes de Montoneros. El 20 de mayo de 1976 policías y militares ejecutaron a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen durante un allanamiento ilegal en una casa que pertenecía a Miguel Romano.
Las imputaciones al ex juez están divididas en tres grupos: las relacionadas con las cinco víctimas de la matanza -así calificó el hecho el TOF en el fallo “Romero Niklison” (la sentencia está firme)- y las derivadas de la posterior detención de Romano.
Está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, denegación y retardo de justicia y como partícipe de los homicidios. Además, está imputado por abuso de autoridad y violación de sus deberes, a lo que se suman el prevaricato y la privación ilegítima de la libertad por lo sucedido con Romano.
Por ambos, a su vez, se lo sindica como miembro de una asociación ilícita orientada a cometer masivamente delitos de lesa humanidad.
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